CONFLICTO DE INTERÉS

Valorsum, empresa con sello de corrupción en Hidalgo

El estado facilitó la instalación de una incineradora en Tizayuca cuyo accionista está ligado con el ex gobernador Francisco Olvera
Valorsum, empresa con sello de corrupción en HidalgoValorsum, empresa con sello de corrupción en Hidalgo. (Especial)

El gobierno de Hidalgo modificó los planes de ordenamiento territorial que restringían proyectos de  desarrollo industrial para favorecer la instalación de una   planta incineradora,  Valorsum, ligada a Ernesto del Blanco, quien fue presidente del Comité de Financiamiento de la campaña a la gubernatura de Francisco Olvera Ruiz en 2012.

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Aunque el trato preferencial inició en 2015, durante la administración del ex gobernador y actual delegado Especial del PRI para la Ciudad de México, también se extendió en el período de Omar Fayad Meneses, pese a que los pobladores se niegan a convivir los próximos 25 años con una industria que, consideran, amenaza su salud y el medio ambiente.

Otra de las empresas de Blanco, Operadora Merci, obtuvo 906 millones de pesos en contratos de obra pública durante el sexenio de Olvera. 

El terreno de mil metros cuadrados dispuesto para la planta cogeneradora de energía a través de incineración de basura se ubica en el número 84 de la carretera Tizayuca-Temascalapa en la comunidad de Tepojaco, localizada a 10 minutos de la cabecera municipal de Tizayuca.

En ese polígono la actividad industrial estaba prohibida por el Programa de Desarrollo Regional Valle Pachuca-Tizayuca, un instrumento legal que define la vocación económica de la tierra; la zona estaba reservada para actividades pecuarias, ganaderas o agrícolas.

Pero el 12 de octubre de 2015, el Cabildo de Tizayuca, encabezado por el ex alcalde priista Juan Núñez Perea, aprobó cambiar cuatro planos del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Territorial.

Dichas modificaciones redujeron 17 años el desarrollo del predio reservado hasta 2030-2040, al acortar el plazo a 2013-2018 se anuló la restricción de las actividades industriales previstas en el Programa Regional.

Lo anterior forma parte del expediente que integró la Delegación Federal de la Semarnat en Hidalgo para validar el Manifiesto de Impacto Ambiental en modalidad Particular (MIA-P) a favor de José Antonio Pérez Abuín, representante legal de Valorsum y que fue obtenido por La Silla Rota a través de la Plataforma Nacional de Información folio 0001600058117.

Aunque el Cabildo de Tizayuca está facultado para modificar sus planes de ordenamiento urbano y Pérez Abuín ingresó la solicitud un mes después de que regidores, síndico y alcalde aprobaron los cambios, el 26 de noviembre de 2015, un permiso para hacer descargas de aguas residuales en el drenaje expedido por la Comisión de Agua y Alcantarillado del municipio fechado el 25 de mayo de ese año prueba que el ayuntamiento conocía el proyecto antes de adecuar los instrumentos de ordenamiento territorial en favor de Valosum.

Durante el procedimiento para validar la MIA-P, la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional Sectorial concluyó "que el proyecto Planta de Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos y Generación de Energía Eléctrica NO ES CONGRUENTE con los ordenamientos vigentes en su conjunto", oficio DGPAIRS/413/030/2016.

Pero la Coordinación Jurídica del Gobierno de Hidalgo, entonces a cargo de Mario Souverbille González -quien al finalizar la administración de Olvera se autoadjudicó la patente de una notaría-; certificó los cambios hechos por el Cabildo para que coincidieran los programas de ordenamiento e invalidar la restricción.

Y el 14 de diciembre de 2015, el ex secretario de Medio Ambiente de Hidalgo, Honorato Rodríguez Murillo, firmó la autorización del proyecto en Tepojaco basado en las modificaciones certificadas desde la Coordinación Jurídica del Estado y en un vacío legal del Artículo 162 de la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo, que prohíbe la incineración de residuos "salvo casos excepcionales".

