La Asociación Ecológica de Verificación (AEV) denunció que el gobierno capitalino otorgó en lo “oscurito” dos concesiones más, de las 55 que previamente ya había aprobado para que los nuevos verificentros entren en operación a partir del 2 de julio.
Gustavo Torres, presidente de la AEV, explicó en entrevista con La Silla Rota, que el 14 de marzo de 2017, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la convocatoria para operar los nuevos verificentros que deberían de tener, entre otras especificaciones, las pruebas físico mecánicas y la medición del número de partículas ultrafinas.
El 12 de mayo del año pasado, la Sedema anunció a los ganadores a través de su página de internet, fueron 55. Sin embargo, acusó Torres, desde el inicio este proceso careció de transparencia, ya que la dependencia capitalina no notificó a quiénes se les otorgó la concesión, el domicilio de los verificentros ni el número de líneas con las que funcionarán.
Debido a la resistencia por parte de la Sedema en hacer público el proceso y ante la difusión del rumor de que el gobierno había aprobado más concesiones que las establecidas en la convocatoria, la Asociación Ecológica solicitó vía transparencia los datos.
Recibieron dos respuestas, en una, la Sedema decía que los domicilios de los nuevos verificentros era información reservada, y en otro oficio entregaron el nombre de la razón social de las empresas a las que les fueron otorgadas las concesiones. En esa parte viene una lista de 57 centros, de los cuales, cinco están señalados en incisos.
“Nos enteramos que hace poco autorizaron a cuatro verificentros más sin una convocatoria. ¿Cuál fue el procedimiento para autorizar a esos centros. En lo oscurito lo hicieron. Para que la gente no se diera cuenta que hay más verificentros, le pusieron incisos con números romanos, por ejemplo 55-II, 55-III”.
En una revisión a esa lista de los verificentros autorizados, La Silla Rota detectó que en efecto están numerados de forma arábiga hasta el 54 y después hay incisos, pero hay un salto del número 40 al 43. Ahí faltan dos, por lo que en total suman 57, de los cuales 55 estaban avalados por la convocatoria.
Antes de la publicación de la convocatoria operaban 73 verificentros, que tenían 22 años en funcionamiento y que a decir de Gustavo Torres tenían todos los documentos en regla. No obstante, el gobierno aprobó a 55 concesionarios, que en su mayoría no tenían experiencia en la verificación. Además todo el proceso, dijo, está plagado de irregularidades.
Comentó que no se explican cuáles fueron los criterios para otorgar las nuevas concesiones, ya que los que estaban en funcionamiento contaban con los requisitos y actualizaciones que la autoridad solicitaba en la convocatoria.
“Nosotros siempre hemos estado en la mejor disposición de actualizar nuestra tecnología. De la noche a la mañana nos quitan, con una serie de irregularidades, de la convocatoria”.
Una de las inconsistencias es que 25 de los verificentros aprobados están concentrados en cinco empresas. Tres ya estaban en el esquema anterior y no pertenecen a ningún corporativo y los demás son completamente nuevos.
“Hay una opacidad tremenda. No han dado a conocer los domicilios ni el número de líneas con las que van a operar. A estas alturas que faltando tres semanas para que inicie el programa, la gente no sabe dónde están ubicados los verificentros”.
Otra de las irregularidades es que después de que declararon a los ganadores, la Sedema autorizó 14 cambios de domicilios de los nuevos verificentros.
“Si ganaron la convocatoria es porque presentaron una muy buena opción para instalar el verificentro, aunque no los dieron a conocer. Ahora resulta que cambiaron de domicilio un promedio de 14. Son anomalías que se han dado desde el inicio”.
Debido a estas anomalías, indicó que en la Asamblea Legislativa este miércoles la Diputación Permanente aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Sedema un informe en un plazo no mayor a 10 días hábiles respecto de los criterios que se siguieron para la entrega de las 55 autorizaciones para operar los Centros de Verificación Vehicular.
La ALDF solicitó también, se entregue un listado de los verificentros que operarán a partir del 2 de julio, así como su ubicación y las constancias de uso de suelo que, conforme con las bases de la convocatoria, debieron exhibir.
Además, requirió conocer las ventajas que los nuevos equipos de verificación traerán al medio ambiente, así como cualquier implicación que el nuevo programa de verificación tendrá para la ciudadanía.
El diputado de Morena, Felipe de la Cruz, quien presentó el punto de acuerdo, indicó que al parecer existen otras nuevas concesiones que se entregaron sin existir una nueva convocatoria.
En tanto, este jueves, el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva informó que a partir del 2 de julio se pondrá en marcha el nuevo Programa de Verificación Vehicular en la Ciudad de México, a través de los 55 centros.
Señaló que si algún verificentro no empieza a operar durante la fecha establecida, serán acreedores a sanciones, las cuáles pueden ir desde pecuniarias hasta la revocación.
“Con la puesta en marcha de los nuevos Centros de Verificación Vehicular, la Sedema atiende la normatividad vigente en materia de procedimientos de medición para la verificación de los límites de emisión de contaminantes”, puntualizó.
ams