Hidalgo (La Silla Rota).- Por considerar que trasgrede la autonormación y el autogobierno que le otorga la Constitución, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) recurrirá a un amparo para abrogar una reforma aprobada por el Congreso local que faculta al Legislativo para designar al encargado del órgano de control que vigilará el manejo de recursos públicos, informó el rector Adolfo Pontigo Loyola.
Con la nueva reglamentación, argumentó el académico, “se posibilita a gente ajena a la universidad para que intervenga en las actividades sustantivas y adjetivas”, quien, además, comparó que lo validado por los legisladores “sería tanto como suponer que la autoridad hacendaria ordenara a cada uno de nosotros que un auditor se integrara a nuestra familia, en nuestra casa, para garantizar que pagáramos los impuestos.
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“Así de patético”, recriminó Pontigo, al tiempo que dijo no se opone a las políticas de fiscalización y transparencia en el manejo de los recursos, sino a lo que, insiste, es una intromisión a las actividades de la casa de estudios.
En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado del Presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa Castelán, y cuatro exrectores más, expuso que en 27 auditoría desde 2007 han subsanado no han sido sujetos a proceso al subsanar observaciones; sin embargo, no explicó en qué consistió cada una de ella y si correspondían a posibles daños a la hacienda pública que fueron justificados con reintegro de presupuesto a la Tesorería o comprobación del gasto.
El artículo 26 de la Constitución Política de la entidad establece que los organismos autónomos contarán con un órgano interno de control para vigilar la correcta administración y ejercicio de los recursos públicos, así como fomentar la rendición de cuentas...cuyo titular será nombrado por el Congreso del estado por las dos terceras partes de las y los diputados presentes”.
Con la reforma aprobada el 5 de octubre, respondió el Legislativo a través de un comunicado, la UAEH y cinco entes más mantienen su patrimonio y personalidad jurídica propia, independencia de sus decisiones, funcionamiento y administración, así como autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones.
“Los titulares de los órganos internos de control no serán autoridades con injerencia en la vida interna de los organismos autónomos, por lo que no intervendrán en el autogobierno de los mismos”, argumentó.