VERACRUZ (La Silla Rota).-La Juez de Control del Distrito de Veracruz determinó vincular a proceso por los delitos de incitación y apología a cometer un delito y por el presunto homicidio de Margarito Alfaro Domínguez al dirigente del sindicato "Unidad y Progreso" de Tenaris-Tamsa, Pascual Lagunes Ochoa.
Sin embargo, el líder gremial quedó desvinculado al delito de terrorismo, lesiones y por la acusación de la muerte del señor Pedro Cruz, por lo que tendrá que pasar dos meses más en prisión en espera de la siguiente audiencia de control en el Poder Judicial del Estado de Veracruz.
Pascual Lagunes es el dirigente de trabajadores de la fábrica de tubos Tamsa, asentada en el puerto de Veracruz y que exporta el 90 por ciento de su producción al Medio Oriente.
Desde hace años, personas ajenas a la planta buscaban apoderarse de la dirigencia lo que derivó en marzo de este 2017 en una trifulca entre empleados y disidentes, que dejó como saldo dos personas muertas y más de 17 heridos por arma de fuego.
Ante esos hechos, Pascual Lagunes quedó detenido con un año de prisión preventiva por los delitos antes mencionados lo que generó que los más de 5 mil obreros pararan la producción de la fábrica.
El martes, el dueño de la empresa, el magnate italiano Paolo Rocca viajó a Veracruz para tratar de poner una solución al conflicto laboral de su compañía que le ha generado graves perdidas.
Tras nueve años de no tener un evento público en la entidad, Rocca se reunió con el gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, en donde declaró a los medios que desconocía la presentación laboral de los disidentes, dándole todo el apoyo Pascual Lagunes.
La segunda Audiencia de Control de Pascual Lagunes Ochoa duró cerca de 9 horas debido a que hubo varios recesos, algunos solicitados por dos de los nuevos abogados contratados por el dirigente sindical de Tamsa.
El imputado quedó a disposición de la juez de control y estará recluido, por lo menos, dos meses, en lo que se lleva a cabo la investigación complementaria por parte de la Fiscalía General del Estado.
En un principio, la Fiscalía solicitó cuatro meses para la siguiente audiencia de control, pero la defensa alegó que era mucho y pidió que solo fuera uno. Al final se determinó que fueran dos.
El abogado defensor, Enrique Rementería Zavaleta,