XALAPA, VER.- A poco menos de un año para que se definan las candidaturas para la gubernatura de Veracruz en 2024, Manuel Velasco Coello, senador por el Partido Verde Ecologista de México, destapó a su compadre como corcholata en la entidad: Alberto Silva Ramos, quien conserva un historial en los gobiernos de los priista, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.
El actual partido aliado de Morena vio en Alberto “El Cisne” Ramos, exdiputado federal y exalcalde, que fue invitado por el exfiscal Jorge Winckler Ortiz a comparecer por el presunto desvió de recursos en el gobierno de Javier Duarte (2010-2016), el futuro para ganar la gubernatura de Veracruz en 2024, en el supuesto de ir solos a la contienda local.
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Antes del destape oficial en un video que fue publicado en redes sociales, al inicio del mes de mayo, se había afirmado que Alberto Silva Ramos podría coordinar la campaña de Manuel Velasco Coello, senador del Verde, quien a su vez se ha candidateado a la Presidencia de México.
“Alberto Silva ha realizado un gran trabajo dentro del partido Verde y en Veracruz; tiene más futuro que pasado”, dijo el Senador, sin recordar que el expriista fue relacionado con empresas fantasmas y desvío de recursos públicos en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), hoy preso por corrupción.
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A la fecha están vigentes las denuncias que presentó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ante la Fiscalía Anticorrupción que abrió las carpetas: C.I./FESP/399/2016-VII por el presunto desvió de 431 millones 431 mil pesos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2015 y la carpeta FGE/FIM/F9/C.I./17/2018 por un presunto daño de mil 895 millones 531 mil pesos de la Coordinación de Comunicación Social, pagados a empresas fantasmas en el año 2016.
Alberto Silva Ramos, persona cercana a Javier Duarte de Ochoa, preso en el Reclusorio Norte por delitos de corrupción, fue un priista que brincó de la función pública a la alcaldía del municipio de Tuxpan, ubicado en la zona norte del Estado.
Pidió licencia, meses antes de concluir el periodo para el que fue electo, para volver a la función pública, nuevamente en Comunicación Social. Renunció en 2015, previo a las elecciones de diputado federal, para ir a la a representación popular y así obtener fuero constitucional, lo que evitó que lo detuvieran en el gobierno de Miguel Ángel Yunes linares, cuando se le investigaba por el presunto desvío de 4 mil millones de pesos.
No solo brincó de cargos o puestos públicos, también, tras años de ser priista, se fue al Verde Ecologista, partido en el que ahora es secretario técnico del Comité de Elecciones del CEN y potencial candidato a la gubernatura.
En la época de Jorge Winckler Ortiz, fiscal general de Veracruz del 2016 al 2019, se le inició una carpeta de investigación FGE/FIM/CI/36/2017 por, presuntamente, desviar 4 mil millones de pesos desde la Coordinación de Comunicación Social, incluso, lo citó a comparecer. El exfiscal, hoy preso por el delito de secuestro y desaparición forzada, pidió a la Cámara Federal el desafuero de Alberto Silva Ramos, cuando era diputado federal (2015-2018), pero, el proceso se desechó por la mayoría.
La meteórica carrera política de El Cisne
Formado en el PRI, Alberto Silva Ramos inició en la política en el periodo de Fidel Herrera Beltrán, gobernador de Veracruz del 2004 al 2010, uno de los que impulsó el cambio generacional en la función pública.
Durante el fidelato, Silva Ramos fue Subsecretario de Infraestructura Regional de la extinta Secretaría de Comunicaciones, hoy Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP); y director general del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (Invedem), perteneciente a la Secretaría de Gobierno.
Del 2010 al 2013 fue electo presidente municipal de Tuxpan, municipio ubicado en el norte de Veracruz. Silva Ramos ganó por 20 mil 403 votos, de una participación de 43 mil electores que fueron a las urnas según datos del extinto Instituto Electoral Veracruzano (IEV), hoy Organismo Público Local Electoral (OPLE).
Aunque El Cisne fue electo por un periodo de tres años, el 8 de agosto del 2013, a cuatro meses de vencer su periodo constitucional, pidió licencia a la alcaldía y asumió la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social, ya en el gobierno de Javier Duarte. El cargo lo mantuvo por poco más de 6 meses, llegó a su relevo Jorge Carvallo Delfín.
Para el 20 de febrero del 2014 y hasta el 5 de enero del 2015, Silva Ramos asumió la primera etapa como Coordinador de Comunicación Social, espacio que dejó nuevamente para hacer campaña, ahora para la diputación federal por el distrito de Tuxpan, abanderado por el PRI.
Unos meses después, de abril a octubre del 2016, pidió licencia a la representación popular para regresar al gobierno de Javier Duarte, en su segundo periodo como titular de la Coordinación de Comunicación Social.
Tras la licencia de Javier Duarte de Ochoa, en octubre del 2016 ante las acusaciones de malversación de fondo y corrupción, Silva Ramos regresó al Congreso Federal para tener fuero y evitar ser perseguido y detenido en el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) o por la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Jorge Winckler.
Silva Ramos concluyó su periodo como legislador federal el 31 de agosto del 2018, y aunque la FGE estaba en posibilidad de girar órdenes de aprehensión en su contra, pues ya no tenía fuero, el tema se archivó y el expriista desapareció de la escena pública hasta el 21 de mayo del 2021, cuando regresó como militante del Verde, partido político que ya estaba en negociación con Morena para ir en alianza.
