Una de las propuestas de reforma legislativa que el futuro gobierno ha anunciado que auspiciará es "quitar trabas o candados para la aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana, que deberán tener carácter vinculatorio con el propósito de hacer valer la democracia participativa". ¿Qué podrá querer decir esto y qué podemos pensar de ello? Veamos primero cuáles son las reglas actualmente establecidas al respecto y cuáles podrían ser los cambios.

Las reglas actuales

Actualmente se encuentra establecido un mecanismo para llevar a cabo consultas populares sobre "temas de trascendencia nacional". Estas consultas pueden ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República o de un tercio de los integrantes de una de sus cámaras, previa aprobación de mayoría, o por dos por ciento o más de los electores, verificado por la autoridad competente, sin necesidad de aprobación legislativa. La redacción de las preguntas debe estar revisada por diversas autoridades para evitar que sean tendenciosas.

No puede ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos, la forma de constitución de la República, lo electoral, los ingresos y gastos públicos, la seguridad nacional y la organización y funcionamiento de las instituciones castrenses.

Las consultas deben ser el mismo día de las elecciones federales. Cuando la participación total en la consulta corresponda al menos al cuarenta por ciento de los electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.

Las reglas posibles

Una posible vertiente de relajamiento de estas reglas es modificar los requisitos para la convocatoria a consulta, con la finalidad de ampliar la "democracia participativa". Empero, ello conllevaría el riesgo de que se promuevan procedimientos para recabar opiniones cada vez que sea voluntad del gobernante, como medida de legitimación de sus políticas. A ello podría sumarse una eventual eliminación de las restricciones temáticas, lo que expondría la preservación de derechos humanos a la voluntad mayoritaria y amenazaría con eliminar principios constitucionales y normas electorales cuya derogación debilitaría las formas democráticas y los equilibrios entre poderes.

Determinar un mínimo de votantes en las consultas y su realización dentro de las sólidas mecánicas electorales probadas otorga garantías para que estos actos cuenten con la verosimilitud y el alcance que debieran ser demandados para la realización de procesos serios que puedan adquirir un carácter vinculatorio para los poderes federales.

Someter a consulta principios fundacionales del Estado o dar validez y fuerza vinculatoria a procesos que se realicen mediante mecanismos relajados y escasamente controlados llevaría a una pérdida de la transparencia en las propias consultas y podría dar píe, en última instancia, a algo que sería más un régimen autoritario que una democracia pretendidamente participativa.

Sobre la revocación del mandato

@ricartur59 | @OpinionLSR | @lasillarota



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