La comunidad en contra

Los habitantes de la región se agruparon en el Frente de Comunidades Unidas de Tizayuca para frenar el proyecto, pero las autoridades de los tres niveles de gobierno han respondido con indiferencia.

Leticia González Escalona junto a otros activistas y el abogado Juan Ramón Pérez Sainz documentaron las irregularidades en un expediente de 80 anexos, entre ellas, anomalías en la compra-venta del terreno, la reubicación de un pozo que presumen es "ilegal" y generación de contaminantes que afectan la salud humana.

El 21 de mayo de 2013, el ayuntamiento de Juan Núñez Perea adquirió 10 de 258 hectáreas al Complejo Agropecuario Industrial de Tizayuca (Caitsa) SA de CV donde también era accionista.

La compra se concretó a través del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tizayuca, después, el ayuntamiento fraccionó en 50 predios que fueron vendidos o donados para la instalación de 40 industrias, entre ellas Valorsum.

Juan Ramón Pérez Sainz, representante legal del Frente, indicó que Núñez Perea vendió los predios sin autorización de todos los miembros del consejo de administración de Caitsa, y éstos iniciaron un procedimiento judicial por el proceso de compra-venta.

Señaló que debería invalidarse el contrato de la asociación público-privado por 25 años entre el gobierno de Hidalgo y Valorsum debido a que el predio donde se instalará se encuentra en un proceso legal, expediente 1/2014, radicado en el juzgado Quinto de Distrito, Amparo y Juicios Federales en Querétaro, circuito 22.

Además, el pago de los terrenos que hizo el Instituto Municipal de Desarrollo no ingresó a cuentas de Caitsa sino de particulares, lo cual constituye un delito de evasión ante el Servicio de Administctración Tributario (SAT), dijo.

Por otra parte, la activista agregó que el proceso de quemado de desechos generaría dioxinas y furanos, sustancias altamente peligrosas para las personas, acuerdo al Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos Persistentes.

A lo que se suma la relocalización y perforación del pozo conocido como El Mogote, exclusivo para uso urbano, y el cual dotaría de 519 mil 500 litros diarios de agua potable a Valorsum, debido a que la disposición del líquido es indispensable para convertir calor en vapores para la de generación de electricidad.

Dicho pozo, acotó, se abastece del acuífero 1508 Cuautitlán-Pachuca vedado por sobreexplotación desde y desde 1954.


Podemos quedarnos sin agua antes de lo previsto afectando a 47 municipios de los cuales 34 son del estado de México y 13 de Hidalgo", refirió.

Además, la planta estaría situada a 500 metros de casas habitación y los pobladores se rehúsan a otro accidente como el de agroquímica Tridente, donde el 13 de septiembre de 2017 se propagó una nube tóxica ocasionando la hospitalización y fallecimiento de Román Monter, así como la intoxicación del resto de los pobladores.

En esa ocasión, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, reconoció la intoxicación del hombre de 56 años, pese a que los pobladores denunciaron más de 100 casos de irritación de ojos, garganta y mareos.

Dijeron que era una empresa amigable con el ambiente

Tres días antes del 12 de agosto de 2016, cuando el secretario de Medio Ambiente Rafael Pacchiano Alamán y Francisco Olvera colocaron la primera piedra de la planta; Ernesto del Blanco, Pérez Abuín y autoridades municipales convocaron a una asamblea comunitaria para presentar el proyecto. 

Escalona González narró que en esa reunión los habitantes de Tepojaco rechazaron la incineradora porque que presumen que la maquinaria tuvo vida útil hace 20 años en Chicago. "Es chatarra que la sobrevaluaron en dólares y la trajeron al estado empresarios amigos del gobernador".

Desde aquel día a la fecha, la población efectúa asambleas vecinales para la toma de decisiones, entre ellas una solicitud para que intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otra más para que las secretarías de la Contraloría estatal y municipal evalúen la actuación de los servidores públicos involucrados.

También han efectuado diversas movilizaciones, entre ellas la del primero de diciembre de 2016, donde participaron más de tres mil 3000 personas de localidades de Tizayuca, Tolcayuca, Villa deTezontepec, Zapotlán; así como Temascalapa, Tecámac, Zumpango, Santa María Ajoloapan y Huepoxtla del Estado de México.

