Francisco recibió una llamada de su banco en la que le pedían confirmar gastos por 33 mil pesos, más tarde se enteró que robaron los datos de su identidad para comprar tres camionetas con un valor total de un millón 200 mil pesos.
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Días antes, en una sucursal de avenida Insurgentes, Francisco tramitó una tarjeta de crédito, no le pidieron recibos de honorarios para calcular el monto que obtendría, sin embargo, le avisaron que si tarjeta llegaría a su domicilio días más tarde.
El personal del banco le indicó que el personal de paquetería pudo hacer mal uso de la tarjeta que Francisco ni siquiera había activado, al llamar a la oficina de aclaraciones le pidieron que activara la tarjeta a lo cual se negó porque era la prueba de que no había hecho ningún gasto con ella.
Por esta razón contrató los servicios de un despacho jurídico y sus abogadas acudieron a las oficinas del Buró de Crédito con la resolución de la Condusef, pero la sociedad de información crediticia se negó a borrarlo de la lista negra, con la justificación de que sólo lo puede hacer hasta que la empresa acreedora cancele el adeudo.
A Francisco le llevó dos años y medio librarse de las deudas que nunca contrajo.
Con información de Excelsior
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