Toluca, Edomex.- La mala planeación de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, el daño al equilibrio ecológico y la violación a los derechos agrarios de alrededor de 3 mil comuneros, bastó para que en el Valle de Toluca este sector diera su voto de castigo al PRI, señaló Santiago Pérez Alvarado, representante legal de comuneros de San Jerónimo Acazulco, municipio de Ocoyoacac.
Aseveró que se trata de una obra injusta e ilegal en términos sociales, económicos y de derechos humanos.
“Por mucho tiempo el gobierno del PRI atrajo votos 'cacareando' múltiples obras a las que llamó de megaproyectos o de gran impacto. Lo cierto es que para los campesinos de los cinco municipios del Valle de Toluca, que abarca el trazo de esta vía ferroviaria, representa más un agravio que un beneficio”, manifestó.
Refirió que existe una que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dirigida por Gerardo Ruiz Esparza, violó la suspensión que otorgó el Juzgado Primero de Distrito a los comuneros, desde la zona de El Pantano hasta la zona de la Maguillera.
Comentó que con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador esperan que el Plan Integral de Desarrollo para la región, que ellos plantean, sea tomado en cuenta.
“La solución al problema tiene que darse de forma conjunta: ayuntamiento, Estado y federación. Basta que sea la Federación la que impone proyectos faraónicos para favorecer a sus amigos, pero además obras que atentan con el medio ambiente sin consultar a los pueblos originarios”.
Confió en que con el próximo Gobierno de la República se construyan políticas públicas desde las bases de la sociedad, “ya no más imposiciones, con la construcción del tren se están violentando nuestros derechos agrarios, al agua y al medio ambiente”, dijo.
Agregó que el director general de transporte ferroviario y multimodal de la SCT, Guillermo Nevárez Elizondo, pretende concluir los juicios de amparo para justificar que los ejidatarios no tuvieron razón en promover la suspensión.
Pero: "la situación no queda sólo en el terreno legal, la cuestión de derechos humanos va más allá. Por eso, aunque el Tren Interurbano México-Toluca se anunció como una obra de gran envergadura, lo cierto es que representa un agravio y no le compramos al gobierno federal la idea por que hay severas afectaciones”, recalcó.
Santiago Pérez dijo que lucharán ante el nuevo gobierno, en quien depositan su confianza, para que proceda al pago justo de las tierras que fueron ocupadas de más y no han sido pagadas por el gobierno federal, así como la concreción del Plan Integral de Desarrollo.
Anunció que los ejidatarios interpondrán nuevas demandas de amparo para que se proceda al retiro de la Fuerza Pública en la zona de La Marquesa, pues “están de manera injusta para reprimirnos y evitar que sigamos defendiendo nuestras tierras”.
Señaló que los comuneros no han tomado medidas más severas porque prefirieron respetar el proceso electoral y la lucha no se politizara.
“Si el gobernador Alfredo del Mazo, por comodidad opta por no abordar el tema, pediremos la revocación de su mandato, porque para eso fue electo para representar a la población. Basta de que se siga escudando en decir que es un asunto del gobierno federal. El pasado 1 de julio demostramos que como pueblo sí podemos impulsar el cambio porque ya estamos hartos de los abusos del poder”, aseveró.
Puntualizó que los campesinos de los cinco municipios involucrados en el trazo de la vía ferroviaria, no han conformado un frente debido al proceso electoral; sin embargo, están en unión y solidaridad para exigir se concrete el Plan Integral de Desarrollo.
“Sabíamos que si ganaba Meade las cosas iban a seguir igual. Hoy tenemos la confianza de que sí habrá una solución a nuestras demandas”, acotó.
AJ