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Ordenan al presidente y al Senado nombrar magistrados del SNA

El juez federal rechazó reconocer a las 18 personas designadas por el presidente Enrique Peña Nieto, ya que la decisión de ratificarlos o no corresponde al Senado

Escrito en NACIÓN el

Un juez federal ordenó al presidente y al Senado concluir el nombramiento de los 18 magistrados del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que se encuentra estancado desde el 2017.

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Se trata del juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva García, que ordenó mediante un amparo a la Comisión Permanente del Congreso o el Senado, "decida inmediatamente sobre la ratificación o no" de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) designados en abril de 2017 por el presidente Enrique Peña Nieto.

La sentencia del Juez puede ser impugnada por ambos Poderes en plazo de 10 días. A pesar de la decisión de los establecido en el amparo, la orden por ahora no tiene que ser acatada, y podría tardar meses si se revisa por un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, se detalla en el fallo, que el presidente tiene que "transparente y justificar" los nombramientos que hizo.

Los nombramientos que hizo el presidente Enrique Peña Nieto fueron criticados por el Comité de Participación Ciudadana del SNA, que a su vez promovió el amparo.

(El Ejecutivo) deberá señalar en un apartado específico de manera pormenorizada e individualizada a través de una motivación reforzada por qué las personas resultan idóneas para ocupar el cargo, detallando los méritos, la calidad ética y profesional que cada uno tenga en las materias específicas de fiscalización, responsabilidades administrativas, hechos de corrupción o rendición de cuentas", señala el amparo.

El juez Silva rechazó reconocer a las 18 personas designadas por EPN como terceros perjudicados en el amparo, ya que la decisión de ratificarlos o no corresponde al Senado.

Los magistrados serán los encargados de imponer sanciones a funcionarios y particulares involucrados en casos graves de corrupción, luego de varias décadas en que dicha función estuvo a cargo de contralorías adscritas al Poder Ejecutivo.

jamp