XALAPA, VER. - La Fiscalía General del Estado ha desestimado las últimas 5 recomendaciones que le notificó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), algunas por violaciones graves perpetradas por elementos ministeriales.
La historia se ha repetido con recomendaciones que incluso provienen de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde también en esas esferas han quedado de manifiesto los abusos de los policías ministeriales.
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Para activistas como Anaís Palacios Pérez, ignorar estos expedientes puede abonar a la impunidad, pues prácticamente es un espaldarazo para que sus elementos cometan excesos sin ninguna consecuencia.
Pese a esto, violaciones y actos de tortura acreditados por la CEDH no son tomados en cuenta para iniciar las investigaciones correspondientes.
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CASO JULY RAQUEL
El primer caso que evidenció a altos niveles gubernamentales lo que ocurre en la Fiscalía de Veracruz al mando de Verónica Hernández Giadáns fue el de July Raquel.
En la recomendación 51 VG/2022 a inicios del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó que verdaderamente existieron graves violaciones a sus derechos humanos, incluso violencia feminicida.
La queja recogida por el personal de la institución y que se hizo pública a inicios del 2022, engloba entre otras cosas, la narración de July Raquel, ahora condenada a 60 años por el homicidio de Guadalupe “N”, exrectora de la Universidad Valladolid en esta capital, desde el momento de su detención y hasta cuando fue llevada a los separos de Pacho Viejo.
“… el comandante les dice a las otras personas que ya me iban hacer hablar por las malas, que mucha tranquilidad de mi parte, en esto me empezaron a jalar el cabello, a dar de cachetadas, a golpear con los puños en la cabeza, diciéndome que no me hiciera pendeja y que ya hablara.
“Me pusieron una bolsa negra de plástico en la cabeza, no podía respirar, me quitan las esposas y me vendan las manos, esto duró como dos horas avanzaban de a poquito y se detenían para repetir lo mismo, llegó un momento en que quede inconsciente; llegando a las oficinas de la Policía ministerial en el estado de Veracruz, me bajaron, iba yo muy lastimada y en la oficina del director creo que de la policía ministerial un médico me revisó pero no asentó las lesiones que presentaba”, se lee como parte de su narración.
La mujer fue víctima de violencia sexual y feminicida, pues recibía amenazas de muerte mientras sufría tocamientos en sus senos, zona vaginal y anal, lo que denota conductas ilegales permisibles a partir de una percepción misógina por su posición de mujer, pues usaron su cuerpo como un elemento más para infligir en ella actos sexuales.
La CNDH indicó que la violación de la que fue víctima, representa “una extrema violencia basada en su género, lo que a su vez se traduce en claras violaciones a su derecho a la no discriminación por razón de su género y a una vida libre de violencia perpetradas por las autoridades quienes tenían el deber reforzado de garantizar su integridad hasta en tanto fuera puesta a disposición de la autoridad competente”.
La recomendación fue minimizada por el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez y en su comparecencia más reciente, Verónica Hernández confirmó que se determinó un no ejercicio de la acción penal contra los elementos ministeriales acusados.
CASO JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN
En libertad desde mediados del año pasado, en marzo de 2022 se reveló otra recomendación proveniente de la CNDH y que la Fiscalía y el gobernador nuevamente rechazaron.
En ella se acreditó que el secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen, acusado de participar en el homicidio de Remigio “René” Tovar, excandidato a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, sufrió violaciones a sus derechos humanos por ser adulto mayor. Pero también que los elementos de la ministerial violentaron igualmente a su hija menor de edad y con autismo.
Además, se confirmó que la FGE nunca tuvo pruebas que indicaran ni siquiera de manera indiciaria la participación de colaborador de Ricardo Monreal en los hechos, sino que estas fueron fabricadas en su perjuicio.
La recomendación 59 /2022 expone que el 22 de diciembre de 2021 los elementos ministeriales participaron en la detención, actuaron con uso excesivo de la fuerza para aprehenderlo en su trayecto de Tuxtepec, Oaxaca, hacia Córdoba.
“En dos ocasiones, intentó desviarlos del camino, orillándolos a salirse de la carretera, hasta que lograron que V1 detuviera su vehículo, en la parte de atrás llegó el vehículo 2 que les cerró el paso. De dichas camionetas, descendieron ocho hombres, quienes apuntaron con armas largas al vehículo, donde se encontraba V2, menor de edad con diagnóstico del espectro autista; bruscamente, abrieron la puerta del conductor, pidiéndole que se identificara”.
Añade que la Policía Ministerial que ejecutó la orden de aprehensión, apuntó con las armas de fuego al vehículo, sin que las personas tripulante mostraran resistencia. Además, la CNDH acreditó también que la Fiscalía no acreditó ni de manera indiciaria la presunta participación de Del Río en el homicidio del excandidato de Movimiento Ciudadano en Cazones de Herrera.
Para el caso, tanto el gobernador como Verónica Hernández rechazaron la recomendación y además acusaron “acuerdos” de la CNDH y de los jueces de distrito que en su momento dieron amparos al servidor público, para beneficio de éste.
CASO ÓSCAR FELIPE
En el ámbito estatal, un total de seis recomendaciones emitidas durante el 2022 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos fueron rechazadas, principalmente, se acreditaron vulneraciones al derecho de acceso a la justicia, se corroboró también la falta de debida diligencia de la FGE lo que se tradujo en agravios a las víctimas directas e indirectas, como la 055/2022, la 090/2022 y la 093/2022.
