La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) vendió en 2016 un predio de 262 hectáreas ubicado frente al mar sobre la carretera Cancún-Tulum, cuyo costo estimado era de mil 240 millones de pesos, fue rematado 20 veces más barato de su valor.
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El precio de la propiedad estimado por un perito de la PGR, es de mil 239.8 millones de pesos.
Sin embargo, la Sedatu lo vendió en 61.4 millones de pesos a Vicente Francisco Cetina Novelo, quien lo adquirió, se hizo del título de propiedad, lo registró y lo revendió a una inmobiliaria en un día.
El director de Propiedad Rural de la Sedatu, Luis Bastarrachea Sosa, fue el responsable de tramitar la operación por la parte vendedora.
Tras consumar la venta y quedar inscrito en el Registro Público de la Propiedad, el 19 de febrero de 2016, Cetina Novelo revendió el predio a José Antonio Chapur, empresario que pretende construir un desarrollo comercial, inmobiliario y turístico, sin embargo, la información de la transacción no está a disposición pública.
Cetina Novelo, un ejidatario de Isla Mujeres, supuestamente recibió el título de propiedad en la Sedatu, en la Ciudad de México, viajó a Playa del Carmen, Quintana Roo, e hizo la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, el mismo 19 de febrero.
De acuerdo con documentos en poder del diario Reforma, todos los trámites, tanto en la Sedatu como en el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes de Desincorporación de Bienes (Indaabin), se realizaron en tres meses.
El precio de 61 millones de pesos fue fijado por el Indaabin, que es el organismo del Gobierno federal al que le corresponde determinar el monto de los bienes que son desincorporados.
El precio que pago Cetina Novelo por metro cuadrado fue de 23 pesos, sin embargo a solicitud de un Ministerio Público federal como parte del litigio por el predio, el perito de la PGR estimó el 6 de junio que el valor comercial del terrero es de mil 239.8 millones de pesos, es decir 472.2 pesos por metro cuadrado.
La premura con la que se cerró esa operación, que fue precedida por un proceso récord de tres meses, era evitar que los alcanzara una suspensión definitiva de un juicio de amparo, lo que consiguieron, pero no sin dejar huella de las presuntas irregularidades en compra y venta del predio.
Con información de Reforma
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