Aunque este miércoles debe operar en todo el país el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), falta el fiscal, los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y presupuestos para el Comité de Participación Ciudadana y su sede.
Además, la implementación de los 32 Sistemas Locales Anticorrupción con sus respectivos fiscales y magistrados registra un 75% de incumplimiento.
Al concluir ayer el plazo de un año que se estableció en las normas, el SNA debe iniciar su vigencia a partir de este 19 de julio. La mayoría de las instituciones que constituyen este sistema ya existían, aunque algunas de sus partes son nuevas, como la Fiscalía Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.
Como parte de las reformas que han hecho posible el SNA, este miércoles también entran en vigor, en todo el país, la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), que establece las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos y de particulares, así como las sanciones por sus actos u omisiones y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas.
Ambas leyes impulsarán al Sistema Nacional Anticorrupción y están orientadas no sólo al sector público sino, de forma muy importante, también a las personas físicas y morales del sector privado que contratan con el gobierno.
Sanciones
Con el nuevo SNA cualquier conducta contraria a la ley cometida por las empresas recibirá sanciones severas, entre ellas las económicas: por hasta el doble de los beneficios obtenidos por la corrupción y en caso de no obtenerlos, hasta mil 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (aproximadamente $112 millones de pesos / $5.6 millones de dólares).
Además, la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios u obras públicas hasta por 10 años; la suspensión de actividades hasta por 3 años, la disolución de la sociedad respectiva y la indemnización por daños y perjuicios.
El tropiezo más grave Ante la indefinición del Senado para nombrar al Fiscal Anticorrupción, el llamado Comité de Acompañamiento Ciudadano para la Designación del Fiscal Anticorrupción (CAC), compuesto de reconocidos personajes de la ciudadanía de nuestro país, decidieron renunciar. Los integrantes acusaron al Senado de retrasar injustificadamente el proceso de designación de un Fiscal Anticorrupción, a pesar de que cuentan con candidatos con “perfiles idóneos”. El tema del Fiscal lleva aplazado tres años, toda vez que esta figura tendría que haber sido nombrado en 2014, pero los legisladores no se han puesto de acuerdo. El Comité Ciudadano de Acompañamiento daría la credibilidad que necesita el proceso, para garantizar que los operadores del Sistema Anticorrupción sean gente que responda al interés ciudadano y de la sociedad, que precisa el combate efectivo contra la corrupción, y no de los partidos. El cáncer
La corrupción no es nada nuevo en México. Encuesta tras encuesta revela que las “mordidas” y la impunidad forman parte de la vida diaria en todo el país. Se estima que cada día se cometen 27 mil actos de corrupción en trámites gubernamentales. Es decir, alguien es corrupto en nuestro país cada 3.4 segundos.
En su Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, el INEGI confirma que en un total de 9.9 millones de trámites en 2015 existió algún acto de corrupción. Esto significa que se cometen 30 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes mayores de edad.
Más aún, una de cada 10 personas que laboran en las instituciones de seguridad pública reprueba los análisis de confianza. Es decir, cerca de 31 mil peritos, policías y altos mandos no pueden pasar pruebas psicológicas básicas que identifican, entre otras cosas, si han violado la ley.
¿Qué le falta a nivel federal?
Al SNA, además de un fiscal, le falta que sean ratificados por el Senado los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto.
¿SNA puede funcionar sin Fiscal?
La legislación penal anticorrupción solo entrará en vigor cuando se designe al fiscal, eso significa que los casos de peculado o tráfico de influencias, que actualmente se procesan, como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, se llevarán a cabo con la legislación anterior y con una tipología de delitos penales desactualizada.
Pero el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), puede operar sin un fiscal, mientras los senadores lo designan, de acuerdo con Sergio López Ayllón, director del CIDE.
Por su parte, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que “claro que se puede actuar con lo que se tiene, pero creo que el tema importante es que le quitemos todas aquellas resistencias a los que están dando la pelea, que en lugar de que tengan piezas que son obsoletas, tengan mejores piezas, de eso es lo que se trata, no es que no pueda funcionar”.
Aseguró que la única consecuencia de iniciar incompleto el SNA es el castigo social, ubicar qué instituciones están fallando, quiénes no quieren colaborar con los ciudadanos y cómo ir mejorando el SNA.
¿Qué pasa con el Sistema Local Anticorrupción?
Para la implementación del Sistema Local Anticorrupción (SLA) primero debe analizarse una reforma constitucional en cada entidad, después aprobar las leyes anticorrupción, y finalmente nombrar a un fiscal e integrar los Tribunales de Justicia Administrativa.
Sin embargo, solo cuatro de los 32 estados completaron el proceso, se trata de Estado de México, Querétaro, Morelos y Sonora; el resto se quedó rezagado.
Los Sistemas Locales Anticorrupción que no tienen fiscales, ni tribunales son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Jalisco, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán, Tlaxcala, Veracruz y Zacaytecas.
ALDF acapara nombramientos
En lo que se refiere a la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa aprobó 11 dictámenes que incluyen cambios importantes a lo establecido en el SNA y en la propia Constitución local. Los diputados locales prácticamente decidirán todo, pues se dotaron de facultades para nombrar por mayoría simple al fiscal anticorrupción y otros funcionarios:
El Jefe de Gobierno capitalino propondrá al secretario de la Contraloría local, pero deberá contar con la aprobación de dos terceras partes del pleno de la ALDF.??
También se creó el Comisariado Público, encargado de vigilar la aplicación de los recursos públicos.
Además los diputados locales establecieron la primera Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; regirá la actuación de los servidores públicos locales.