Monterrey, N. L-. El exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, heredó al gobierno municipal de Monterrey al menos sesenta empleados, incluido el alcalde Adrián de la Garza, que ahora busca la reelección.
Para Felipe de Jesús Cantú, ex alcalde de Monterrey y actual candidato del PAN a la alcaldía regiomontana, Rodrigo Medina y Adrián de la Garza, significan lo mismo: corrupción.
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“Rodrigo Medina sigue gobernando, sólo que ahora en lugar del Gobierno del Estado, gobierna el municipio de Monterrey que ha prolongado a Adrián de la Garza como alcalde de Monterrey. Esta es la ecuación: Adrián más Medina es igual a corrupción”.
Reveló algunos nombres de funcionarios que trabajaron en el gobierno estatal y que hoy cobran en el municipal como Genaro García, encargado del despacho del alcalde de Monterrey y quién era secretario particular de Adrián de la Garza como procurador.
Está también Rafael Ramos, secretario de Desarrollo Social del Estado y ahora Jefe de la Oficina Ejecutiva de Monterrey.
El secretario de Obras Públicas del municipio, Leonardo Arnulfo Ramos fue titular del Fomento al Financiamiento en el gobierno de Medina y el actual Tesorero municipal, Antonio Fernández Martínez, era subsecretario de la administración estatal.
Yamileth Lozano Garza, es secretaria de Administración y fue directora General de Proyectos e Imagen en el Estado.
“Quiero explicar por qué Adrián es igual a Medina: les explicaré que más de 60 funcionarios del primer nivel del Gobierno de Rodrigo Medina, ahora cobran en el Gobierno de Monterrey. No queremos que siga dándose esta herencia maldita”.
Mientras tanto, Adrián de la Garza no se ha manifestado en torno a la acusación de sus adversarios panista.
El ex gobernador Rodrigo Medina demostró su fuerza al imponer prácticamente la mayoría de candidatos a diputados locales y federales, al senado y a alcaldes.
Medina sostiene conflictos judiciales con su sucesor Jaime Rodríguez Calderón, actual candidato a la Presidencia del País, por otorgar incentivos a la armadora Kia por más de tres mil millones de pesos.
Además, una treintena de sus funcionarios han sido vinculados a delitos y también sostienen un pleito judicial con la administración actual.
mvf