La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la organización Robert F. Kennedy Human Rights celebran una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicada ayer que condenó al estado de Colombia por incumplir su deber de administrar justicia en el caso del periodista Nelson Carvajal, asesinado en 1998.
La CorteIDH resaltó en la sentencia el impacto negativo que tiene la combinación de violencia e impunidad tanto en los periodistas y sus familias, como en la sociedad en general y cómo ello ha producido "que diversas comunidades en Colombia no reciban información sobre temas que les afectan, tales como el conflicto armado, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción política".
El presidente de la SIP y director del periódico peruano La República, Gustavo Mohme, expresó que "esta sentencia es un hito histórico para la lucha en contra la impunidad y a favor de la libertad de expresión en las Américas. Se hace justicia por Nelson y sus familiares, los que debieron soportar el sufrimiento y la angustia por un duelo que se prolongó hasta en el exilio forzado de muchos de ellos".
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Mohme, agregó que:
"Nuestro trabajo que desembocó en esta sentencia no hubiera podido realizarse sin el valioso aporte y acompañamiento legal y judicial de la Robert F. Kennedy Human Rights".
Por su parte, Kerry Kennedy, presidenta de Robert F. Kennedy Human Rights, subrayó que "con esta sentencia esperamos que se abra un nuevo capítulo en los países de la región sobre cómo implementar una justicia eficaz y oportuna que permita servir como un mecanismo de protección al periodismo y de esta manera al derecho de toda la sociedad de recibir información".
El caso del periodista
Nelson Carvajal Carvajal fue asesinado el 16 de abril de 1998 en Pitalito, en el departamento colombiano del Huila, donde además de ser docente y director de una escuela, se desempeñaba como periodista radial en la Emisora Radio Sur, afiliada a la cadena nacional RCN. Carvajal era reconocido en su comunidad por investigar y denunciar actos de corrupción en la administración pública y lavado de dinero en el que incurrían personas influyentes en el Municipio de Pitalito.
La CorteIDH también concluyó que Colombia falló en su deber de sancionar a los responsables del asesinato de Carvajal, de garantizar su derecho a la libertad de expresión y de proteger a sus familiares, quienes sufrieron amenazas y hostigamientos durante 20 años de incesante búsqueda de verdad y justicia. Como consecuencia de su responsabilidad internacional, la CorteIDH le ordenó al estado colombiano adoptar una serie de medidas de reparación, incluyendo medidas de no repetición de hechos similares.
Las graves irregularidades en el proceso de investigación del asesinato, así como las amenazas sufridas por los familiares de Carvajal, llevaron a que el caso fuera sometido por la SIP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002. La Robert F. Kennedy Human Rights se unió en 2015 a la representación de las víctimas y fue fundamental su trabajo en el proceso que culminó con la audiencia pública el 22 y 23 de agosto de 2017 ante la CorteIDH en su sede en San José, Costa Rica.
"Este fallo marca un precedente y da herramientas para seguir luchando a favor de la libertad de expresión, de la misma forma que nos motivó la Opinión Consultiva de 1985, requerida a esa Corte a instancias de la SIP", finalizó Mohme.