La coalición fue parcial, y fue el municipio de Tuxpan en el que tanto Morena como el Verde registraron a su propio candidato. Silva Ramos perdió contra el actual alcalde y exdiputado local, José Manuel Pozos Castro electo para el periodo 2022-2025.
Durante el Yunismo (2016-2018) fue citado a comparecer ante la fiscalía general para esclarecer el desvió de recursos en Comunicación Social; además, Jorge Winckler, hoy preso por secuestro y desaparición forzada, envió una solicitud de desafuero al Congreso Federal, el 16 de julio del 2017, quería que el representante popular perdiera el fuero y atendiera las denuncias en su contra.
La petición fue desechada solo tres meses después, el 17 de octubre del 2017, pues la Fiscalía no acreditó los elementos para revocar la representación popular de El Cisne. El fiscal también había pedido juicio político contra Antonio Tarek Abdalá Saad, quien fue tesorero en el periodo de Duarte de Ochoa del 2012 al 2015 y que en ese momento también era diputado federal.
Las denuncias archivadas que lo involucran en desvío de recursos
En mayo del 2016, último año de administración de Javier Duarte, medios de comunicación nacional revelaron una red de empresas fantasmas que facturaron millones de pesos de diferentes secretarías de despacho. Fue entonces que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) confirmó el hecho.
La denuncia causó revuelo internacional, a solo cinco meses de concluir el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Animal Político reveló una red de 21 empresas beneficiarias de 73 contratos por 645 millones de pesos, en donde estaban involucrados al menos 10 funcionarios, entre ellos Alberto Silva Ramos, del que fue el último gobierno priista en Veracruz.
Fue después de la confirmación del (SAT) -que informó que no habían encontrado los domicilios fiscales de las empresas que habían recibido dinero del erario estatal-, cuando en Veracruz, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y el Congreso de Veracruz hicieron un análisis exhaustivo de las Cuentas Públicas, que derivaron en denuncias por no aclarar el gasto de 31 mil millones de pesos que, presuntamente, fueron desviados en los años 2015 y 2016.
Las dos dependencias en las que estuvo Silva Ramos, Desarrollo Social y Comunicación Social, fueron observadas y se formularon denuncias penales por el pago de facturas por servicios brindados que no se lograron comprobar y por dar dinero a empresas fantasmas.
Del 08 de agosto del 2013 al 20 de febrero del 2014, Alberto Silva Ramos asumió la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). En la cuenta pública del año 2014 no se detectaron irregularidades, sin embargo, como parte del seguimiento -en 2015- se informó que 10 empresas, que habían logrado contratos con la dependencia estatal, no se había localizado su domicilio fiscal en los estados de Puebla, Querétaro, Hidalgo, y Estado de México, donde supuestamente estaban asentadas.
Fue el 10 de noviembre del 2016, cuando desde el Orfis se presentó la denuncia C.I./FESP/399/2016-VII contra quien resulte responsable por el desvío de 431 millones de pesos entregados en contratos a empresas fantasma o fachada. La querella se interpuso en la Fiscalía Anticorrupción.
Del 20 de febrero del 2014 y hasta el 5 de enero del 2015, y de abril a octubre del 2016, Silva Ramos estuvo al frente de la Coordinación de Comunicación Social. Según la Cuenta Pública del 2016, se pagaron mil 895 millones 531mil pesos a 10 empresas fantasmas por lo que se inició la carpeta de investigación FGE/FIM/F9/C.I./17/2018.
En ese caso, se señalaba a la Sefiplan como responsable del pago, sin embargo, se hacía referencia que el dinero se usó para campañas de difusión de acciones de gobierno, facturas que validó la Coordinación de Comunicación Social.
De manera adicional, en las observaciones del ORFIS se detectó un posible daño patrimonial de 2 mil 284 millones 812 mil pesos de facturas pagadas en 2016, a empresas que, si estaban constituidas, pero que no justificaron el gasto de campañas de difusión de las secretarías de despacho.
Silva Ramos fue citado a comparecer ante la Fiscalía por la carpeta de investigación FGE/FIM/CI/36/2017, que no guardaba relación con las querellas que había iniciado el Orfis. El entonces diputado federal compareció por escrito ante la FGE. Informó que él se limitó a conseguir las facturas para acreditar los gastos que se hicieron antes de tomar el control de la Coordinación de Comunicación Social, en su segundo periodo.
En su escrito, dijo que los responsables de gestionar y ejecutar esa entrega de dinero a las compañías fachada fueron su antecesora en la coordinación de Comunicación, Gina Domínguez, detenida el 21 de mayo del 2017; y el responsable de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas, que encabezaba Antonio Tarek Abdalá Saad, quien en ese momento era diputado federal por el distrito de Cosamaloapan.
SAT revela red de empresas fantasmas
En medio de la polémica por la asignación de contratos a empresas fachada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) enlistó a: Carrirey, Ravsan, Anzara, Mogarver, Mercacarrey, Marvercarr, Publicidad Akkira y Gman Business, como beneficiarias de contratos millonarios por el gobierno de Javier Duarte, entre otras.
mb