“No nos hagamos, sus hijos ya están muertos”, dijo un comandante en tono áspero a Isabel Ayala. Las palabras que ella escuchó ese día la derribaron de inmediato, sintió un vacío en el estómago, ese muy profundo que se ha incrustado en otros tantos que buscan cada semana a sus familiares. Aun así el funcionario encargado de estos casos no cesó sus regaños: “Yo no voy a dar mi vida por la de sus hijos”, asegura Isabel que le dijo.
La señora Isabel se soltó a llorar hasta que el empleado de la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGEJ) reparó a modo de arrepentimiento: “Bueno, bueno, la esperanza muere al último”. Pero eso fue suficiente para que la ciudadana no volviera a poner un pie ahí. Igual que otras madres y padres se dedicó a indagar, sacar sus propias líneas de investigación y hacer el trabajo que le corresponde a la dependencia local.
Los meses han transcurrido desde que sus hijos Elieth de 28 años y Samael de 31 desaparecieron cuando se dirigían a bordo de un taxi. La última llamada que tuvo con ellos fue a las ocho de la noche del día 30 de octubre del año pasado. Después no supo nada. Dos semanas más tarde apareció abandonada la unidad en el municipio de El Salto, Jalisco, sin saber el paradero de ninguno, cuenta en entrevista con La Silla Rota.
El caso de Ayala se suma al de millares de tapatíos que en la estadística nacional ya ocupan el tercer lugar, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación (Segob). El aumento de los casos se vio durante el gobierno del priista, Aristóteles Sandoval, junto a dos fiscales (Luis Nájera y Eduardo Almaguer) y un comisionado de los Derechos Humanos (Álvarez Cibrian) que fracasaron, de acuerdo con expertos.
“El gobierno con ese tema avanza muy lentamente a paso de tortuga mientras tenemos una delincuencia verdaderamente organizada. Están perdiendo la batalla, una batalla que es muy dolorosa para la sociedad en general”, explica en entrevista el doctor de la Universidad de Guadalajara (UdG) Francisco Jiménez Reynoso, especialista en temas de seguridad.
Sobre esta problemática la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló en el punto 57 del documento que los esfuerzos del Estado mexicano “no han sido lo suficientemente articulados y consistentes para garantizar las condiciones estructurales que impidan la desaparición de personas, especialmente la comisión del delito de desaparición forzada, ni su adecuada sanción”.
En esa esfera general, los jaliscienses son de los ciudadanos más golpeados a nivel nacional por este crimen. Por esa razón hace unos meses se creó la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas junto al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jan Jarab, sin embargo, para Jiménez será un fracaso si no existe autonomía en el fiscal elegido para combatir esta oleada.
El fiscal de derechos humanos de la FGE, Dante Haro, dijo en entrevista con este medio que si bien hay una problemática que no sólo es del ámbito local, sino nacional, esta entidad es la primera en llevar a cabo “una fiscalía de este tipo”, la cual será puesta en funciones de manera formal en septiembre, mientras la próxima semana habrán acabado la capacitación, especialmente en materia de derechos humanos.
Omisiones de la autoridad
A la señora Claudia Amador la citaron en una sala de la Fiscalía en septiembre del 2016. Ella esperaba en esa primera reunión pistas sólidas que llevaran a su hija María Fernanda de 22 años, desaparecida en agosto del año pasado. A ese espacio lúgubre ingresó el titular, Eduardo Almaguer, y después el encargado de Derechos Humanos de la FGE, el doctor Dante Haro.
A Claudia le esperanzaba que de la boca del fiscal saliera un: “La encontramos”. En vez de eso, las tropelías comenzaron a brotar errores y omisiones. La desaparición la llevaron al área de homicidios, no se hizo un peritaje correcto en el hogar y aunque hay un presunto sospechoso acusado por las autoridades de tener relaciones con el narcotráfico, nunca se giró alguna orden de aprehensión. Según Amador, en toda la reunión Haro no dijo ni una palabra. Sólo miraba. Esta situación, cuenta, no sólo le sucede a ella sino a más familiares.
Sobre esa actitud laxa frente al fiscal general acusada por la entrevistada, Haro aclara que “no le queda el saco”, pues dice, ha sido un impulsor en atención a las víctimas, y de manera directa a las organizaciones. “Si hay alguien que ha dado la cara he sido yo (…) incluso a nivel de PGR los invito a que den los avances que se han tenido”.
María Fernanda es una joven de 22 años que después de una discusión con su ex pareja, Amadeo Gutiérrez conocido como El Zorro, ella desapareció. Desde ese día él no ha sido aprehendido por las autoridades tapatías, a pesar de que oficialmente se le vinculó presuntamente en actividades del narcotráfico. No hay avances sustanciales en investigación e incluso ensuciaron la escena de la cual fue vista por última vez.
En unas semanas cumplirá un año de estar ausente su hija. “No avanzan, ya van a ser 11 meses de la desaparición de Mafer. No han agarrado a ninguno (…) No dudo de la capacidad del equipo porque me consta que trabajan. De quien dudo es de las órdenes de arriba del fiscal (…) Todo mundo se queja exactamente de lo mismo”, comenta la señora Amador.
