VILLAHERMOSA, Tab.- En Tabasco, en los últimos cuatro años creció la cifra de casos en los que los ciudadanos toman justicia por propia mano para “castigar” a presuntos malhechores con golpizas tumultuarias o hasta el asesinato.
Esto, con la justificación del hartazgo ante la incapacidad de policías y fiscales para detener a los delincuentes y procesarlos bajo la ley.
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De acuerdo con la directora de Estadística de Observatorio Ciudadano de Tabasco, Julia Arrivilliga, el jefe del área de Investigación del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Armando Dorantes; el catedrático y Doctor en Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, Francisco López Méndez, así como el directivo del Colegio de Abogados de Tabasco, Sergio Antonio Reyes Ramos, el fenómeno de los linchamientos se agudizó por la gran desconfianza ciudadana hacia las tareas de la Secretaria de Seguridad Pública del estado (SSPT) y de la Fiscalía General del estado (FGET).
Aseguran que los altos índices delictivos que se registran en Tabasco, es por la escasa eficacia de esas dos dependencias, dando como resultado que la población tenga que asumir funciones parapoliciales de vigilancia, detención, “castigo” y hasta “pena de muerte”.
De los años 2014 al 2017, solo de casos conocidos públicamente, suman 326 presuntos delincuentes detenidos y golpeados tumultuariamente por vecinos de la zona donde se cometió algún delito. A la fecha, por linchamiento se ha registrado la muerte de seis presuntos malhechores.
En este 2018, ya ocurrieron 25 casos de “ajusticiamiento” ciudadano, dos de ellos terminaron en homicidio, según contabilidad del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab).
La presidenta de esa ONG promotora de los derechos humanos, Leonor Ramírez, afirma que ese tipo de eventos se recrudecieron a partir del 2015 – tercer año del gobierno perredista de Arturo Núñez Jiménez -, y fue en el municipio de Centro, cuya cabecera es esta capital, donde ocurrió el mayor número de casos.
El penúltimo caso de este año, sucedió el domingo 29 de abril, que con la tecnología de las redes sociales casi era trasmitido en vivo, la detención, tortura, quema y muerte del presunto asaltante, Trinidad de la Cruz Hernández, cuyo cadáver quedó en la plaza pública de Villa Tamulté de las Sabanas, Centro.
En este caso, la policía había detenido primero al presunto asaltante, luego lo bajó de la patrulla, lo entregó a la turba de vecinos y sólo observó el linchamiento sin realizar el mínimo intento por defender y salvarle la vida.
Luego, cinco días después –viernes 4 de mayo- en el polo opuesto del estado, en la Ranchería Zapotal, Huimanguillo, fue ultimado a balazos José González Sánchez, quien esa madrugada asesinó a su hija menor de 13 años, en el momento que dormía, porque había defendido a su mamá cuando era golpeada por el esposo borracho.
Las policías preventivas, municipal y la Ministerial, había realizado la búsqueda del filicida prófugo, pero no lo localizaron. Más tarde tras ser avisados, lo ubicaron pero muerto.
En 2015 se registraron cerca de 40 casos similares y en el 2014, 26 presuntos malhechores fueron flagelados por la población.
En 2016, ocurrió mayor la cantidad, 100 casos de linchamientos a presuntos delincuentes, en promedio casi uno cada cuatro días. Tres de esos casos terminaron en el homicidio de los supuestos infractores, de acuerdo con estadísticas del Comité de Derechos Humanos de Tabasco.
Durante 2017 se conocieron de 60 linchamientos contra 81 supuestos delincuentes, donde tres de ellos resultaron asesinados.
El fenómeno social es una práctica cada vez más común en Tabasco, como forma de “castigo” por propia mano de la población, ante el hartazgo del bajo desempeño en las responsabilidades de la policía preventiva y la Fiscalía General del estado, coinciden en insistir organizaciones no gubernamentales y juristas.
También un estudio de la organización Impunidad Cero, publicado a finales del año pasado, destacó que la Fiscalía General de Tabasco resultó reprobada en su desempeño, resultados y percepción. Quedó entre las cinco peores fiscalías del país, con base en la ponderación de las variables de política criminal como la impunidad en homicidio y la sanción de los delitos de mayor impacto social.
De acuerdo a la investigación “Ranking de fiscalías y procuradurías estatales en México”, la de Tabasco obtuvo una de las más bajas calificaciones, 43.13 por ciento, solo por encima de los estados de México, Puebla, Michoacán y Guerrero.
El estudio detectó que en “efectividad” en la resolución de averiguaciones previas, en el rubro del ejercicio de la acción penal, la FGET tiene apenas 2.0 por ciento, y se ubica en el penúltimo lugar del país.
En el “no ejercicio de la acción penal” tiene 4.1 por ciento, por lo que en efectividad total llega a 6.1 por ciento, con lo que se ubica entre las cuatro últimas de México.
En porcentaje de casos en que se acude a jueces de control, es penúltimo con el 2 por ciento. En cumplimiento o ejecución de órdenes de aprehensión, la FGE es también penúltimo lugar del país, con el 33.1 por ciento. Y en probabilidad de esclarecimiento de los delitos, con el 0.51 por ciento, la FGE de Tabasco está entre los últimos diez estados en este renglón.
El catedrático de la Escuela de Leyes de la UJAT, Francisco López Méndez explica que el incremento del fenómeno de estos linchamientos, es proporcional a la falta de actuación e ineficacia de las autoridades preventivas y persecutoras del delito.
Igual grupos ciudadanos de Tabasco han asumido funciones parapoliciales para “combatir” la delincuencia, ante el fracaso de las autoridades para controlar la inseguridad, aseguran la directora de Estadística de Observatorio Ciudadano de Tabasco; el jefe del área de Investigación del Codehutab); el Doctor en Derecho de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, y el directivo del Colegio de Abogados Tabasqueños.
Reiteran que el fenómeno está vinculado directamente al hartazgo e indefensión ciudadana por el incumplimiento e incapacidad de las autoridades para brindar seguridad y aplicar la justicia a asaltantes, ladrones, violadores y secuestradores, principalmente.
En muchos casos, los vecinos organizados hasta colocan en la vía pública lonas con mensajes de advertencias a delincuentes de que serán linchados, cierran arterias públicas con rejas y plumas; se organizan en redes de mensajería de celular y toda forma de defensa vecinal por calle, manzana, colonia y rancherías.
El académico universitario subraya que “la ciudadanía perdió completamente la confianza en las autoridades” policiales y de la Fiscalía del estado, y optó por su autoprotección con vigilancia de sus calles y colonias, así como la detención de supuestos infractores para “darles un castigo” con los linchamientos.
El también autor del libro “Víctimas indirectas del delito” insiste que se padece una engorrosa burocracia al acudir ante las autoridades a interponer una querella, cuando es víctima de un delito.
La directora de Estadísticas de Observatorio Ciudadano, Julia Arrivilliga coincide que ante el estado de indefensión en que está la población, no le dejan otro recurso que organizarse para actuar por su propia cuenta contra los presuntos infractores y “castigarlos” por propia mano. Han cerrado calles para no permitir el paso a nadie, pero vulneran también el derecho al libre tránsito.
El directivo del Colegio de Abogados Tabasqueños, Sergio Antonio Reyes, citó que el linchamiento ocurrido en Tamulté de las Sábanas fue producto de la falta de políticas públicas para contener a la delincuencia y reflejo de la ingobernabilidad que hay el estado. Tampoco se aplicaron programas ni acciones para atender problemas similares registrados, y allí están los resultados fatales, dijo Reyes Ramos.
mvf