El Congreso de Nayarit aprobó iniciar un juicio político contra el ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, acusado por el presunto desvío de 2 mil 700 millones de pesos, manejo indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.
En la votación por el juicio político seis diputados votaron en contra: cuatro de ellos del PRI, Avelino Marcelo Aguirre, Lucio Santana, María Belloso y su líder de bancada, Juan Carlos Ríos Lara, ex presidente estatal del tricolor, durante la gubernatura de Sandoval.
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Pero hubo priistas que votaron a favor del procedimiento, como las diputadas Ivonne Díaz, Karla Flores y Jesús Vélez. Mientras que por Morena los diputados Manuel Salcedo y Claudia Cruz votaron en contra.
Sandoval Castañeda fue señalado por ciudadanos que documentaron en los expedientes desvío de recursos, violaciones graves a la Constitución estatal, además de actos y omisiones en su desempeño como mandatario.
Aunque el Congreso logre inhabilitar al ex gobernador, no podrá emprender acciones legales en su contra debido a una reforma aprobada por la anterior Legislatura para proteger al ex mandatario.
En junio de 2017, 16 días después de que el PRI perdió la elección a gobernador, la pasada Legislatura en su mayoría priista modificaron el texto de la Constitución Política del Estado de Nayarit y derogó el párrafo cuarto del artículo 125, con lo que quitó la facultad al Congreso de Nayarit para resolver sobre una acusación con base en la legislación penal, cuando se trate de un asunto que involucre al gobernador.
Además del procedimiento contra Sandoval, también se investigará a ex funcionarios estatales y cuatro magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, de quienes también se busca su destitución.
En la lista figuran Mario Alberto Pacheco Ventura, exsecretario de Administración y Finanzas; Luis Antonio Apaseo Gordillo, exsecretario de la Contraloría del Estado; Héctor Salome Parra Zavala, exdirector general del Fondo de Pensiones, y los magistrados Yeniria Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre, de estos cuatro se argumentan presuntos actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales.
Con información de El Financiero
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