Lo mismo que familiares de víctimas, expertos en la materia consideran que las administraciones que han pasado por la Fiscalía han sido deficientes. El ex fiscal Luis Carlos Nájera por ejemplo fue denunciado en 2015 por la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) por dejar inconclusos 300 casos. Después siguió el actual titular, Eduardo Almaguer, quien de igual modo ha sido apuntado por cometer atropellos y omisiones.
En el caso particular de la resolución de este problema, el doctor Jiménez Reynoso explica que “Nájera fue un policía de carrera, un conocedor de la materia en seguridad, y que finalmente no pudo con el paquete; en el caso de Almaguer es un caso diferente, él no fue policía, no fue estudioso del derecho penal o de seguridad o de criminología (…) el caso del fiscal general en turno él llega porque lo respalda su partido político que es el gobierno del PRI, eso es suficiente hasta el momento para designar un fiscal general, contar con el respaldo de un gobernador”.
Sobre las críticas contra el fiscal general, el titular de derechos humanos en la FGEJ apunta que “se está haciendo el acompañamiento (del problema) con el Alto Comisionado de la ONU (…) Es la primera entidad con una fiscalía de este tipo, tenemos que cerrar ese rompecabezas, dar respuestas, a final de cuentas está ahí”.
Pero no es la única responsabilidad en torno a las negligencias del gobierno de Jalisco. Las quejas en contra de la FGE por casos de desapariciones quedaron totalmente mudas. La señora Claudia lo vivió en carne propia cuando acudió a la CEDHJ para interponer una queja. El intento fue en vano. “Una denuncia contra el fiscal no te la aceptaban. Si tú querías levantar, no se podía”, comenta la madre de María Fernanda. En dicha comisión estuvo al frente durante una década Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, acusado de no velar por los DH de la ciudadanía en delitos como los feminicidios, desapariciones y tortura.
“Lamentablemente la pasada administración de derechos humanos en el estado de Jalisco se concentró en el reparto de cuotas, descuidando las labores sustantivas como fue la cuestión de la protección de los derechos humanos de Jalisco y en particular el tema de los desaparecidos. Parecía que el ombudsman tenía temor de alzar la voz cuando veía que se cometían injusticias hacia la sociedad, tenía muchos compromisos políticos”, acusa el especialista en seguridad.
¿Qué pasó con la nueva Fiscalía?
A raíz del aumento de las desapariciones en Jalisco, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, anunció la formación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. “Será una estructura especializada en atención, investigación criminal y búsqueda, para que las familias tengan la certeza que se está buscando a su familiar”, dijo el mandatario presumiendo que es la “primera de su tipo”.
El fiscal Haro señala que a su llegada le tocó encontrar de la administración pasada un nulo “acompañamiento a las familias y sensibilidad”. También apunta que el 18 de agosto acabará la capacitación del personal de la Fiscalía Especializada y “estaremos prácticamente iniciando en la segunda semana de septiembre arrancando formalmente”:
La Segob ha registrado en territorio tapatío 2 mil 653 casos, por encima se encuentran el Estado de México con 3 mil 369 y Tamaulipas con 5 mil 682. La contabilización de la CNDH es distinta: señalan que se trata de 2 mil 523 frente a 2 mil 984 y 5 mil 563 casos respectivamente. En cualquiera de los casos conserva el tercer lugar.
En esta cifra se encuentra la Fabiola Guerrero de 22 años desaparecida desde el pasado 8 de febrero en Guadalajara. Es una joven que estudia Ciencias de la Comunicación y trabajaba en una televisora para pagar la universidad.
Su hermana Airlin vivió lo mismo que la señora Isabel para denunciar el hecho. En su caso lo hicieron desde el Protocolo Alba. Dice que el comandante la ofendió durante todo el proceso al grado que fue cesado de su cargo. Además, cuenta, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) le confirmaron en una ocasión que el cuerpo de su hermana había sido localizado. La prueba de ADN no coincidió. “En lo personal he recibido amenazas, fueron a mi domicilio y me amenazaron”, narra Airlin, quien igual que otros familiares realiza las indagatorias en torno al caso de su hermana.
El académico de la UdG opina al respecto que sólo esa Fiscalía va a funcionar “cuando se tenga un fiscal autónomo, independiente, con capacidad de maniobra, sin que esté sujeto su nombramiento a cuestiones políticas”. “Va a ser exactamente lo mismo porque va a estar dirigida por el fiscal y la cabeza será el fiscal”, arremete la señora Amador.
Este delito cada vez más creciente en la entidad ha derivado en movilizaciones, actos simbólicos y denuncias. Organizaciones como Por Amor a Ellxs han levantado la voz en torno a sus familiares desaparecidos, por ello en un par de semanas se oficiará una misa en Guadalajara “en nombre de los desaparecidos en Jalisco y México”.