CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Brasil, Michel Temer, entregó hoy por medio de sus abogados la defensa jurídica a las acusaciones de corrupción de la fiscalía general.
Ésta es una de las fases previstas antes de que el Congreso vote en las próximas semanas si acepta a trámite la denuncia, lo que podría provocar la caída del mandatario.
“La infamante denuncia viene desprovista de pruebas”, asegura la defensa en el texto, que carga contra el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, y contra la prensa.
“La denuncia suscrita por el fiscal es selectiva”, señala el documento, que culpa a la prensa “irresponsable” por “abrazar ciegamente, y por razones desconocidas, una fantasiosa acusación”.
Presentada el 26 de junio por el fiscal general de Brasil a la corte suprema, la denuncia contra el jefe de Estado debe ser examinada en los próximos días por una comisión parlamentaria y, después, llegará a la crucial votación en el plenario de la Cámara Baja, probablemente a finales de julio o a inicios de agosto próximo.
Para que el presidente sea imputado, al menos dos tercios del plenario de la Cámara Baja -342 de 513 diputados- deben votar a favor, en una sesión que, como ya sucedió con la sesión de apertura del juicio político a Dilma Rousseff, tendrá en vilo a Brasil, un país que sufre una severa crisis política desde 2015.
En caso de que eso suceda, Temer sería apartado del poder por 180 días, lo que probablemente provocaría su renuncia, pero si la denuncia no recibe el apoyo de dos tercios de la Cámara, el mandatario seguirá en el poder.
En ese contexto, el presidente y sus aliados maniobran en el Legislativo para recabar apoyos, diputado a diputado, y sumar los votos necesarios para poder frenar la acusación en el ámbito político.
Ayer Temer mantuvo reuniones individuales con una veintena de parlamentarios, a los que intentó convencer de que, además de no existir pruebas para su imputación, su caída sería perjudicial para el país.
“Ésta no es una acusación contra un ciudadano común, es contra el presidente de la República”, dijo este miércoles su abogado, Antonio Claudio Mariz de Oliveira.
Sin embargo, el Ministerio Público opina que Temer –primer presidente a ser denunciado en ejercicio- debe perder el mandato, y prepara para las próximas semanas nuevas denuncias contra el jefe del Estado por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita.
El fiscal general acusa a Temer de participar en una trama para recibir sobornos del empresario brasileño Joesley Batista a cambio de favores políticos, una práctica que la Operación Lava Jato ha revelado endémica en Brasil.
Temer habría utilizado al diputado Rodrigo Rocha Loures –libre tras mes y medio en la cárcel de forma preventiva- para negociar un soborno a cambio de que el gobierno ayudara al grupo J&F, de Batista, en un contencioso con la estatal Petrobras sobre el precio del suministro de gas en uno de sus negocios.
Seguimientos y filmaciones de la policía federal –que colaboró con ejecutivos de J&F- mostraron cómo el 28 de abril Rocha recibió en metálico 500 mil reales (156 mil dólares) en Sao Paulo que, según la fiscalía, tenían como destinatario final Temer, aunque él lo niega.
La denuncia se sustenta, además, en una grabación de casi 40 minutos que Batista realizó de forma subrepticia durante una conversación con Temer en marzo en la residencia oficial del presidente, un encuentro nocturno que no fue registrado en la agenda oficial.
“La grabación es técnicamente dudosa. Es una prueba ilícita”, dijo su abogado, que aseguró que “no tiene ni un solo elemento que vincule al presidente” con cualquier crimen.
Con la cortesía de Notimex
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