XALAPA, VER. - Este lunes 9 de octubre, se hizo pública la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional una intervención del Congreso de Veracruz a la tesorería de San Andrés Tuxtla. Diputados con mayoría morenista acordaron en noviembre de 2022 vigilar el gasto de dicho ayuntamiento, gobernado por el mismo partido.
La auditoría hoy declarada inconstitucional, antes de evidenciar probables daños patrimoniales evidenció una disputa política entre militantes del partido en el poder asentados en esa región de Los Tuxtlas: por un lado, la alcaldesa María Elena Solano, quien se identifica con el grupo del secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, y en contraparte, los diputados Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Político (Jucopo) y Rafael Fararoni Magaña, presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz.
Y aunque la medida del Congreso se puso en marcha, y un auditor revisó el ingreso y gasto de los últimos 2 meses del 2022 y 9 meses de este 2023, el municipio fue observado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por el manejo de 53 millones de pesos del 2022, primer año de administración de María Elena Solano Calzada. El municipio gastó 532 millones de pesos, y el monto observado corresponde a 10 de cada 100 pesos gastados.
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La alcaldesa María Elena Solano evitó dar a conocer una postura oficial sobre las observaciones. Personal del municipio manifestó a La Silla Rota que ya se logró solventar gran parte del monto que se les notificó, hecho que aun no ha informado el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).
Mientras tanto, el presidente de la comisión de Vigilancia, Rafael Fararoni Magaña, lamentó que el municipio tenga un monto alto de observaciones, por lo que, a su consideración, la intervención de un auditor -aunque se concluyó de manera anticipada- tenía una razón de ser. El legislador pidió a su compañera de partido no politizar el resultado de las auditorías y justificar el presunto daño patrimonial.
Y es que el Orfis detectó que, en 15 de 28 obras que le fueron observadas por más de 36 millones de pesos, la dirección de obras pública no contaba con los permisos de la autoridad competente para ejecutar las acciones.
En el informe individual también reporta que en el periodo de solventación de las observaciones, el municipio no logró presentar documentación para justificar el presunto daño patrimonial, sumado a que no gasto al 100 por ciento los recursos ingresados.
El antecedente de la disputa entre morenistas
En octubre 2022 se hizo circular un audio que se le adjudicó al coordinador de la fracción de Morena en el Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, en el que se pedía a un tercero solicitar a la alcaldesa de San Andrés Tuxtla, María Elena Solano, cumplir con los acuerdos de asignación de la obra pública.
Dias después de la filtración, se presentó en el pleno del Congreso una propuesta de intervención a la Tesorería de San Andrés Tuxtla, en noviembre del 2022. El acuerdo se sustentaba en una denuncia ciudadana por la reparación de una obra observada en 2021, de la administración de Octavio Pérez Garay.
La mayoría de Morena respaldó la intervención hasta por 2 años, lo que se dijo era ilegal, pues ninguna revisión puede exceder el ejercicio fiscal -12 meses- lo que llevó a la alcaldesa a presentar una acción de inconstitucionalidad.
El 30 de agosto de 2023, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la Controversia Constitucional 248/2022 y determinó la invalidez de las acciones que había implementado el Congreso de Veracruz en el ayuntamiento de San Andrés Tuxtla.
En un boletín, la alcaldesa señaló que tanto el presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso de Veracruz, Rafael Fararoni, como el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, intentan formar un cacicazgo y actuaron de manera parcial al proponer la intervención de la Tesorería.
Desde el mes de septiembre de 2023, el secretario de Fiscalización del Congreso, Everardo Domínguez Landa, confirmó que había concluido de manera anticipada la revisión, en esa ocasión -dijo- se debía a una petición del área jurídica, sin embargo, se atribuye a la decisión de los ministros de la Corte que, desde el 30 de agosto, declararon la invalidez de que un interventor vigilara el manejo financiero del Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla.
Las observaciones millonarias
Pero la auditoría del Congreso local no pudo frenar las observaciones por 53 millones de pesos. Según el informe del Orfis, el municipio administrado por María Elena Solano Calzada ingresó 578 millones de pesos por concepto de impuestos, derechos, productos y las participaciones federales. 55 millones de pesos más de lo que se había presupuestado en la ley de ingresos y presupuesto de egresos que aprobó el Congreso de Veracruz en diciembre de 2021.
