Es difícil precisar cuáles son los impactos reales de las decisiones del nuevo gobierno federal en materia de política social. Hay apologetas que admiran las virtudes de los programas de reparto directo de recursos, críticos que cuestionan el carácter personalizado y el que se desarme el orden institucional con los nuevos programas de reparto de efectivo, y apocalípticos que advierten la inviabilidad de sostener un ritmo de gasto improductivo sin que ello provoque presiones y deteriore las capacidades de financiamiento de otros requerimientos sociales.
Cuánto se reparte
Los datos existentes son confusos, provisionales, imperfectos. Se sabe de las dificultades que han retrasado por momentos la distribución de pensiones para adultos mayores, por problemas de homologación de padrones; de la lentitud en la entrada en operación de programas centrales en la nueva política social; de la modificación y desmantelamiento de programas que habían mostrado cierto impacto benéfico, con lo que se perjudica a un volumen importante de personas; de recortes presupuestales que han afectado seriamente la operación de sistemas básicos, como la desaparición del seguro popular o los problemas en la entrega de medicamentos en el sector salud.
Resulta así que en un mismo núcleo familiar puede encontrarse que un integrante ha sido beneficiado con su incorporación a un programa de reparto directo de recursos en efectivo, pero que se les ha descontado en la atención a su salud o sus demandas apremiantes y que el saldo puede ser difícil de conocer, aún para las propias familias. Al preguntarle a las personas, en una encuesta nacional en vivienda a mil ciudadanos mexicanos, realizada por GEA-ISA del 13 al 16 de junio, se descubría que de 33 por ciento que se declaraban beneficiarios de algún programa social del nuevo gobierno en marzo pasado, ahora la proporción alcanza 40 por ciento, pero que 37 por ciento de personas afirman haber sido perjudicados por la disminución o pérdida de beneficios producto de alguno de los apoyos otorgados por los anteriores gobiernos.
El saldo neto de un reparto mediante programas desordenados, voluntaristas, improvisados, daría apenas un beneficio neto sin perjuicio a tres por ciento de familias. Y lo que es peor: los datos pudieran sostener la hipótesis, la sospecha, de que el reparto está teniendo un carácter regresivo, toda vez que la mayoría de los perjudicados con recortes y supresiones se ubican en la escala socioeconómica más baja y hay una parte de quienes estando en la parte alta de la escala social se ven beneficiados con alguno de los programas de entrega indiscriminada de efectivo a las personas. Algo que suponemos no es lo pensado o deseado, pero que pudiera ser la consecuencia práctica de un diseño poco estructurado y menos reflexionado de entregas de dinero cuyo fin sería encontrar a los votantes potenciales del nuevo gobernante y darles un apoyo directo para que mantengan su respaldo incondicional. Esta puede ser entonces la secuela de una política social guiada por intereses personales o grupales, y no realmente para la mejora del bienestar colectivo.