Veracruz (La Silla Rota).- A sus 13 años, Juan Antonio M.G., estudiaba y trabajaba para ayudar a su padre -de oficio pepenador- con los gastos del hogar. En sus ratos libres chapeaba terrenos o vendía cocos en el municipio de Agua Dulce. El 19 de enero de 2018 un comando lo “levantó”. Lo ató de pies en la cima de un monte. Y lo ejecutó.
Al igual que Juan Antonio, otros 72 menores -de entre cero y 17 años de edad- fueron asesinados durante los primeros 14 meses del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. 41 de ellos perdieron la vida por arma de fuego; 10 por arma blanca; y 22 murieron asfixiados, estrangulados o sus cuerpos fueron hallados en estado de descomposición.
Para el Gobierno de Veracruz, las ejecuciones contra niños y adolescentes se debe a que ellos se han involucrado con grupos delincuenciales y fueron presas de sus contrarios, o sus ejecuciones son “daños colaterales”, una frase empleada por el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa en la guerra declarada contra el narco y que ha sido refrendada por el también panista, Yunes Linares.
Los prófugos del gobierno de Yunes Linares
En contraste, el padre de Juan Antonio M.G, comentó al término de un humilde funeral que fue patrocinado por vecinos de la Colonia Díaz Ordaz, al sur de la entidad: “Me da mucha tristeza. Eso no se hace. Yo no sabia la vida que llevaba su amigo (otro menor que también fue ‘levantado’ y lesionado con disparos), pero mi hijo es un niño, un bebé”.
Casos como el anterior se han repetido de norte a sur en la entidad veracruzana. De acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de un total de 73 víctimas, 48 fueron del sexo masculino y 25 del sexo femenino.
El número elevado de muertes, también se debe a presuntos enfrentamientos entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y menores de edad. Al respecto Yunes Linares ha sostenido que cuando la vida de los policías esté en riesgo, estará justificado el uso de la Fuerza Letal “no importa quién sea que los está atacando”.
Uno de los asesinatos más recientes fue el de las hermanas Grecia “N” y Nefertiti “N”, de 14 y 16 años respectivamente. El pasado 10 de marzo, ellas y un tercer joven de 19 años, fueron acribillados tras un supuesto enfrentamiento con las fuerzas del orden.
Tras ese evento, circuló una fotografía en medios donde a Grecia “N” se le aprecia aún con vida junto a un policía y posteriormente, en el mismo sitio, ya aparece abatida en medio de un charco de sangre. La SSP fue criticada por la probable comisión de una ejecución extralegal.
El crimen no fue investigado con perspectiva de género, ni de infancia. El Fiscal General Jorge Winckler Ortiz se abocó a desacreditar las responsabilidades de los policías y destacó que las menores, según investigaciones en 10 días, pertenecían al Cartel de los Zetas y que sus tatuajes las relacionaba con Roberto Santos Cruz, alias el Bukanas, investigado por la venta ilegal de combustible en la zona centro de Veracruz.
Se criminaliza a las víctimas
Al respecto, José Luis Cerdán Díaz, sociólogo y catedrático de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la Universidad Veracruzana (UV) opinó: “Para efectos del discurso oficial, que sigue un guión de culpar a las víctimas (porque ‘se lo buscaron’ por andar en ‘malos pasos’) significa una evidencia de que el problema de inseguridad pública ha escalado, ha rebasado a la autoridad y, peor aún, está afectando a sectores de la población que significan el futuro”.
“Suponiendo sin conceder que los menores de edad asesinados hayan estado involucrados con alguna organización criminal, también es una evidencia de que las políticas públicas, relacionadas con la atención a esa parte de la población, el sistema educativo para empezar, no funcionan o son claramente insuficientes”, refirió en entrevista para La Silla Rota.
“Felipe Calderón llamó, en uno de sus discursos más lamentables, ‘víctimas colaterales’ a los asesinados en refriegas militares-criminales. Desde entonces, muchos gobernantes han usado el mismo argumento para justificar (si eso es posible) el uso excesivo de la fuerza contra la población civil -en este caso contra menores-. Lo hizo Duarte. Lo repite Yunes”, concluyó.