XALAPA, VER.- Mientras le manifestaba que la madre de sus hijos le había enseñado “a ser afectivo con las personas a las que les tenía confianza", Fernando Quirarte Vargas, funcionario de la Secretaría de gobierno de Veracruz, intentaba rozar sus genitales al cuerpo de una empleada de la misma dependencia.
Tras dichos señalamientos, el funcionario únicamente fue trasladado a otra área, pero los acosos siguieron. Una ocasión, Quirarte también intentó entrar ebrio a la habitación de hotel de una estudiante prestadora de servicio social que lo acompañó a una gira en la zona centro de la entidad.
Estos son hechos constatados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la recomendación 02/2022 dirigida a la Secretaría de Gobierno a cargo de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, a la Contraloría General del Estado y al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).
La CEDH encontró que todas las dependencias que tuvieron conocimiento de la situación desdeñaron por completo el caso de acoso sexual y laboral que sufrió una empleada justo cuando el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, hacía la presentación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual en la Administración Pública.
Cabe destacar que, tanto la contralora general, Mercedes Santoyo Domínguez como la encargada del IVM, María del Rocío Villafuerte Martínez, integran la Comisión del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal.
Los hechos fueron denunciados públicamente en noviembre de 2021 por la diputada Anilú Ingram Vallines, durante la comparecencia del Secretario Eric Cisneros, quien afirmó que este gobierno “ha sido sumamente responsable” en esos casos al referirse a Rogelio “N”, su antecesor en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, que fue denunciado por violencia de género contra su exesposa.
Ahora, la CEDH ha acreditado que tal diligencia del actual gobierno estatal no existió durante más de un año y ha condenado al funcionario a pedir disculpas a las víctimas de este tipo de violencia de género.
4T, “UN TORMENTO”
En su relato, la víctima de identidad resguardada señala que, durante más de 10 años que fue servidora pública del gobierno de Veracruz, adscrita a la Subdirección de Atención Ciudadana de la Dirección General de Gobernación, y nunca recibió sanción alguna o llamado de atención por comportamientos indebidos contra jefes o compañeros de trabajo.
Sin embargo, todo cambió a la llegada de la administración actual, solo un mes después de la toma de protesta de los funcionarios de la llamada Cuarta Transformación. La misma víctima califica esta etapa de su vida laboral como “un verdadero tormento” debido a los tratos que recibió de Quirarte Vargas, entonces Director General de Gobernación.
La mujer narra que desde enero de 2019 empezó a sufrir episodios de violencia de género, sexual y laboral, aunque los más serios tuvieron lugar en pleno mes de la mujer y en el marco de una supuesta lucha institucional contra la violencia hacia las mujeres.
“No es, sino hasta el mes de enero de 2019 que el Director General de Gobernación, solicitó que me asignaran como su ‘asistente’ pues ‘supuestamente’ la que tenía había salido de vacaciones y que a su regreso yo me regresaría a mi lugar de adscripción, situación que hasta el día de hoy no ha ocurrido.
“Es a partir de que el C. Director tomó la decisión de asignarme como su asistente y con su conducta ha empezado a ejercer sobre mi persona un terrible acoso sexual, laboral y de extorsión que pone en riesgo incluso mi vida y la de mi familia. Lo anterior en virtud de que el trato hacia mi persona desde hace más de un mes raya en lo déspota, misógino y grosero, ya que sus comentarios son denigrantes hacia cualquier servidor público; en especial hacía las mujeres, mostrando una actitud de acoso hacía aquellas que cumplen con sus ‘estándares de belleza’", relata en el referido documento de la CEDH.
Agrega que una de las primeras situaciones que se presentaron fue una amenaza a ella y otra compañera sobre si había alguna filtración de lo que ocurría al interior de la dirección, serían ellas las responsables, lo que envolvió a la víctima en una espiral de miedo y tensión sobre la posibilidad de perder su empleo.
Esta situación escaló y el 18 de enero la llamó a su teléfono personal para instruirle que se trasladara a la Subdirección de Legalización y que, estando ahí, buscara a una compañera para que ella le llamara y recibieran juntas nuevas instrucciones: “siendo mi sorpresa que la indicación fue que lleváramos los documentos de legalización para su firma a su domicilio particular”, lo que les prohibió rotundamente hacer público.
