En este espacio hemos reiterado la distancia lógica y formal que existe entre hegemonía y dominancia en un sistema electoral. Pero vale la pena volver sobre esta definición esencial.
Hegemonía y dominancia
Para considerar a un sistema electoral como propiamente democrático es necesario que existan regulaciones que permitan la competencia electoral en procesos periódicos, que deriven en la existencia de elecciones con alternativas sin un resultado predeterminado. La competencia electoral es entonces algo que existe o no existe en una sociedad: es una estructura, una referencia a las reglas mismas de juego en un sistema; y su supresión supone la imposición de un régimen hegemónico, donde un cambio de fuerza mayoritaria por vías legales resulta inviable.
En cambio, la competitividad se refiere a un estado particular de las elecciones en un lugar determinado y en un momento dado; es una categoría relacionada con la distribución de respaldos electorales entre los competidores en elecciones conforme a determinadas reglas establecidas. La competitividad es una escala, un estado determinado de un juego previamente reglamentado, donde un partido o conjunto de partidos pueden lograr una condición mayoritaria en votos o asientos que les permita imponer decisiones al colectivo y asumir una posición de dominancia en el sistema, temporalmente acotada, potencialmente cambiante.
¿Dónde está México?
Como resultado de las elecciones de 2018, México pasó de un sistema claramente plural a uno donde existe una condición cercana a la dominancia electoral, en término de sufragios logrados, de un partido específico: Morena. Con sus aliados y mediante diversos procedimientos, legales pero no necesariamente idóneos, este partido alcanzó una mayoría incluso absoluta en la cámara baja del Congreso de la Unión, pero una mayoría en la Cámara de Senadores insuficiente para llevar a cabo solo o con sus aliados reformas a la Constitución. La formación de un bloque opositor, integrado por PAN, PRI, PRD y MC, ha servido como retén para que puedan llevarse a cabo reformas que permitirían el paso de un sistema propiamente democrático, aunque con dominancia de un partido, a uno hegemónico, donde la alternancia se suprima por norma, sea mediante la selección de mandos en los órganos reguladores electorales a modo del mayoritario, de la supresión de fórmulas de proporcionalidad que garantizan un equilibrio en la representación, de una abrupta disminución de montos de financiamiento a partidos, de la inclusión de procesos de revocatoria del Ejecutivo de manera simultánea con los comicios intermedios, o de otras argucias.
Pero sucesos próximos pudieran modificar esta condición. Ya lo advierte lo ocurrido en Baja California, con la extensión artificial del mandato de un gobernador de Morena respaldada por diputados de Acción Nacional, o lo pudiera presagiar un resultado en el proceso interno priísta que acercara a este partido con un amplio bloque de fuerzas aliadas al Ejecutivo federal.