Hidalgo.- Ante el intento del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de instalar la Junta de Gobierno en el Congreso de Hidalgo sin que ésta fuera presidida por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que es minoría–, personas que habían ingresado al recinto y gritaban consignas en contra de los obradoristas reventaron la sesión y se apoderaron de la tribuna.
Al reanudar la sesión instaladora –que inició el 4 de septiembre y no ha concluido por falta de acuerdos entre institutos políticos– los legisladores de Morena formaron una valla sujetándose de los brazos en torno al presidente de la mesa directiva, Humberto Augusto Veras Godoy, mientras otra de sus asambleístas leía un documento que planteaba una nueva integración de la Junta de Gobierno.
Las priista Mayka Ortega Eguiluz y María Luisa Pérez Perusquía, reelectas por la vía plurinominal, así como su compañero Julio Valera Piedras, subieron también a tribuna con pancartas que tenían mensajes como “Fuera intervención de (Gerardo) Sosa Castelán”, líder del grupo político de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), del cual emanan nueve de 17 diputados de Morena.
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Las personas que se mantenían en la Cámara gritaban “respeto” –para que no se votara una propuesta que no diera la presidencia del Congreso al PRI, que tiene cinco asambleístas–, así como “Fuera Sosa” y “Sosa porro”.
Cuando la lectura estaba por concluir, y sería sometida a consideración del pleno, los simpatizantes del Revolucionario Institucional irrumpieron hasta la tribuna, y reventaron la sesión. Con el control del recinto, tras la intervención de quienes tomaron el salón de plenos, los legisladores priistas exigieron que se valide un acuerdo firmado por la mayoría de los coordinadores parlamentarios por el cual se reelige a Pérez Perusquía como presidenta de la Junta de Gobierno.
No obstante, Morena reclamó la posición para el primer año de ejercicio constitucional al tener 17 de 30 diputados, lo que representa 56.6 por ciento de las decisiones del órgano legislativo si se considera el voto ponderado, mientras que el PRI, que tiene cinco integrantes, justifica la legitimidad de su puesto porque fue respaldado por los líderes de las fracciones de los Partidos Encuentro Social (PES), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD) mediante votación simple.
El 31 de julio, el último día de sesiones ordinaria de la anterior Legislatura, los asambleístas –con el PRI aún como primera fuerza–, aprobaron una modificación a la ley orgánica para que la presidencia fuera itinerante, pese a que los diputados electos protestaron en la Cámara e intervino la policía estatal con uso de gases lacrimógenos y toletes, lo cual dejó un saldo de nueve lesionados, incluida la ahora legisladora por Ixmiquilpan Lucero Ambrosio, quien fue trasladada en ambulancia por paramédico de la Cruz Roja.
Aun con ello, los exrepresentantes –con María Luisa Pérez como presidenta del Congreso– votaron por un cambio de sede: la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, donde también validaron reformas que conceden facultades al Ejecutivo para el refinanciamiento de la deuda pública y autorización para negociar una reserva pública en el Altiplano hidalguense.
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Aunque respaldaron a la fracción del PRI para tomar el salón de plenos, las personas que reventaron la sesión replicaron que no respondían a intereses políticos y que eran pueblo, por lo que no debía existir una reacción en contra por parte de la fuerza pública –como la acontecida el 31 de julio en contra de simpatizantes y legisladores electos de Morena–.
El día previo, el gobernador Omar Fayad se deslindó del conflicto en el Poder Legislativo y negó –como acusa Regeneración Nacional– intervención en él.
Morena afirmó que el objetivo del PRI al mantener el control del Congreso es proteger al mandatario con la Auditoría Superior del Estado, así como “privilegios a funcionarios” y “el uso a modo del presupuesto”.
bl