Por un año, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena suspendió al diputado federal con licencia Cipriano Charrez Pedraza de sus derechos partidarios; además, ordenó su inmediata separación de la bancada legislativa.
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Recién el 19 de marzo, cinco meses después del percance vial en el que estuvo involucrado, y por el cual murió un joven de 21 años calcinado, el legislador solicitó licencia a su cargo; con ello, quedó sin efecto el proceso de desafuero que se seguía en su contra.
“Se emitió la Resolución del Expediente CNHJ-HGO-749-18 mediante el cual sanciona al C. Cipriano Charrez Pedraza, diputado federal con licencia con la suspensión de sus derechos partidarios por un año, la destitución de cualquier cargo dentro de la estructura organizativa y su inmediata separación de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados”, informó el órgano intrapartidista en su cuenta de Facebook.
El siniestro ocurrió la madrugada del 6 de octubre, y 46 horas después, cuando su grupo parlamentario, el del Movimiento de Regeneración Nacional, lo había instado a presentarse ante las autoridades y dar su testimonio de lo ocurrido, además de advertirle que no sería protegido con el fuero si tenía responsabilidad, Charrez Pedraza emitió un comunicado en el que aseguró que su chófer manejaba la camioneta Ford Raptor que impactó al Pointer en el que murió el joven.
Aunque el acompañante del asambleísta trató de proteger su identidad al cubrir su rostro –visible en un video que circuló en redes sociales– vecinos del lugar que lo reconocieron relataron que fue retirado del lugar con dirección al Hotel Gran Plaza, mientras la víctima se calcinaba dentro del otro automóvil. Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) afirmó que contaba con datos de prueba que apuntan a la responsabilidad del legislador en el incidente, ya que, aseveró, él manejaba la camioneta.
En la grabación, además, se observa que el asambleísta, expresidente municipal de Ixmiquilpan, baja del lado del piloto.
El exedil acusó a la Procuraduría de Hidalgo, la cual solicitó el proceso de desafuero, de una supuesta obstrucción del caso, y al secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, de un intervención, ya que afirmó que su chófer había acordado con los familiares de la víctima un pago de 450 mil pesos como indemnización.
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