La idea: Acaban de publicarse los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional correspondiente a 2018 y México volvió a bajar su calificación. ¿Será posible que en un corto plazo podamos mejorarlo significativamente? Se ve difícil.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018, México bajó en un punto su calificación con respecto a 2017 pasando de 29 a 28 en una escala donde 0 es corrupción total y 100 es ausencia de corrupción. También México bajó en la clasificación de países pasando del lugar 135 al 138 de 180 países.
Quizá no sea de extrañarse. Terminó un sexenio que estuvo salpicado de casos de corrupción y por lo menos entre fines de 2014 y 2018, se dieron a la luz pública innumerables casos de corrupción, algunos de dimensiones escandalosas como los desvíos que realizaron los gobernadores Duarte de Chihuahua y Veracruz; el caso de Odebrecht, la llamada “Estafa Maestra” y el robo de combustibles, entre muchos otros.
De nada ha servido la creación, todavía incompleta, del Sistema Nacional Anticorrupción, ni la reforma constitucional anticorrupción, ni la promulgación de nuevas leyes en materia de responsabilidades administrativas y transparencia, para mejorar el desempeño de México en el IPC.
Al contrario, la calificación se ha deteriorado desde que se promulgaron las reformas, perdiendo un punto por año del 2015 al 2018.
Algunas lecciones de este fracaso podrían ser:
1. No bastan reformas legales. Sin castigar a los corruptos, no hay un efecto disuasivo y los actos de corrupción continúan con impunidad.
2. Sistema Nacional Anticorrupción. No ha sido factor para reducir la corrupción. La complejidad del sistema y la falta de liderazgo para dar resultados, no lo ha hecho eficaz.
3. Reformas legales inadecuadas. La nueva Ley General de Responsabilidades es una ley garantista que requiere más recursos y mayor profesionalización a los encargados de aplicarla, aspecto que en algunos casos está pendiente y mientras, favorece a los acusados.
4. Transparencia. Se le apostó muchos años a que la transparencia podría reducir la corrupción y no ha sido el caso. Ni un INAI reformado y autónomo, ni las nuevas leyes de transparencia, han abatido la corrupción.
5. Índice de corrupción. Es muy difícil incidir para mejorar la calificación en el IPC.
6. Percepción negativa. Mientras sigan saliendo a la luz pública los grandes casos de corrupción, la percepción de que existe mucha corrupción no bajará.
7. Percepción vs. acción. Una cosa es acabar con la corrupción y otra es incidir para que disminuya la percepción de corrupción. Lo importante no es sólo modificar la percepción, sino combatir eficazmente la corrupción.
Para la calificación que obtuvo México en 2018 en el IPC, Transparencia Internacional tomó 9 indicadores generados por instituciones internacionales. Cada una de ellas con su propia metodología para medir el problema.
Si se quisiera ver cuales factores influyeron en la calificación, con la idea de crear políticas públicas que influyan en mejorar el Índice, habría que entender con gran nivel de detalle lo que estas instituciones midieron.
Pero, aun así, dado que estas mediciones son en su mayor parte basadas en percepciones, es posible que, aunque se diseñen políticas que efectivamente logren disminuir la corrupción, mientras no cambie la percepción, no se moverá la calificación.
Por el contrario, se podrían crear campañas mediáticas para influir positivamente en la percepción de la corrupción, mientras el fenómeno podría continuar rampante.
Políticas públicas
Algo así sucedió con el tema de seguridad pública en los últimos dos sexenios. En el sexenio de Calderón las noticias sobre la violencia dominaron los medios, lo que creó la percepción de que el problema era gravísimo y las acciones para abatirla impactaron negativamente en la percepción pública del fenómeno.
En el sexenio de Peña, se ocultaron las noticias sobre este problema, disminuyendo la percepción de inseguridad, pero la violencia creció aún más que en el sexenio previo, al no tomarse acciones adecuadas para disminuirla.
Más que fijarse como meta intentar mejorar la calificación de México en el IPC, lo que urge es desarrollar indicadores propios que permitan medir los avances en el combate a la corrupción.
Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI es excelente para medir la pequeña corrupción, la cotidiana. Pero aún hace falta tener mediciones adecuadas de la mediana y gran corrupción. Ojalá el INEGI pueda desarrollar una medición más integral del problema.
En el largo plazo, si se es exitoso en el combate a la corrupción, esto podría cambiar la percepción y se tendría que reflejar en una mejora de calificación.
Habría que diseñar políticas públicas y mediciones propias para lograr avances en el combate a la corrupción. Sobre todo, llevar a cabo acciones que disminuyan el fenómeno. En este sentido, el combate al robo de combustibles es un buen inicio. Habría que perseguir otros casos de corrupción igual de graves.