Pero también se acreditaron serias violaciones a los derechos humanos, principalmente en dos recomendaciones que también fueron rechazadas.
La FGE determinó no aceptar la recomendación 091/2022, que acreditó que elementos ministeriales violaron con un palo de escoba a un detenido, a quien responsabilizaron por la muerte del chef Miguel Ángel Sulvarán Xolo, asesinado en octubre de 2021 en su habitación en un domicilio ubicado en la calle Insurgentes, en la colonia centro de esta capital.
La recomendación estableció que mientras era sodomizado, los elementos a cargo de Verónica Hernández Giadáns se burlaban de su condición mientras decían “le gusta que se lo metan”.
La CEDH acreditó también que el detenido sufrió otras torturas como choques eléctricos en los genitales minutos después de detenerlo en Banderilla. El trato cruel e inhumano escaló al grado de que el acusado tuvo que ser intervenido quirurgicamente de emergencia, al presentar desgarro anal y lesiones en pene y escroto.
Se acreditó que el hombre fue detenido junto a un acompañante el 1 de noviembre de 2021 cuando según la FGE, guardaban bolsas con hierba verde mientras los elementos ministeriales hacían actos de investigación en Banderilla, aunque lo anterior no fue verdad y en realidad lo detuvieron sin mostrar orden de aprehensión alguna.
Argumentando supuestos ultrajes a la autoridad, los detuvieron y en el caso de Óscar, libre desde el 14 de febrero al no acreditarse su participación en el hecho, lo llevaron a un lugar desconocido donde lo desnudaron, se pararon encima de él, le dieron toques eléctricos en el ano y los testículos y le introdujeron algo que percibió como un palo de escoba en el recto.
Aunque no se revelaron los motivos, la recomendación se encuentra en calidad de rechazada en el portal oficial de la CEDH.
BODEGA EN RÍO BLANCO
Otra recomendación que ha tenido impacto mediático es la 88VG/2023, en la que la CNDH encontró violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, legalidad y seguridad jurídica, por la detención arbitraria, retención ilegal e imputación indebida de 6 personas como parte de un operativo en una bodega de Río Blanco.
La recomendación fue emitida contra el Gobierno de Veracruz y la Fiscalía General, pues se denunció por parte de las víctimas que el 19 de junio de 2021, alrededor de las 10:50 horas, afuera del inmueble arribaron policías de la SSPV y elementos de FGEV, los cuales estaban encapuchados, vistiendo uniformes de tipo táctico y portando armas largas.
Aseguraron que de forma arbitraria y con violencia y amenazas ingresaron al inmueble, argumentando que se encontraba una persona privada de su libertad; posteriormente, sometieron a los empleados, tirándolos al piso y golpeándolos para ponerlos a disposición de la autoridad ministerial, sin ser informados sobre los delitos que se les imputan.
Las víctimas y el dueño de la bodega, José Antonio May González, aportaron una videograbación de las cámaras de vigilancia, en la que queda constancia que elementos los golpearon reiteradamente a los trabajadores para, posteriormente, durante la audiencia de vinculación a proceso, señalarlos del delito de ultrajes a la autoridad amenazándolos y obligándolos a confesar hechos delictivos que niegan haber cometido.
Cuestionado sobre recomendaciones, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez adelantó que no aceptará ese dictamen, así cómo otro relacionado con un hecho de tortura en 2013, puesto que éstos últimos abusos fueron cometidos en un operativo durante la administración de Javier Duarte.
“No tenemos nada que ver en el caso porque no había elementos de Seguridad Pública; recibir y analizar la recomendación sí, pero no vamos a aceptar algo que no es verdad”, dijo. Por parte de la Fiscalía, aún no es oficial si la recomendación 88VG/2023 también va a ser rechazada.
FOMENTAN IMPUNIDAD
Para Anaís Palacios, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos, no aceptar las recomendaciones por violaciones graves cometidos por la FGE, únicamente abona a la impunidad y denota un claro incumplimiento de un deber legal.
“Tiene que haber una responsabilidad que no es de voluntad política de quien en ese momento ocupa un cargo de titularidad o inclusive del personal operativo; tienen que protegerse los derechos y hay una obligación de abstenerse de violar estos derechos”, dijo.
Agregó que tan grave es violar derechos humanos, como lo es no reconocer las violaciones, de ahí que la violencia hacia las víctimas sigue imperando. La activista lamentó que las autoridades estatales justifiquen las violaciones y además envíen el mensaje de que estos hechos no se van a investigar.
“Pareciera que por un lado las víctimas hacen visible este tipo de violaciones y por otro lado la autoridad está aseverando que van a investigar las violaciones de derechos humanos, pero eso se olvida”, lamentó.
Por su parte, García Jiménez, advirtió que su gobierno no aceptará recomendaciones de organismos garantes de derechos humanos cuando se trate de hechos de anteriores administraciones, ya sea a nivel estatal o federal, en las que no se incluyen los nombres de quienes gobernaban.
El mandatario justificó que aceptar las recomendaciones sin mencionar estos datos sería “limpiar” las acciones que en su momento cometieron presidentes del país o gobernadores en Veracruz.
Cabe destacar que tan solo este año, la CEDH ya emitió 7 recomendaciones a la Fiscalía General del Estado; la primera de ellas ya fue rechazada por la autoridad, aunque actualmente no existe versión pública del caso.
mb