Un grupo de senadores, encabezados por Ernesto Ruffo Appel (PAN), interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la Ley General de Comunicación Social, o propaganda gubernamental, aprobada y enviada al Ejecutivo Federal el 26 de abril.
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A través de un documento firmado por 51 senadores -más del 33% mínimo requerido para impugnar una ley desde alguna Cámara del Congreso- los promotores de este recurso advierten que el ordenamiento de reciente creación incumple los criterios que la Corte dictó en su sentencia del 15 de noviembre de 2017, cuando tras analizar y discutir un amparo promovido por Artículo 19, los ministros ordenaron a los legisladores aprobar antes del 30 de abril de este año una ley para regular las actividades de promoción y propaganda oficial.
Tras entregar el documento a la Oficilía de Partes de la SCJN, el panista Ernesto Ruffo Appel explicó que al promover este recurso se busca dar marcha atrás a una ley que, desde su perspectiva y la de otros 50 senadores que firmaron el oficio, preserva las prácticas de manipulación y control en la asignación de pautas publicitarias a los medios de comunicación.
Buscamos que exista verdaderamente libertad de expresión en México, por eso presentamos esta acción. Nuestras consideraciones quedaron debidamente registradas ante la Oficialía de Partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y estaremos muy atentos para que los ministros puedan tener toda la información y apoyarles con lo que ellos requieran. Confiamos en el poder judicial de la nación para que se mantenga efectivamente el interés público, el interés nacional, la representación de la causa de todos los mexicanos para tener información verdadera y no manipulada”, declaró.
La senadora independiente, Martha Tagle, también acudió a la SCJN a promover esta acción de inconstitucionalidad. Ahí señaló que el Legislativo cumplió con los tiempos pero no con el fondo del fallo dictado por el máximo órgano judicial.
Nos parece, y así lo manifestamos durante el proceso legislativo en el Senado, que solamente se cumplió en tiempo, es decir con el plazo establecido para tener esta ley reglamentaria, sin embargo no se cumplió con el fondo, es decir en garantizar a través de esta ley que existan medios libres y otros derechos como el de acceso a la información”, declaró.
Agregó que se está impugnando en su totalidad la ley General de Comunicación Social tras advertir que preserva el uso discrecional de los recursos públicos para la contratación de medios, además de otorgar facultades discrecionales a la Secretaría de Gobernación para seguir siendo la que controle la contratación de espacios públicos para propaganda gubernamental.
Nos parece que esto no garantiza realmente que pueda haber una cancha pareja para todos los medios de comunicación, no cuenta con criterios claros para la asignación de contratos públicos y por supuesto no garantiza que las y los ciudadanos puedan tener acceso a la información cuando es un derecho fundamental que debe verse respaldado por la Suprema Corte. Por eso creemos que esta acción de inconstitucionalidad tiene mucho sentido. Esperamos que la Corte escuche los argumentos que presentamos porque responde a lo que ellos mismos resolvieron en esta resolución”.
Propaganda Gubernamental, del origen a la impugnación
La creación de la Ley General de Comunicación Social se estableció en la reforma político-electoral que entró en vigor desde el año 2014. El 10 de febrero de ese año se publicó un decreto en el Diario Oficial para que los legisladores aprobaran una ley regular el uso de propaganda gubernamental.
La fecha límite para ello era el 30 de abril del 2014; sin embargo, los diputados y senadores dejaron pendiente el tema a pesar de que se presentaron al menos ocho propuestas de todos los grupos parlamentarios, incumpliendo así con el plazo que ellos mismos incluyeron en la reforma constitucional.
Ante la omisión la organización Artículo 19 interpuso un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se argumentó que al no tener una regulación en el gasto de publicidad oficial, los gobiernos utilizan este recurso para premiar a los medios que los favorecen y castigar a las voces críticas.
El 15 de noviembre los ministros le concedieron la razón a Artículo 19 y ordenó la creación de esta nueva ley.
El 7 de febrero el colectivo “Medios Libres” que integra a 85 organizaciones civiles, académicas y empresariales, así como expertos, medios de comunicación y periodistas presentaron en el Senado las “Bases Mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial”, un decálogo con propuestas para evitar la opacidad y uso de la publicidad oficial como una herramienta de chantaje de las autoridades hacia los medios de comunicación.
Posteriormente, para el 20 de marzo en medio de acusaciones sobre una presunta manipulación de la convocatoria y su falsa inclusión en el proceso para expedir una Ley de Propaganda Gubernamental, arrancó la jornada de audiencias públicas en donde participaron organizaciones como Articulo 19, Fundar y México Evalúa, integrantes del citado colectivo. Ahí se presentaron propuestas que finalmente quedaron fuera de la ley.
Este proyecto se aprobó en la Cámara de diputados el 20 de abril, y en el Senado el día 26. Pese a los esfuerzos de legisladores del PAN, PRD y PT-Morena, así como la exigencia social se aprobó envió al Ejecutivo una ley que no incluyó las demandas de organizaciones de la sociedad civil para descentralizar el control que actualmente mantiene la Secretaría de Gobernación en torno a la publicidad oficial; eliminar la publicidad personalizada y hacer de los medios de comunicación sujetos obligados a transparentar los pagos por pautas publicitarias.
jamp