Hidalgo (La Silla Rota).- La defensa de Leonardo García Vázquez, quien fue denunciado por la propietaria de la constructora Sylma, Silvia Rico Moreno –hermana del exsubsecretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo Marco Antonio Rico–, anticipó que pedirá una investigación por el presunto conflicto de interés en el que habría incurrido esta familia para recibir del gobierno del estado licencias de construcción a favor de sus empresas.
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Tras declarar a un medio de comunicación local que se sentía defraudado por los daños que sufrió la vivienda que habitaba, en el fraccionamiento Esmeralda, en el municipio de Zempoala, misma que construyó Sylma, Leonardo fue denunciado por difamación, detenido en el Estado de México el 11 de enero por agentes ministeriales de Hidalgo y cuatro días después vinculado a proceso por la juez Sissi Anette Rodríguez Fernández.
Como indemnización por las pérdidas que atribuye a las notas sobre deficiencias en uno de sus desarrollos inmobiliarios, publicadas el 8 de noviembre y el 26 de diciembre de 2016 en el periódico El Independiente de Hidalgo, así como la difusión de fotografías obre los desperfectos de las casas por las lluvias del 28 de junio de 2015, la constructora exigió el pago de 65 millones 504 mil 852 pesos.
En conferencia de prensa, efectuada en las instalaciones de la Organización Nacional de Responsabilidades del Estado (ONRE), en la Ciudad de México, el abogado Jesús Alberto Guerrero Rojas adelantó que en la audiencia intermedia, que se llevará a cabo el 17 de mayo en los juzgados penales de Pachuca, solicitará a la juez que se indaguen todas las vertientes del caso, ya que en la denuncia de Leonardo se basó una investigación de Animal Político, la cual reveló que Sylma obtuvo 91 licencias de construcción mientras Marco Antonio Rico desempeñó el cargo de subsecretario, en la administración de Francisco Olvera Ruiz. Asimismo, Constructora Crimsa, de la que Marco Rico es accionista mayoritario, obtuvo 181 más.
Además, ambos son hermanos de Benjamín Rico Moreno, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el gobierno de Omar Fayad.
Siete miembros de esta familia son accionistas de nueve empresas más: Operadora Brilho, Concretos Doema, Construcciones Rihema, Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Rico, Inmobiliaria Edoma, Aero Servicios Ejecutivos RM, Promotora de Espacios Residenciales de Hidalgo, Operadora de Eventos Nikkia, Constructora Rial del Valle y Veviher, aunado a que otro hermano, Mario Rico Moreno, es subprocurador de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia local, instancia a la que el ciudadano denunciado debería recurrir si reclama violación al debido proceso.
En caso de que la resolución de los jueces no favorezca a García Vázquez, y éstos validen el requerimiento de Sylma por 65 millones, el litigante dijo que se generaría una deuda que su cliente debe cubrir, aunque mencionó que no tiene posibilidad de conseguir esa cantidad.
“Esa deuda no generaría privación de la libertad, pero me pregunto a ver de dónde se van a cobrar. Es ridículo”, consideró, debido a que, indicó, la cuantificación se realiza con base en las ganancias que la firma supuestamente dejó de recibir por la difusión de notas informativas, mas no en las posibilidades económicas del ciudadano.
El 30 de enero, La Silla Rota publicó que Constructora Sylma pasó de tener un capital de cien mil pesos en 2004 a conseguir ingresos superiores a los 346 millones en 2016, como desarrollador inmobiliario. Licencias de construcción de la firma fueron obtenidas durante la gestión de Mario Rico en la Secretaría de Obras Públicas.
La publicación se basa en la escritura pública 24 mil 347, que data del 26 de febrero de 2004 y fue pasada ante la fe del notario público 3 de Pachuca, Gerardo Martínez Martínez, la cual especifica que las cien acciones, cada una valuada en mil pesos, fueron distribuidas de la siguiente manera: 80 para Sylvia Jesús Rico Moreno y 20 para su hermana María de los Ángeles, así como en los reportes de ingresos 2016-2017 que incluyó la Firma Jurídica Diaz en la demanda contra Leonardo García.