Para el 23 de enero nuevamente la llamó a su teléfono particular pero ahora fuera del horario laboral para indicarle que tenía que viajar a Córdoba y pedirle que lo acompañara. La víctima se negó y ante la imposibilidad de lograr su cometido, pidió a una joven de servicio social que lo acompañara.
“Me enteré después por la misma joven, que intentó entrar a su habitación en la madrugada en estado de ebriedad, por lo que ella estaba completamente asustada; sin embargo, por el temor no quiso denunciar nada”, agrega.
De esta vivencia en particular de la estudiante, también hubo una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la SEGOB, a la que tampoco se le dio seguimiento.
Para el caso, obra en el expediente de la CEDH que la joven prestó su servicio social de agosto de 2018 a febrero de 2019 y el 24 de enero de ese año, el Director la llamó en su oficina junto a otro compañero para avisarles que tenían que acompañarlo a su viaje a Córdoba y la función de la joven sería la de encargarse de los viáticos y su comprobación.
“Para ello el día 25 de enero de 2019, me empezó a enviar mensajes de WhatsApp, para que pasaran por mí, siendo en ese momento de que me percaté que no venía mi otro compañero del servicio social, toda vez que nos dijo que, si le echábamos ganas igual y habría una oportunidad laboral al terminar el servicio social, por lo que se me hizo raro que mi compañero no acudiera a la comisión”.
Al llegar a Córdoba, Fernando Quirarte instruyó a los otros colaboradores a hospedarse en un hotel distinto “y me dijo que yo me podría quedar con él, por lo que me sentí muy incómoda y molesta y le manifesté que en ese momento me regresaría, a lo que él me respondió que le hiciera como quisiera, que como yo quisiera estaba bien, sin embargo el encontrarme en una ciudad desconocida, no tuve más remedio que quedarme, ya que nunca pensé que la actitud, cobarde y prepotente, del director resultara así.
“Fue entonces que nos hospedamos en el Hotel Palacio que se encuentra en el centro de la ciudad de Córdoba, siendo ese mismo día como a las 21:00 acudimos a cenar al restaurante del propio hotel, junto con personal de la Dirección General de Patrimonio del Estado, quienes también se sumaron a la comisión y una servidora, y durante el desarrollo de la cena se la pasó con actitudes impropias hacia mi persona y sugiriéndome me tomara una cerveza para desestresarme ya que según él yo me veía estresada, siendo que me sentía muy incómoda por su actitud acosadora hacia mi persona, por lo que decidí levantarme de la mesa y subirme a mi habitación, posteriormente, siendo aproximadamente las 21:45 horas del mismo día, empecé a recibir llamadas y mensajes de WhatsApp, de este señor en evidente estado de ebriedad, en donde me solicitaba que me quería ver, y pasar a mi habitación”, narró la otra víctima.
Fernando Quirarte lo mismo pedía abrazos que compañía y hacia comentarios sobre el cuerpo o la vestimenta de las colaboradoras, sin que nada lo detuviera.
La empleada cuenta que estando en la oficina del director, este le pidió que le diera un abrazo, petición que se repetía una y otra vez sobre todo cuando ninguna otra persona estaba cerca. Para el 28 de febrero esos episodios se tornaron completamente inexcusables.
“Me pidió que lo abrazara, pero él intentó propasarse con ese abrazo haciéndolo de una forma grotesca y totalmente denigrante, intentando acomodar sus partes íntimas a las mías, a lo cual pedí una explicación de que por qué tenía que darle abrazos; que según él ‘la mamá de sus hijos’ le había enseñado a ser afectivo con las personas que, según él, ‘les tiene confianza’ por lo que al sentir mi rechazo e incomodidad, me preguntó ‘¿Qué si le tenía asco?’, a lo que respondí que le pedía por favor que no lo volviera hacer, le expliqué lo mal que me hace sentir, yo no tengo ese tipo de afectos ni con jefes ni con compañero alguno de trabajo, mostrando su enojo”, señala.
Tras ese suceso y tacharla de “tradicionalista y conservadora”, le dijo que pensaría sobre su adscripción a otra área, pero continuó acosándola.
