XALAPA, VER.- Las morenistas María Esther López Callejas y Virginia Roldán Ramírez, presidenta municipal de Actopan y regidora novena del ayuntamiento de Veracruz, así como Jaime López Montalvo, presidente municipal de Tlilapan emanado por Movimiento Ciudadano (MC), fueron inscritos al Registro Nacional de Personas Condenadas y Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en razón de género. Los tres estarán inscritos como violentadores de mujeres durante un año y cuatro meses.
Para el caso de la presidenta municipal y exdiputada morenista, la sentencia deriva del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (JDC) 564/2022, donde la víctima de identidad reservada argumenta que la presidenta obstaculiza su ejercicio del cargo como regidora, por su condición de “mujer y joven”.
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Al respecto, el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) encontró que efectivamente, tal como aparece en la página del INE, la presidenta municipal ha dado un trato diferenciado a la edil, al ser la única que no cuenta con auxiliar, derivado de que la alcaldesa la corrió.
“Lo anterior como acto intimidatorio y de venganza por haber demandado vía juicio ciudadano diversos actos que, a su decir, obstaculizan el ejercicio de su cargo; así como violencia política contra las mujeres en razón de género”, señala el expediente.
Para el caso de la regidora morenista Virginia Roldán Ramírez se le impuso además como sanción una disculpa privada al haber emitido “expresiones hacia la víctima que invadieron su derecho de identidad, su autonomía sobre el uso de su nombre y apellido de su cónyuge, con el fin de denostarla, haciéndola ver como mal ejemplo ante la ciudadanía y demeritar su posición en el Cabildo”.
De acuerdo con el Procedimiento Especial Sancionador (PES) 1/2023 que dio origen a la sentencia, el TEV acreditó que inicialmente, la regidora procedió ante el árbitro electoral contra la víctima, criticándola que haga uso del apellido de su cónyuge en lugar del suyo, lo que a su decir, refuerza estereotipos de género. Su queja fue desechada en primera y segunda instancia.
Después, la agraviada presentó su propia denuncia por todo lo vertido por la regidora morenista y obtuvo una resolución en la que se reconoció que sí fue víctima de violencia política y se obligó a las autoridades electorales a inscribir a la regidora en el registro de violentadores por un año y cuatro meses.
Para el caso del alcalde Jaime López Montalvo, se encontró que violentó a la síndica única del ayuntamiento, al ser la “única edil que no tiene asignado personal auxiliar a su cargo, generando un impacto desigual, que le afectó de manera desproporcionada, así como la suspensión del pago de remuneraciones”.
De hecho, antes de la sentencia del JDC-594/2022, públicamente la síndica y el regidor único, Jovita Cortés Guzmán y Luis Gustavo Tiburcio Aguas, señalaron que pedirían la intervención de la Legislatura al enfrentar un constante bloqueo de sus funciones.
fm