El Cabildo modificó el proyecto de presupuesto que fue aprobado por los diputados y gastaron un total de 532 millones 664 mil 42 pesos, lo que implica que no se erogaron 45 millones 346 mil pesos que ingresaron a la hacienda municipal en 2022.
En la revisión de sus gastos se observó que el municipio incrementó en un 71 por ciento el pagó de nómina. Se había proyectado el pago de 84 millones 509 mil pesos y devengó 144 millones 530 mil pesos, lo que implica un aumento de 60 millones más de lo presupuestado en servicios personales.
También se reportó un aumento en lo erogado en materiales y suministros de 19 millones 330 mil pesos a 35 millones 727 mil pesos; en servicios generales pasó de 26 millones 502 mil pesos a 66 millones 988 mil pesos, lo que implica un gasto de 40 millones 800 mil pesos más de lo programado en diciembre del 2021.
Caso contrario el informe reporta una reducción en lo destinado a obra pública. Se habían programado 372 millones 624 mil pesos y solo se devengaron 264 millones 829 mil pesos, según la auditoría del Orfis.
El manejo del presupuesto -superior a los 540 millones de pesos- generó un total de 59 observaciones y 39 recomendaciones. El mayor número de observaciones fueron a obra pública (34) y las recomendaciones en su mayoría fueron por el manejo financiero y presupuestal (14).
¿Qué le observaron a la morenista?
Después de las auditorías practicadas al gasto se detectó que el municipio pagó 232 mil pesos en un espectáculo musical con motivo de las fiestas patronales de San Andrés Tuxtla, sin embargo, no presentaron documentación que justificara la erogación, por lo que el monto se consideró presunto daño patrimonial.
La observación número: FM-141/2022/018 DAÑ detalla que de tres cuentas bancarias el municipio pagó publicidad para el municipio en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y diciembre por 500 mil pesos, pero no presentó documentación para justificar la contratación por el servicio.
Además, la Observación Número: FM-141/2022/021 DAÑ, reporta el pago de un millón 200 mil pesos para crear reglamentos para las diferentes áreas de la administración municipal, no obstante, no mostró evidencia de los mismo, por lo que fue considerado daño patrimonial.
El municipio se apoyó de la oficina de Hacienda del Estado para cobrar el impuesto predial, por lo que pagó un millón 650 mil pesos para obtener la licencia del software que ingresaría el gravamen, sin embargo, no presentó evidencia, contrato o la operación del sistema lo que se reportó en la Observación Número: FM-141/2022/022 DAÑ y se consideró como daño al erario.
En los estados financieros se reportaron una treintena de transferencias y la emisión de un par de cheques por un monto total de 4 millones 254 mil pesos que se usaron para comprar medicamento para los empleados, sin embargo, no se presentó el acuerdo de cabildo o el contrato colectivo que obligaba la entrega de fármacos al personal. El monto también se consideró daño patrimonial.
Desde la tesorería se hicieron transferencias y se emitieron cheques de una cuenta bancaria por más de 8 millones 765 mil pesos que fueron cancelados, pero el dinero no fue reintegrado a la cuenta del municipio, según la Observación Número: FM-141/2022/025 DAÑ.
Observaron 28 obras que se ejecutaron en 2022
Las observaciones a la obra pública incluyen un total de 28 acciones que se realizaron en el municipio por un monto de 36 millones de pesos. De esas en 15 no se presentó la documentación de las autoridades competente o los permisos no correspondían a las acciones que se realizaron.
Por ejemplo, la Observación Número: TM-141/2022/001 DAÑ de la ampliación de sistema de agua entubada, en la localidad Dos de Abril, se detectó que la validación de la obra que entregó la Comisión Estatal de Agua del Estado de Veracruz (Caev) no correspondía a los trabajos que se hicieron.