DESDÉN A DENUNCIA
La mujer se enfrentó no solo a los acosos de su jefe, sino también al desdén de los superiores jerárquicos y otras autoridades que conocieron del caso. A principios de marzo denunció ante el Subsecretario de Gobierno del Estado de Veracruz lo que estaba ocurriendo, pero este solo se concretó a darle 3 días de descanso “en lo que decidía qué hacer con ella” y para que durante este periodo “se calmara”.
En ese lapso se atravesó el 8 de marzo y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentó el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal. Ella llegó hasta el mandatario y le hizo saber lo que ocurría en la oficina, pero no encontró mayor apoyo: “se concretó a manifestar que aplicaran el protocolo conmigo”, manifiesta.
A partir de ese momento, una colaboradora del mandatario logró que la víctima fuera comisionada por el resto del año a la Dirección General de Asuntos Religiosos, no sin antes pasar por otras direcciones y dependencias para supuestamente atender su tema.
Sin embargo, lo primero que ocurrió fue que la revictimizaron en la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, entonces a cargo de Mayra Ledesma Arronte, y aunque solicitó la reserva de sus datos personales, la propia autoridad pasó por alto esta petición.
A solicitud de la víctima, el 28 de marzo fue canalizada al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), para recibir atención psicológica y que se le expidiera un informe del diagnóstico de la atención recibida, mismo que le fue negado al señalarle que la psicóloga solo se concretó “a generarle confianza” para que expusiera su caso.
Otra irregularidad se presentó en la Contraloría Interna de la Secretaria de Gobierno, donde se le marcó copia a Eric Cisneros Burgos, donde nuevamente no se omitieron sus datos personales y se le expuso al escarnio público y exigiéndole que presentara pruebas de sus dichos.
Aunque la mujer presentó las pruebas y pidió medidas cautelares contra el agresor, le fueron negadas porque “no había sido violada”; posteriormente se apercibió al director General de Gobernación para abstenerse de cualquier contacto con la víctima en tanto se resolvía el caso.
Meses después, en septiembre de 2019, el titular del Órgano Interno de Control remitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa al director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública del Contraloría General del Estado calificando como una falta no grave a todo lo sufrido por la víctima.
La Contraloría General siguió revictimizando a la trabajadora; el 14 de noviembre del 2019, el director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, le notificó que el 28 de noviembre del 2019 a las 11:00 horas debía comparecer y ofrecer pruebas en una audiencia donde la pusieron frente a frente con su agresor por más de 6 horas.
En el caso de la estudiante, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) en Xalapa, entonces dirigido por Yadira Hidalgo González, le pidió que desistiera de sus quejas y señalamientos porque debían cerrar su caso a la brevedad; posteriormente, en 2020, la joven ingresó a trabajar al IVM, pero cuando le recordó a la encargada de despacho María del Rocío Villafuerte que había un procedimiento no resuelto en SEGOB, optaron por obligarla a renunciar.
CEDH CONDENA AGRESIÓN
Tras acreditar todos estos hechos, la CEDH condenó a la SEGOB y a la Contraloría a ofrecer una disculpa a las víctimas, aceptando la existencia de los hechos que violentaron sus derechos humanos y asumiendo su responsabilidad y compromiso para reparar los daños de manera integral.
Ambas deberán también compensar a las dos mujeres por las afectaciones provocadas en su integridad personal (física y psíquica) y por el daño moral directamente relacionado con la violencia sexual sufrida en el ámbito; en el caso de Gobernación deberán incluirse los gastos que sean puntualizados y/o comprobados por las víctimas como aquellos erogados para atender su salud física y psicológica, y la de su familia.
La Contraloría por su parte deberá compensar a ambas por el daño moral causado por la revictimización y violencia institucional acreditadas que derivaron de la demora, omisiones e irregularidades observadas por las distintas áreas que la conforman y resultaron involucradas en la investigación y substanciación de los procedimientos impulsados por las víctimas.
Igualmente, el ayuntamiento a cargo de Ricardo Ahued Bardahuil deberá realizar las acciones ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que las mujeres puedan recibir atención psicológica de parte del IMM; de no poder ser así, deben ser canalizadas a instituciones públicas o en su caso, de ser atención privada, deberán costear los gastos.
Otras determinaciones incluyen la capacitación de los servidores públicos que eventualmente tengan contacto con víctimas de hechos similares.
mb