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Sacerdote que abusó de menores es sentenciado a 90 años de prisión

El sacerdote Jorge Raúl fue acusado de los delitos de violación calificada, abusos sexuales, corrupción de menores y hostigamiento sexual

Escrito en ESTADOS el

La Procuraduría General de Justicia en Guanajuato, fijo una pena de 90 años y siete meses de prisión al sacerdote Jorge Raúl Villegas, por el delito de abuso sexual contra dos menores de 14 años.

Villegas Chávez purgará 60 años en prisión, que es la sanción corporal más elevada que prevé el Código Penal de Guanajuato, al ser encontrado culpable de violación calificada, abusos sexuales, corrupción de menores y hostigamiento sexual.

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El ex sacerdote fue contratado en el 2016 como asesor y confesor del colegio católico Atenas en Irapuato, cuando abuso sexualmente de las menores y posteriormente fue denunciado por los padres de las víctimas.

Raúl Villegas además oficiaba en el templo de San Cayetano, adscrito a la diócesis de Irapuato, a pesar de que supuestamente se encontraba suspendido del ejercicio del ministerio sacerdotal por la diócesis de León desde el 2014, luego de un juicio de paternidad en el que resultó obligado a reconocer a una hija y darle manutención.

Al hacerse públicos los abusos, el entonces obispo de la diócesis de Irapuato, José de Jesús Martínez Zepeda, dijo que ignoraba que Villegas estaba oficiando en la ciudad y ofreció la colaboración de la diócesis.

Sin embargo, testimonios revelaron que el obispo no sólo estaba al tanto de la incorporación de Jorge Raúl Villegas, sino que incluso ofició alguna misa junto al sacerdote presuntamente suspendido.

Villegas Chávez también formó parte de la comisión organizadora de la visita del papa Benedicto XVI a León.

Por las denuncias en el caso de las dos menores, el sacerdote fue detenido el 14 de febrero de 2017 y deberá pagar una multa al Poder Judicial y reparación del daño a las víctimas.

Todavía existen tres denuncias más por niños víctimas de 9, 12 y 13 años de edad, todos alumnos del colegio Atenas. La abogada Dalia Ramírez, representante legal de los padres de las víctimas, informó que las denuncias siguen su curso desde hace meses en la Procuraduría local y no se han judicializado.



Con información de Proceso


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