En estos días de recorrido por Veracruz, una frase se repite en cada comunidad, en cada reunión, en cada conversación sincera con la gente: “Licenciada, que la justicia no tarde tanto.”
No lo dicen con rencor, lo dicen con cansancio. Con la experiencia acumulada de quienes han esperado años una resolución. De quienes tienen expedientes abiertos y heridas que no cierran. De quienes creen que el sistema está hecho para los poderosos, porque el tiempo solo corre a favor de ellos.
Este reclamo —real, legítimo, urgente— es también uno de los motores que impulsaron la actual reforma judicial. Porque la justicia no puede seguir siendo lenta, indiferente o ajena. Porque una justicia que llega tarde ya no es justicia.
Te podría interesar
Como abogada y ahora como candidata a jueza de distrito, escucho todos los días el hartazgo de las personas por la lentitud en los procesos. Madres que esperan una pensión. Trabajadores que no han sido indemnizados. Víctimas que no pueden iniciar su vida porque el expediente sigue “en trámite”.
Y es cierto: la lentitud no es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial Federal. Intervienen muchas instituciones. Pero también es cierto que hay cosas que sí pueden cambiarse desde la justicia federal.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
Una de ellas es la forma en que se abordan los asuntos desde los juzgados. Con frecuencia, los expedientes se resuelven desde el formalismo, priorizando cuestiones procesales o requisitos técnicos, en lugar de atender de fondo lo que realmente importa: los derechos que están en juego.
En muchos casos, pareciera que lo primero que se busca es cómo declarar la improcedencia o el sobreseimiento. Se elige el camino más corto, el que evita entrar al fondo del problema, ya sea remitiendo a otra autoridad o desechando por una deficiencia formal. Pero eso no es justicia. Eso es administrar el conflicto, no resolverlo.
El juicio de amparo es, por excelencia, el medio para proteger derechos humanos. Por ello, debe ser tratado con ese estándar: resolver lo sustancial, no quedarse en la forma.
La garantía de una justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, no puede ser letra muerta. Porque lo que llega tarde, lo que se pospone una y otra vez por tecnicismos, deja de ser justicia.
Se entiende que existe una alta carga de trabajo en los juzgados. Pero esa realidad no puede convertirse en excusa para negar justicia constitucional. Al contrario, debe motivar a revisar prácticas, prioridades y enfoques para que el acceso a la justicia no sea un trámite frustrante, sino una realidad tangible.
Como jueza de distrito, me comprometo a preferir siempre entrar al fondo del asunto. A priorizar la resolución de fondo antes que los atajos procesales. Porque detrás de cada expediente, hay una persona que no puede seguir esperando.
Propongo una visión centrada en la persona, con acciones concretas que sí podemos implementar desde el Poder Judicial Federal:
1. Gestión eficiente de audiencias y resoluciones prioritarias.
Otorgar atención ágil a los casos que requieren medidas urgentes: niñez, mujeres en riesgo, personas detenidas sin sentencia, adultos mayores o personas con discapacidad. No todos los casos deben resolverse al mismo ritmo. Hay expedientes que no pueden esperar.
2. Evitar formalismos excesivos que retrasen las resoluciones.
Cumplir con el debido proceso no significa perderse en tecnicismos. La justicia puede y debe hablar claro. Los jueces tienen la obligación de resolver con sustancia, no con frialdad.
3. Seguimiento activo de casos sensibles.
No basta con registrar los asuntos. Es necesario dar seguimiento personalizado a los que involucran vulnerabilidad social o impacto urgente en la vida de las personas. La gestión judicial también implica sensibilidad.
4. Accesibilidad real a la información.
Las partes deben saber en qué va su caso, qué sigue y qué pueden esperar. Implementar prácticas simples pero efectivas, como calendarios visibles y lenguaje claro en las notificaciones, puede reducir la incertidumbre.
Una sentencia que tarda años en llegar, ya no repara nada. Una medida cautelar que no se otorga a tiempo, o que niega efectos restitutorios sin sustento, deja desprotegida a una persona. Un expediente que duerme en un archivo, es también una vida que se queda esperando.
La justicia debe atender sus tiempos con responsabilidad, pero también con humanidad.
Hoy, en Los Ojos de Temis, afirmo con claridad que la justicia no puede seguir funcionando al ritmo de la burocracia. Y desde el rol que aspiro a ocupar como jueza de distrito, sí hay acciones concretas que pueden mejorar esta realidad.
La justicia no debe esperar. Porque quien necesita justicia, ya ha esperado demasiado.