Era el 23 de noviembre de 2004 en San Juan Ixtayopan, Tláhuac. Dos elementos de la Policía Federal Preventiva fueron golpeados y quemados por los habitantes de la comunidad y otro más estuvo a punto de perder la vida.
Para el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, se trató de un asunto vinculado a los “usos y costumbres de los pueblos indígenas”, con lo que pretendió minimizar el impacto mediático del hecho delictivo y encontrarle una explicación razonable, que no pasara por el reconocimiento de sus limitaciones como jefe del Ejecutivo local y primer responsable de la seguridad pública capitalina.
El hecho —simbolizado con el despido de Marcelo Ebrard Casaubón, a la sazón secretario de seguridad pública— también puso de manifiesto que las pugnas entre Vicente Fox y López Obrador pudieron más, que el necesario diálogo a efecto de entender el por qué se llegó al punto sin retorno que derivó en tragedia y evitar ediciones subsecuentes.
La historia se repite
Lo peor de todo es que el linchamiento televisado terminó por exhibir la vulnerabilidad del Estado de Derecho que entonces prevalecía en la Ciudad de México, lo mismo que en muchos puntos del resto del país, donde la delincuencia organizada había comenzado a rebasar la capacidad institucional para su contención.
Meses antes de aquel trágico 23 de noviembre, los medios de difusión dieron cuenta de hechos delictivos semejantes en las colonias Nueva Tenochtitlán y en Santa Rosa Xochiac, en el Distrito Federal; en Huautla, Oaxaca; en la Mezquitera, Jalisco y en Tepatlaxco, Estado de México.
De entonces a la fecha, pasamos por la reforma constitucional de derechos humanos del 10 de junio de 2011 y por la relativa al sistema penal acusatorio adversarial del 18 de junio de 2016; fuimos testigos del regreso del PRI al gobierno de la República, luego de haber perdido las elecciones federales de 2000 ante un desgastado Felipe Calderón, que inició la tristemente célebre “guerra contra el narcotráfico” sin mayor estrategia que el uso de la fuerza.
Y la historia vuelve a repetirse. Dos personas fueron linchadas en Puebla y otras dos, en el estado de Hidalgo. En el contexto, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto realiza su tour del adiós, con una espotiza digna de candidato en campaña al tiempo que va concediendo entrevistas en las que exhibe su total desapego de la realidad, su falsa creencia de que con ello recuperará algo de la dignidad perdida y su completa desfachatez ante el tiradero en que deja al país, particularmente en el ámbito de la justicia, la corrupción y la protección de los derechos humanos.
Quienes votamos por un cambio ante tanto desastre, nos topamos de pronto con un Congreso que se vuelca en loas al presidente electo. Muy mala señal en estos tiempos aciagos.
Llegaron sin comprender que el cambio alcanzado hasta ahora, expresado con la derrota de los tres partidos hegemónicos, se la deben a los gobernados, que son quienes realmente mandan en este país. Quienes llegan al Congreso olvidan que la forma es fondo, pero olvidan también que el artículo 39 constitucional señala que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”. Dicho de otro modo, es a los gobernados a quienes tienen que agradecer, no al presidente electo.
Un cambio verdadero
El Legislativo, como el Judicial, son los otros dos poderes que deben actuar como contrapesos del Ejecutivo. Sus loas vulgares no abonan al fortalecimiento de la democracia, ni al cambio. Por el contrario, exhiben, preocupantemente, su pobreza de miras.
Los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de difusión deben ahora asumir la responsabilidad que les toca como vigilantes del Poder. Exigir transparencia y rendición de cuentas, deben ser tareas de todos y cada uno de los ciudadanos de la República.
El Senado tiene ante sí un primer reto significativo y altamente simbólico: no concederle licencia a Manuel Velasco Coello, quien pretende —ya como senador— regresar a Chiapas a retomar su mandato. Si lo hacen, habrán violado lo establecido en el tercer párrafo de la fracción I del artículo 116 constitucional, que a la letra dice:
Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.
Si lo permiten, las loas a López Obrador serán la antesala de la reiterada violación a la legalidad que dominaría al sexenio que aún no comienza. La imagen de las hijas de Peña Nieto exhibiendo sus superficialidades deben significarnos el punto final de un sexenio corrupto que agoniza.