XALAPA, VER. - El empresario Fernando ganó un juicio millonario al Gobierno de Veracruz. Pudo comprobar ante un tribunal que realizó los servicios para los que su empresa fue contratada en el sexenio de Javier Duarte, pero han transcurrido 5 años desde la sentencia y siguen sin pagarle un centavo al constructor.
Actualmente su situación se complicó todavía más. En octubre de 2022 el Congreso de Veracruz, con mayoría de Morena, desapareció el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), órgano que ordenó a la actual administración estatal de Cuitláhuac García Jiménez pagarle a Fernando más de 20 millones de pesos.
Desde entonces, aunque el argumento del líder de la fracción de Morena en el Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, para extinguir dicho Tribunal era un supuesto rezago aproximado de 5 mil expedientes, la justicia administrativa está paralizada desde hace 35 días en la entidad y decenas de fallos permanecen incumplidos.
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El empresario expone que no es el único perjudicado de esta forma. La eliminación del TEJAV ha dejado en la incertidumbre a miles de veracruzanos, entre los que se encuentran constructores y prestadores de servicio quienes también han acreditado haber cumplido sus contratos, pero no han recibido el dinero correspondiente.
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Detalla que dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), entre otras, ya tenían apercibimientos del TEJAV por acatar sus sentencias tras concluir diversos juicios contenciosos, sin embargo, la extinción de ese tribunal los dejó en un limbo jurídico o en la incertidumbre.
“Con los años se han dictado sentencias a favor y aunque han sido recurridas por las autoridades demandadas, finalmente se han confirmado ante jueces y tribunales federales en segunda instancia desde los años 2018 y 2019. También el Gobierno ha tramitado amparos y éstos han sido desechados por improcedentes puesto que ya hay una sentencia”.
El empresario argumenta que a más de cuatro años que la llamada Cuarta Transformación se hizo del poder en Veracruz, el gobierno estatal en ningún momento ha buscado hacerse responsable de saldar los pasivos con la iniciativa privada que le fueron heredados por sus antecesores. Por el contrario, se han limitado a desacreditar a quienes exigen su dinero cuestionando su honradez y al propio TEJAV, que terminó siendo desaparecido.
“Los ordenamientos ahí están; son varias empresas que están en un limbo. Como no pagaron, el TEJAV ordenó a la Dirección de Presupuesto y a la Secretaría de Finanzas rendir informes de cumplimiento (de las sentencias), pero ninguna condena se cumplió. Se generaron multas y pusieron plazos improrrogables que fueron ignorados”, criticó.
Requiriendo el anonimato, argumentando estar en desventaja jurídica, Fernando añade que es difícil cuantificar cuántas empresas y prestadores de servicios son ignorados de esta forma por el gobierno estatal, lo que a su parecer violenta el Código de Procedimientos Administrativos del Estado, entre otras disposiciones.
Añade que los afectados no buscan litigar ante medios de comunicación, pues además son “satanizados” por el propio gobernador, Cuitláhuac García, al ligarlos con la corrupción de Javier Duarte y con un tribunal que ha generado suspicacias por su creación en el bienio anterior. Fernando sostiene que lo único que reclama es su dinero, pues el impago le generó deudas ante entidades bancarias que no ha podido saldar.
Y es que el desaparecido tribunal fue creado durante la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares junto con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción. Con el cambio de gobierno, el TEJAV ha sido señalado por distintos actores de favorecer a exfuncionarios de Duarte y tapar la corrupción panista, dando paso a su extinción para la creación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) a finales de 2022.
EMPRESAS EN QUIEBRA
Sobre la falta de impartición de justicia administrativa, Jesús Castañeda Nevárez, titular de la organización Empresas SOS, que aglutina a empresarios que han exigido pagos al gobierno durante casi 7 años, sostiene que al ser una de las cuestiones más sensibles para la iniciativa privada, la falta de pagos del Gobierno mantiene en la quiebra a distintos emprendimientos en la entidad.