Las diferencias en diversas piezas hidráulicas, así como en la tubería principal de la línea de distribución, tomas domiciliarias y trabajos complementarios, respecto del presupuesto validado, podrían generar diferencias al cálculos del diámetro de la tubería, gasto, consumos, dotación, pérdidas, incluso, en la demanda del servicio. La obra costó un millón 470 mil pesos, después de que se modificó el contrato y se entregó con dos meses de retraso.
Respecto de la construcción de red agua entubada del sistema primario para las calles Juan Escutia, Juan de la Barrera, Montes de Oca, Narciso Mendoza, Flores Magón e Ignacio Zaragoza, colonia Belén Grande, en la localidad de San Andrés Tuxtla, el contrato de la obra era por 4 millones 626 mil pesos.
Cuando se hizo la revisión se había pagado apenas 2 millones 546 mil pesos, sin embargo, se detectó que los trabajos eran irregulares por que nuevamente el permiso de CAEV no correspondía a la dimensión de la obra. El daño de la observación TM-141/2022/002 DAÑ fue de 2 millones 313 mil.
La observación TM-141/2022/006 DAÑ TM-141/2022/006 DAÑ por la construcción de drenaje pluvial en la calle 18 de marzo, en la colonia 20 de noviembre, en la localidad de San Andrés Tuxtla, el municipio tiene pendiente de comprobar el gasto de 3 millones 160 mil.
Las dos del monto más alto son la TM-141/2022/009 DAÑ por 5 millones775 mil pesos que fueron observados en la construcción de pavimentación en la calle principal (4ta. Etapa), en la localidad de Ohuilapan; y la TM-141/2022/030 DAÑ se refiere a la ampliación del mercado municipal Plaza Juárez, por 5 millones 933 mil pesos.
La Observación Número: TM-141/2022/003 DAÑ por la ampliación de drenaje sanitario de la localidad Abrevadero reportó un presunto daño de 4 millones 611 mil pesos. La Observación Número: TM-141/2022/004 DAÑ por la construcción de drenaje sanitario en la colonia Brisas del Río, en la localidad de Calería, reporta un posible desfalco al erario por 2 millones 126 mil pesos.
Como esas observaciones hay otra decena más por diferentes montos en las que se observa que en el periodo de solventación, al corte del 1 de octubre del 2023, no se había logrado bajar el total de lo que se consideraba daño patrimonial.
Congreso pide a alcaldesa no politizar el tema
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Rafael Fararoni Magaña, planteó que la intervención que se hizo a la tesorería de San Andrés no implicaba tener el control del gasto, sin embargo, sí se percataron de las irregularidades administrativas que se confirmaron con las auditorías del Orfis.
El legislador recordó que cuando se planteó intervenir la tesorería, fue porque unas semanas antes se envió un auditor para hacer una revisión y no se le dio acceso a información, cuando ellos como legisladores tenían quejas de los ciudadanos que acusaron que las obras eran de mala calidad y que había irregularidades administrativas.
Fararoni Magaña planteó que la alcaldesa estaba consiente que el municipio sería revisado con lupa, pues hay 3 diputados del distrito de Los Tuxtla, sin embargo, ahora quiere politizar el tema, afirmando que él y su compañero Juan Javier Gómez Cazarín actuaron con dolo, cuando se debería enfocar en justificar cómo gastó el presupuesto del 2022.
“Yo no uso el tema político diciendo que hay desvíos o se lo robó la alcaldesa, pero es claro que hay fallas administrativas y que no pudieron documentar todos los gastos, ahí están las observaciones. En vez de echar culpas, diciendo que queremos ser caciques, debe comprobar que gastó bien el dinero”.
“El proceso es continuo, tú puedes solventar cuando puedas, no hay plazo. Lo que se está revisando ahora es una foto de un periodo de tiempo que se corta en octubre (…) una vez que se apruebe la cuenta o no, ellos podrán seguir solventando, pero ya sobre un daño patrimonial. Hasta el 1 de octubre no lograron solventar 53 millones, uno de los montos más altos de los Ayuntamientos”, refirió el legislador a este medio.
Según el informe de resultados de la Cuenta Pública del 2023, 195 municipios presentan irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un importe de mil 305 millones de pesos.
mb