La voz de Paula a través del teléfono se escucha relajada, a veces baja el volumen para que las personas no oigan que fue víctima de violencia digital y que, a dos años de su denuncia, su agresor sigue impune.
En agosto de 2019, la vida de Paula cambió por completo, una de sus amigas de la universidad le dijo que un chico, que en ese momento consideraba su amigo, tenía en su poder sus fotos íntimas y que las expuso a otras personas.
Paula no sabe el momento exacto en el que su agresor robó sus fotos, pero sospecha de dos ocasiones: cuando le prestó su laptop para que instalara un programa o aquella vez en que, sin querer, le llegó una liga a la que accedió y con la entró a todas sus redes sociales.
Paula forma parte de los 9 millones de mujeres mayores de 12 años que denunciaron haber sufrido violencia digital en el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Esta violencia se ejerce a través de medios digitales y desencadena actos de acoso, amenazas, vulneración de la información, mensajes agresivos, difusión de contenido sexual sin consentimiento y hostigamiento.
“Te sientes vulnerable, tenía vergüenza porque no sabía quiénes estaban viendo mis fotos y tenía mucho miedo de hablar y denunciar”, expresa la joven que hoy tiene 24 años.
El miedo y el qué dirán fue lo que la mantuvo casi un año sin interponer una denuncia. Hasta que, en noviembre de 2020, acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, orientada por el Instituto Municipal de la Mujer en el puerto de Veracruz (Inmuver).
Antes de dar este paso se informó de todo lo que conllevaba denunciar el delito, pues en otras ocasiones intentó hacer lo mismo en su escuela, donde ocurrieron los hechos, pero sus profesores, a su consideración, no sabían cómo actuar.
“Lo primero que busqué fue ayuda en mi universidad, iba a unidad de género y casi no había nadie que atendiera. Estuve con una psicóloga que no me sirvió de mucho. Sentí que le dieron muchas vueltas a este asunto”, dice.
Otro obstáculo, denunciar ante FGE
El proceso para denunciar ante la FGE fue desgastante y revictimizante para Paula, desde las primeras preguntas hasta la -casi obligación- de aportar pruebas para delatar a su agresor.
“El proceso ante la Fiscalía se empezó a tornar tardío, primero me piden pruebas contundentes. Yo tenía capturas de pantallas de conversaciones con mi agresor, pero me decían que no eran suficientes y que casi necesitaban el celular del culpable o de algún testigo”.
Todas estas dificultades provocaron que la salud mental de Paula se desgastara; además se enfrentó a la revictimización en redes sociales, pues su caso se difundió con su círculo cercano de amistades y había quienes la apoyaban y otros que la criticaron.
“Llegó un punto en el que preferí dejar el proceso porque me estaba costando mi salud mental”.
Después de varios meses de lucha, y sin resultados, decidió Paula abandonó el proceso en Fiscalía, pues su psicólogo la había diagnosticado con depresión y ansiedad crónica, al grado de pensar en el suicidio.
La vocera de la colectiva feminista Brujas del Mar, Arussi Unda, señala que las mujeres víctimas de este delito dejan el proceso debido a los obstáculos y el desinterés de las autoridades para resolver estos delitos.
“Para nosotras como colectivo ha sido complicado llevar un proceso de denuncia por este delito entre las instituciones. Las víctimas empiezan a desalentarse de seguir con el proceso porque es largo y tedioso”, agrega.
El Inmujeres reporta que 65 por ciento de las mujeres no denuncian la violencia digital y quienes intentaron denunciar no tuvieron respuesta alguna.
Fiscalías no están preparadas para atender violencia digital
En el estado de Veracruz el delito de violencia a la intimidad sexual o llamado también Ley Olimpia, está presente en el Código Penal desde el 2019.
Este delito sanciona con cuatro a ocho años de prisión y multa de mil hasta dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) a quien o quienes divulguen por cualquier medio, comparta, distribuya o publique imágenes, audios o videos de una persona desnuda parcial o totalmente de contenido íntimo o erótico sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.
Antes de que se aplicaran estas reformas existía la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia para el estado de Veracruz, donde se establecen los tipos y modalidades de violencia, explica Ana María Fonseca, asesora en temas de género y derechos humanos y atención de la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, esta no sancionaba el delito de violencia digital, aunque existían otros ordenamientos jurídicos, los que podían servir de fundamento para denunciar por violencia de género.
“Antes de este tipo penal específico sin duda era difícil denunciar porque no existía, sin embargo, como lo he señalado, al ser una violencia de género se podía denunciar por delitos como violencia psicológica, amenazas y argumentar con la Convención de Belém do Pará y la Ley de Acceso, solo que no había abogados o abogas con conocimientos sobre el tema ni con perspectiva de género”, agrega Ana María Fonseca.
Arussi Unda, indica que en Veracruz no hay ninguna persona procesada por este delito, a pesar de las denuncias que se realizan y de las reformas que se hicieron.
Esto pone en evidencia a las autoridades, pues no se encuentran preparadas para atender todas las denuncias por violencia digital, ya que no cuentan con el equipo ni los conocimientos necesarios para seguir las investigaciones.
“No hay una estructura que permita el poder hacer una investigación, por ejemplo, no hay capacidad en la policía cibernética para dar con los responsables de estos delitos”, señala Arussi Unda.
Este es el caso de Paula, quién prefirió dejar el proceso de denuncia para no dañar su salud mental.
mb