“No podemos aguantar y eso es algo que también deberían de considerar en este caso el gobierno del estado y las áreas responsables de resolver este punto, porque ellos pueden tardar lo que sea, pero nosotros no, las empresas que dependemos en alguna forma de una resolución, pues seguramente detrás de esto también hay una crisis económica, laboral y de familias”, argumenta.
Cabe señalar que a partir de la extinción del TEJAV y el inicio de operaciones del TRIJAEV, el 29 de diciembre de 2022 la magistrada presidenta del nuevo órgano, Leticia Aguilar Jiménez, respaldada por el pleno, determinó suspender cualquier actividad jurisdiccional hasta el 31 de enero mientras ponían orden a los expedientes y se realizaba la entrega-recepción.
A un día de que venciera ese plazo, los nuevos magistrados avalaron una segunda prórroga ahora hasta el primero de marzo de este 2023, con el argumento de que era “materialmente imposible” echar a andar el TRIJAEV, filtrando que existen al menos 5 mil expedientes rezagados que recibieron por parte del TEJAV, de ahí que se complicó poner orden a dicho rezago.
A lo anterior se suma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza la legalidad del nuevo tribunal, pues mantiene en trámite la controversia constitucional 266/2022 promovida por el expresidente del TEJAV, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, quien argumenta que el Congreso violentó la autonomía de la institución al dar trámite a su extinción.
De esta forma, la suspensión de plazos procesales y la controversia ante el máximo tribunal del país mantienen en la incertidumbre a ciudadanos y empresarios, quienes tenían sentencias favorables a sus intereses cuando se implementaron los cambios referidos.
Castañeda Nevárez, quien junto a otros asociados ha resentido los 35 días sin justicia administrativa en Veracruz, lamentó que en lo general para su organización las pláticas con el gobierno estatal para concretar los pagos a las empresas se hayan estancado, señalando que desconoce cuántas habían obtenido sentencias favorables por parte del TEJAV y cuántas han logrado convenios de pago sin recurrir a juicios contenciosos.
Sin embargo, el líder de Empresas SOS recordó que, en los hechos públicos, solamente durante el primer año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez tuvieron un acercamiento con el mandatario donde abordaron la problemática de los pasivos que dejó Javier Duarte y se acordaron algunas formas de pago para un número reducido de beneficiarios con el argumento de que se crearía un padrón para verificar obras y pagos reclamados.
Finalmente sostuvo que hay un temor fundado de que al aproximarse el año electoral 2024, los pagos a los empresarios otra vez se hereden a la siguiente administración: “lo cual no sería justo”.
DEL TEJAV AL TRIJAEV
La creación del TRIJAEV fue impulsada por el líder de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, quien señaló que en los 5 años que funcionó el TEJAV tenía un rezago que excedía “cualquier parámetro admisible en la impartición de justicia”.
En su argumentación señaló que únicamente en el año 2018 de 729 demandas iniciales se emitieron 688 resoluciones, mientras que en segunda instancia de 304 asuntos, sólo se resolvieron 181 y en materia de responsabilidad administrativa se inició un procedimiento: “sin que se pronunciaran respecto de los 2 mil 975 asuntos del otrora Tribunal Contencioso Administrativo”, órgano previo al TEJAV.
El legislador de Morena añadió que para el 2020 se registró la recepción de 943 demandas y la resolución de 620, pero no se mencionó nada respecto del rezago, ni tampoco lo correspondiente al atraso propio.
Ya en el 2021, el líder de Morena mencionó que se recibieron mil 323 demandas iniciales, de las cuales, únicamente se resolvieron 712, lo que genera un pendiente aproximado de 4 mil 435 expedientes sin resolver.
Pese a estos argumentos, a 2 meses de la creación del nuevo TRIJAEV la justicia administrativa continúa completamente paralizada en la entidad ante la suspensión de plazos procesales acordada por el pleno.
Como se mencionó los juicios ahora están siendo aplazados para el mes de marzo del año en curso, sin que se pueda presentar documentación o exigir el cumplimiento de sentencias como las que favorecieron a empresas defraudadas por anteriores administraciones en Veracruz.
mb