La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votó una resolución favorable para los habitantes de la comunidad de Bacanuchi, Sonora, la cual pone en riesgo la continuidad de la construcción de un gigantesco depósito de desechos peligrosos derivados de la extracción de minerales, propiedad de Grupo México.
La SCJN había dejado de lado la discusión del amparo en revisión 365/2018 interpuesto por habitantes de Bacanuchi, que exigen ser consultados sobre temas medioambientales, pero finalmente por cuatro votos a favor y uno en contra, la segunda sala dio la razón a los quejosos, organizados en los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), y representados por el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder).
Los CCRS agrupan a personas afectadas por el derrame de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista de Cobre, ocurrido en 2014. Los afectados radican en siete municipios Arizpe, Banámichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures.
Bacanuchi, la comunidad que pertenece al municipio de Arizpe, determinó solicitar la protección del Poder Judicial Federal, luego de que en 2016 los habitantes advirtieron que la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, “estaba realizando una ampliación de una presa de jales, el lugar donde van a parar los desechos sólidos y líquidos resultantes del proceso de extracción de minerales”, informaron en un comunicado Poder y los CCRS.
La deuda de Grupo México por desastre en Río Sonora
Esta ampliación está siendo construida sobre 65 hectáreas, con una capacidad que “reuniría 80 mil veces más desechos tóxicos que los derramados en 2014”, destacaron.
El codirector ejecutivo de Poder, Benjamín Cokelet, apuntó que el fallo de la SCJN es un “revés” para Grupo México, y lo que se espera es que “la empresa detenga por completo la ampliación de la presa de jales hasta que no se cumpla a cabalidad el proceso de participación y toma de decisiones sobre el proyecto por parte de la comunidad de Bacanuchi”.
El abogado que defendió el caso, Luis Miguel Cano, reconoció que la resolución es “un precedente importante para otros casos similares en los que las comunidades y personas organizadas luchan contra la falta de información y por su derecho humanos a la participación ante los megaproyectos”.
El abogado se pronunció por que “la participación no sea una simulación, sino que sea un proceso efectivo y completo de información, diálogo y respeto a las decisiones de las comunidades”.
mlmt