La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pagó 223.4 millones de pesos a una compañía por supuestos servicios de difusión de programas sociales y la empresa fue condonada por un tribunal.
De acuerdo con Reforma, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) señaló que la Comercializadora Devolviendo Confianza (CDC) fue la beneficiaria final de la suma pagada por la Sedesol para difundir programas sociales sin prestar servicio.
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Asimismo, indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incluyo a CDC en una lista de personas bloqueadas desde febrero de 2016, debido a sospechas de lavado de dinero y fue congelada la única cuenta de la empresa detectada en el sistema financiero.
Sin Embargo, el pasado 27 de marzo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa otorgó a la empresa una suspensión definitiva que le permite tener acceso a su cuenta.
En febrero de 2016, se emitió una alerta por parte de la UIF con el oficio 11/F/B335/2016, en el que se ordenaba a los bancos que suspendieran cualquier, operación o servicio con CDC, por lo que no podía abrir nuevas cuentas o cancelar las vigentes, así como disponer de los recursos.
El tribunal alegó que la sociedad no se veía afectada al concederle a la CDC la suspensión definitiva, pues el Estado puede perseguir el delito previsto en el artículo 400 del Código Penal Federal, que refiere al lavado de dinero.
El 15 de marzo, también se dictaminó que era inconstitucional la facultad para congelar cuentas bancarias sin que hubiera una orden judicial de la Procuraduría General de Justicia PGR.
cbl