Respecto a lo acontecido en el Colegio Cervantes, en Torreón, Coahuila, donde un niño de 11 años de edad disparó contra su maestra y compañeros, para luego suicidarse, es necesario realizar un análisis de la situación sin criminalizar a niñas, niños y adolescentes, y reafirmando que la principal responsabilidad la tiene el Estado.
Un análisis que le deje la responsabilidad únicamente a la escuela, a la salud mental, a los familiares o a los vídeo juegos, no tiene en consideración que vivimos en sociedad, que niñas y niños han nacido en un contexto de violencia y que la principal responsabilidad de salvaguardar nuestra vida y de que las comunidades vivan en paz, es de las autoridades, sin dejar de lado los demás factores y sus responsabilidades.
Para empezar, es necesario recordarles que México se encuentra en una situación de violencia extrema, sobre todo padecida por aquellas personas que históricamente han sido vulneradas, niñas, niños, adolescentes, mujeres, entre otras. Resultado de estrategias que no han atendido las problemáticas de raíz y que no han hecho partícipes a quienes viven la violencia diariamente.
Está comprobado que en nuestro país existen ejércitos de niños y adolescentes que se unen a las filas del crimen organizado, desde edades muy tempranas y provenientes de los sectores más olvidados del país, por la falta de educación integral, necesidad de trabajos con prestaciones, tiempos y salarios dignos, comunidades libres de violencia, entre otras más.
Algo nos debe quedar claro, es tarea del Estado, es un problema incluso de nuestro sistema económico que no permite la crianza más cercana en las familias, un sistema que no nos permite atender la salud mental de manera adecuada, un contexto familiar de un niño, que en sí mismo genera preguntas, la muerte o posible asesinato de su madre, un padre, al parecer, vinculado al crimen organizado y una persona de la tercera edad responsable de él.
Debo recordar a aquellas personas que aún creen que el “Operativo Mochila” es una estrategia adecuada, que por sí misma viola los derechos a la educación, a la intimidad y a la participación, como así lo señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la recomendación 48/2019, emitida a la Secretaría de Educación Pública; además de criminalizar a las infancias y adolescencias. Esa no es la vía.
Por último, como ya lo ha planteado la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) es urgente que las autoridades construyan una estrategia nacional de prevención y protección integral para niñas, niños y adolescentes frente a la violencia armada. Así como la garantía del acceso a la justicia de las personas víctimas y la reparación del daño.
Lamentable suceso ha sacudido a nuestro país; analicemos y propongamos desde los derechos humanos, acciones para la urgente atención a la violencia en nuestro país, en beneficio de todas y todos, pero sobre todo de niñas, niños y adolescentes.