Prácticas dilatorias de la nueva administración

El 30 de octubre de 2017, el gobernador Omar Fayad Meneses acudió a Tepojaco para la inauguración de una planta de carnes frías propiedad de Lala. Después del acto, una comisión del Frente solicitó que hiciera un pronunciamiento formal respecto a Valorsum.

Fayad aseguró que en dos semanas daría respuesta, pero eso no ha sucedido.


Omar Fayad Meneses sigue sin fijar públicamente una postura al respecto... su silencio deliberado dice más de lo que puede expresar con palabras. Está dando tiempo a los funcionarios públicos a que recompongan y subsanen la serie de irregularidades legales y administrativas... en vez de aplicar la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y se finquen las responsabilidades administrativas a los funcionarios que incurrieron en faltas graves a la ley, tratarán de bloquear la acción de la justicia", mencionó la activista.

Por el contrario, la administración de Omar Fayad autorizó la entrega de maquinaria con valor de 24 millones 888 mil pesos para una planta de separación de basura en Huichapan, que forma parte del proyecto de Valorsum, lo cual fue publicado el 10 de octubre de 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

La otra planta funciona en la localidad de Apepelco en Mineral de la Reforma, en un predio de dos hectáreas donado por el ex alcalde priista Filiberto Hernández Monzalvo, actualmente enfrenta un proceso judicial por delito de peculado.

El proyecto que inició con Núñez Perea tiene eco en la administración de su sucesor, el también priista Gabriel García Rojas, quien recibió estudios de impacto ambiental elaborados por la UNAM y de la Universidad Tecnológica de Nezahualcoyotl, el 26 de diciembre de 2016, pero de acuerdo a los activistas, los documentos no corresponden al terreno donde se construirá la planta.

Separar basura, generar electricidad y cobrar por todo

El 10 de febrero de 2015 se aprobó la asociación público-privada entre municipios de Hidalgo y Valorsum para un periodo de 25 años, un mes después que la empresa obtuvo carácter legal ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Federal del Distrito Federal folio 528755-1.

Para el 23 de marzo de 2016 se realizó otro contrato de asociación público-privado, pero a nivel estatal también por 25 años, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 4 de julio de ese año.

El documento señala el modelo de negocio, Valorsum cobraría a los municipios el tratamiento de basura y el suministro de energía eléctrica a generarse con esos mismos desechos, cuya factura será descontada de las participaciones federales.

La prórroga de la que nadie quiere hablar

El Manifiesto de Impacto Ambiental que expidió la Delegación Federal de la Semarnat en Hidalgo a favor de Valorsum venció el 28 de enero de 2018.

En el oficio 133.02.02.0350.2016/ fechado el 28 de junio de 2016, la Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental y Recursos Naturales de la dependencia federal autorizó por 18 meses la MIA-P con nueve condicionantes, entre ellas, plantar pasto y otras plantas en el complejo industrial.

A través del área de comunicación social, la dependencia federal cuyo titular es el ex líder el PRI de Hidalgo, Alberto Meléndez Apodaca, informó a La Silla Rota que Valorsum ingresó una solicitud para extender el plazo de la MIA-P antes de finalizar el 2017, pero fue remitida para análisis técnico a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) Delegación Hidalgo.

Tampoco hubo respuesta en la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) Delegación Hidalgo, debido a que esa dependencia estaba acéfala, luego que la ex secretaria general del PRI en Hidalgo, Emilse Miranda Munive abandonó el cargo para buscar por segunda ocasión una diputación federal bajo las siglas del partido tricolor en el distrito electoral federal IV, con bacera en Tulancingo. El pasado 12 de febrero Juan Ramón Gamboa Méndez asumió la delegación.

Y pese a que La Silla Rota solicitó una entrevista con el representante legal de Valrsum, José Antonio Pérez Abuín, hasta el momento no hay una respuesta de su parte.

Unidad de Investigaciones Especiales LSR

Dirección: Sandra Romandía

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