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Sin sentencia, 57 feminicidios en Hidalgo

De 80 procesos penales por muertes violentas de mujer, sólo 23 personas han sido sentenciadas, lo cual implica que 57 casos siguen sin resolución

Escrito en ESTADOS el

HIDALGO (La Silla Rota).- Desde el 26 de marzo de 2013, cuando el Congreso de Hidalgo tipificó el feminicidio como delito agravado, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha iniciado 80 procesos penales por muertes violentas de mujer, pero sólo 23 personas han sido sentenciadas, lo cual implica que 57 casos siguen sin resolución.

La última sentencia condenatoria data del 19 de mayo de 2017, cuando en audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento condenó a un acusado a una pena de 43 años, 9 meses de prisión.

La víctima de iniciales I.M.S., de 35 años de edad, no regresó a su domicilio desde el 22 de agosto de 2015 y sus familiares reportaron la desaparición. Sus restos fueron encontrados, el 3 de septiembre de 2015, en el camino Santo Tomás, predio “La Palma”, Colonia Camelia, en Pachuca.

El año en el que I.M.S murió por hematoma subdural y fractura de costillas por traumatismo profundo severo, de acuerdo con el informe de la Carpeta de Investigación 12-2015-07092, fueron hallados, con huellas de violencia sexual y/o tortura 19 mujeres más, 22 más en 2016 y ocho hasta el 1 de junio de 2016.

Sin embargo, sólo hay ocho sentenciadas por los crímenes de 2015, y dos por los de 2016.

De los ocho asesinatos de este año, confirmó a La Silla Rota la fiscalía, cuatro probables responsables han sido vinculados a proceso, y los incidentes se encuentran en etapa de investigación complementaria. Asimismo, en uno no se ejercicio de acción penal porque el agresor murió, en un hotel de Actopan.

Un mes antes de que el feminicida de I.M.S. recibiera la pena más alta desde la implementación del sistema penal acusatorio (la máxima sanción es de 50 años, con base en la legislación vigente), el 27 de abril, fueron encontrados los restos mortuorios de una mujer de entre 28 y 30 años, aproximadamente, quien presentaba huellas de tortura y estaba degollada. Por este hallazgo, la Procuraduría inició la Carpeta de Investigación 4-2017-267.

La primera muerte violenta por razones de género en 2017 ocurrió en un lugar público a un lado de la empresa Cargil ubicada en el Parque Industrial de Atitalaquia, el 5 de enero

Aunque en la exploración los peritos no apreciaron huellas de violencia sexual tanto en genitales como e zonas erógenas, estaba desnudo de la cintura hacia abajo. La causa de la muerte, de acuerdo con un informe sobre muertes femeninas que la fiscalía proporcionó a La Silla Rota, fue “asfixia por estrangulación armada”.  

Cuatro días después, en un domicilio de Zacualtipán fue localizada otra mujer que, según la necropsia, murió por anemia aguda ocasionada por laceración de pulmón, producida por herida punzocortante.

Durante febrero, el día 13, una mujer fue localizada al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tenango de Doria. El peritaje indica que falleció por asfixia mecánica “en su variedad de estrangulación armada”.

Aunque la PGJE reconoce ocho casos, “diversas organizaciones civiles, han reportado un número mayor de muertes violentas de mujeres en Hidalgo, entre ellas, SEIINAC (Servicios de Inclusión Integral) que contabiliza 32 muertes violentas que pudieran ser calificadas como feminicidios”, dijo el pasado 23 de mayo, en tribuna, la coordinadora del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso local, Gloria Romero León, al presentar una propuesta de exhorto al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, José Alfredo Sepúlveda Fayad, para solicite a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres una alerta de género, tras actos violentos contra este sector.

La problemática, expuso, “se ha acrecentado en los últimos 3 años, pero, particularmente, en los últimos meses las cifras se han incrementado en tal forma que se requieren acciones contundentes”.

El pronunciamiento lo realizó después del hallazgo del cuerpo degollado y con huellas de tortura de una mujer en Huasca, y una doble violación en Acaxochitlán.

En 2013, cuando el Legislativo tipificó el feminicidio tras los asesinatos de siete mujeres en la primera sección de El Llano, en Tula, cuyos cuerpos tenían signos de tortura y violencia sexual (entre noviembre de 2012 y enero del año siguiente), la Procuraduría inició procesos por 11 de estos delitos, pero, de ese entonces, sólo hay cinco sentencias, lo cual significa que por seis crímenes aún no hay justicia para las víctimas.

En 2014 el número subió a 19; sin embargo, únicamente hubo ocho sentencias.

En noviembre de 2016, La Silla Rota reveló que en canales de aguas negras, en parajes o carreteras, con huellas de tortura e incluso con los miembros desprendidos, 70 cuerpos de mujeres habían sido hallados en Hidalgo de enero a octubre de ese año, cifra que supera los 62 que, en los 24 meses anteriores, habían sido encontrados en territorio estatal. Sin embargo, especificó la Procuraduría, no todos corresponden a feminicidios.

Confirmó que entre 2014 y 2016 inició 240 carpetas de investigación por cuerpos sin vida localizados en la entidad; 101 eran femeninos. Asimismo, otros 31 casos de mujeres asesinadas, en ese periodo, integran el mismo número de averiguaciones previas. El total, por lo tanto, fue de 132 víctimas en los últimos 34 meses.

Lo anterior representaba que, en promedio, cada diez días aparecía un cadáver femenino en alguno de los siguientes municipios: Pachuca, Atotonilco, Tlanchinol, Cuautepec, Ixmiquilpan, Epazoyucan, Tula, Zempoala, Tulancingo, Mineral de la Reforma, Atitalaquia, Tezontepec, Alfajayucan, Agua Blanca, Huehuetla y Huejutla.

Tras la localización del cuerpo degollado y con huellas de tortura de una mujer, en Huasca, y una doble violación en Acaxochitlán, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, expuso que “si fuera necesario” activarán una alerta de violencia de género como mecanismo de protección; sin embargo, dijo que “espera” que estos crímenes no signifiquen un aumento de violencia feminicida y delitos contra las mujeres, medición que, reconoció el pasado 4 de mayo, aún no han realizado.

“Yo espero hacer un análisis muy claro, revisar a fondo el tema. Le voy a comentar también al secretario de Gobierno que lo vea a profundidad ya, porque si fuera necesario (…) que implementen lo necesario a fin de que podamos activar una alerta de género, si fuera el caso”, refirió el exlegislador federal, quien aceptó que “sería gravísimo” que estos incidentes, ocurridos, en ese momento, en los últimos ocho días, representen una tendencia delictiva en agravio de este sector poblacional.

El de Huasca fue el sexto posible feminicidio de este año; desde entonces ocurrieron dos más, según la procuraduría estatal.