MONTERREY, Nuevo León (La Silla Rota).- El Gobierno de Nuevo León informó que la resolución dictada por el Juez de Control y Juicio Oral, Jorge Hernández Torres, quien decidió no vincular a proceso al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz por los delitos de peculado y delito cometido contra el patrimonio del Estado puede ser impugnada por la Fiscalía Anticorrupción a través de un recurso de apelación.
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“Existen elementos que acreditan cabalmente la participación de Medina de la Cruz en los hechos investigados. Los actos se formalizaron mediante la participación de diversos funcionarios públicos, como lo son el contrato donde se formaliza el convenio con la empresa automotriz, firmado por el propio Medina de la Cruz” dice en un comunicado a la opinión pública.
“Además, existen diversas actas de sesiones convocadas por el propio exgobernador como presidente del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado de Nuevo León (Fidecitrus), y el Comité de Inversión del Estado, en las que se tenía preestablecido el orden del día”, agrega.
Estos eventos desencadenaron los hechos materia de la investigación, y otros más de características delictivas.
“Los argumentos sustentados por el Juez de Control se alejan de los lineamientos de la ejecutoria de amparo, puesto que contrario a lo que se le indica en ésta, establece en su dictado que no se precisan las circunstancias de tiempo modo y lugar del hecho, y que no se acredita que Medina de la Cruz haya dado indicaciones para que se realizaran los actos delictivos”, añade.
El fallo del Juez se considera fuera de sustento legal porque el Artículo 19 Constitucional no exige que el Ministerio Público precise el hecho exacto. Incluso durante la audiencia inicial la propia defensa pidió aclaración y el Juez dio por satisfecho ese punto, aunado a que éste no fue tema en la concesión del amparo, asevera la información.
Finalmente indica que corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción, órgano autónomo del Gobierno del Estado y encabezado por Javier Garza y Garza, presentar el recurso de apelación correspondiente.
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