La Ley de Seguridad Interior que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados rompe con principios constitucionales fundamentales y cede el poder a las Fuerzas Armadas, aseguraron los senadores del PRD, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y el independiente Alejandro Encinas, al enfatizar que estamos en una situación profundamente delicada porque se pone en riesgo la gobernabilidad y el derecho a la pluralidad en nuestro país.
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A su vez, la senadora panista Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que el Senado no tiene ninguna prisa por aprobar esa ley, pues primero se tiene que hacer una seria reflexión sobre sus implicaciones. Aseguró que no se permitirá que se atente contra la Constitución, el Estado de Derecho y los derechos humanos.
Los tres legisladores manifestaron que se deben escuchar las preocupaciones que han expresado organizaciones nacionales e internacionales, como Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Militares, sinónimo de violencia: CIDH
La senadora Ortega confirmó a La Silla Rota que, en la mañana de este martes, la fracción del PAN recibió a un representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien les expresó sus profundas reservas e inquietudes sobre el contenido de ley que ya fue aprobado en la Cámara Baja.
Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han emitido comunicados para que el Senado no apruebe esa minuta, por considerar que las autoridades civiles, responsables de las labores de seguridad pública -según establece la Constitución- quedarán subordinadas al mando militar, al cual se le asignarían atribuciones que violentan diversas normatividades internacionales que consagran derechos humanos.
El comunicado del Alto Comisionado señala que “El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados contiene varios elementos inquietantes, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas. La autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados. Además, la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza”.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación sobre el proyecto de ley sobre seguridad interior de México, por “contener preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos. Según la información recibida, este proyecto de ley significaría la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”.
¿Seguridad pública o seguridad nacional?
Al respecto, el senador Encinas se mostró sumamente preocupado porque más allá de la polarización que se vive hoy en día en México, “estamos en una situación que nunca habíamos enfrentado, pues no sólo se quiere permitir que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública, sino que se pretende hacer una profunda transformación para la militarización plena de nuestro sistema”.
Destacó que la ley enviada por los diputados confunde los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional y con ello se quiere fundamentar diversas arbitrariedades como la de intervenir llamadas telefónicas, hacer cateos y allanamientos e incautar computadoras y documentación, todo ello sin la orden de un juez.
En este mismo sentido, la senadora De la Peña indicó que, sin venir al caso en una supuesta ley de seguridad interior se busca hacer una ley de seguridad nacional “bis”, pues incorpora aspectos que tienen que ver con la posible supresión de derechos si de manera discrecional el Ejecutivo determina un estado de excepción con la participación del Ejército para mantener el orden. Así de graves son las implicaciones, dijo.
Es muy peligroso. Además de ser una ley inconstitucional, otorga al presidente facultades para poder determinar, sin ningún control, la participación de las fuerzas armadas”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a la cual, a pesar de sus implicaciones, no le fue turnada la minuta enviada por la Cámara de Diputados, recordó que cuando el titular del Alto Comisionado visitó México en 2015, el gobierno mexicano se comprometió a que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sería temporal y que sería gradual su regreso a los cuarteles.
En la minuta que nos enviaron no se atiende ese compromiso; no se menciona el posible retiro de los militares y muchos menos un programa para hacerlo”.
Y lo que sí deberá contener esta ley, destacó, como los modelos de los cuerpos policiacos que deben conformarse, el procedimiento para su integración, sus características, sus condiciones de trabajo, las diferentes corporaciones que se deben formar para atender distintos tipos de población, ni siquiera se mencionan.
Control militar
El senador Encinas abundó en que de aprobarse una legislación en los términos planteados, tanto el control territorial como el mando sobre las fuerzas civiles, lo tendrán los militares. “El que tiene el mando, manda. Y no van a mandar las autoridades legítimamente constituidas con base a un proceso electoral”.
En su opinión, esta propuesta de ley se deriva de la decisión política de conservar el poder a toda costa, pues, por ejemplo, se dejan muchos temas a la discrecionalidad de las Fuerzas Armadas, como en el caso de las protestas sociales pues si se considera que no son pacíficas podrá intervenir el Ejército en su contra.
También manifiesta preocupación porque a pesar de las reformas al Código Militar derivadas de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla, el régimen militar volverá a tener injerencia cuando estén involucrados los civiles.
Recordó que con la reforma política de los años 70 ya se habían logrado cambios en el papel que jugaba el Ejército, pues se abrió la participación política a la oposición y se dejó de perseguir a los opositores con los soldados. “Hoy pareciera que la situación se repite y puede ser peor con la mayor participación de los militares en contra de lo que pueda ser considerado contrario a la paz pública”.
Senado atenderá observaciones
La presidenta de la Comisión Justicia, a la que tampoco le fue turnada la minuta, aseguró que el Senado cumplirá cabalmente su obligación de colegisladora y que deberán atender las observaciones que está haciendo la sociedad civil.
Ella está de acuerdo en que haya una legislación para regular la actuación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, pues debe haber un marco que genere certeza para el ejecutivo y para el Ejército, pero enfatizó que se debe hacer atendiendo al Estado Democrático de Derecho.
“No debe haber tensiones con la Constitución ni violentar para nada los derechos humanos. No hay prisa”.
Aseguró que con la ley propuesta no se está entrando al fondo del problema que es la necesidad de fortalecer al sistema policial. Recordó que en la Cámara de Diputados se le dio carpetazo a la propuesta de mando policial coordinado.
De advertir que la minuta constituya un peligro de que violaciones a los derechos humanos o que tenga fines electorales o de acallar la protesta social, no deberemos permitirlo”, sentenció.
La senadora Ortega propone que se realicen foros de análisis y que se escuche la voz de las organizaciones.