Para el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de nada servirá tener el fiscal más autónomo ni el mejor método para elegirlo, en tanto no se haga un rediseño institucional de las procuradurías que tenemos en el país.
Considera que el modelo actual de la Procuraduría General y las procuradurías estatales corresponde a un régimen no democrático, con una clara dependencia política del Ejecutivo. Son el paradigma del régimen de partido hegemónico, dijo.
“Es necesario pero también es urgente comenzar ya el rediseño de ese modelo y se podría hacer en el tiempo que falta para que el nuevo gobierno tome posesión. El trabajo ya está hecho, sólo faltaría darle formato de ley y eso se resuelve en una semana”, afirma el experto jurista quien informa que el Instituto que preside y los colectivos #Vamospormás y #Fiscalíaquesirva ya cuentan con propuestas muy sólidas al respecto.
Y es enfático: no existe una política criminal nacional. “México nunca ha tenido una”.
En entrevista con LA SILLA ROTA en sus oficinas de Ciudad Universitaria, hace una clara explicación de los dos tipos de problemas que enfrentan hoy las procuradurías:
- Uno de carácter político, y los mejores ejemplos son el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2006 para evitar que tuviera éxito en su intento por llegar a la Presidencia de la República, y el uso político de la PGR contra el candidato presidencial Ricardo Anaya. “Y se puede multiplicar por n número de casos en los estados”.
- También hay un problema técnico y práctico. “Las procuradurías son sumamente difíciles en lo técnico y en lo operativo pues no realizan trabajo de investigación ni trabajo ministerial. Hay problemas de prevención, de investigación, de procuración y de sanción. Es decir, hay problemas en todos los eslabones del proceso de procurar justicia”.
Refiere que junto con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y con el Inacipe realizaron el año pasado una consulta nacional de cara a la creación de un modelo de procuración de Justicia. Fue una consulta en la que escucharon las voces de policías, de agentes del Ministerio Público, víctimas y todos los involucrados en el proceso.
En esa consulta se llegó a la conclusión de que los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia enfrentan una grave crisis:
- La confianza ciudadana hacia esas instituciones es bajísima
- La corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones a los derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión son claramente factores que alimentan la desconfianza
- Hay importantes problemas en la conducción de las instituciones para la transición plena hacia el modelo acusatorio
- Hay problemas de organización de las instituciones y en los métodos de trabajo que emplean.
Los problemas que detectaron tienen que ver con la información que se recaba en las distintas áreas de la Procuraduría y que no se comparte para hacer un trabajo coordinado; también se ubicaron deficiencias en la formación de los recursos humanos “pues por más dinero que se ha invertido, no están capacitados y siguen trabajando con las mismas inercias del pasado”.
El tercer problema es el diseño institucional que ya se mencionaba líneas arriba, en el que hay una organización jerárquica compartimentalizada, que funciona a base de cotos, lo cual impide la planeación y la coordinación.
En su opinión, para hacer ese nuevo diseño se requieren cuatro reformas constitucionales:
- Al artículo 21 de la Constitución, que se refiere a la coordinación entre policías y agentes del Ministerio Público. “Una de las piezas que perdemos de vista es la policía. Necesitamos policías dignos, con carreras estables, con posibilidad de ascender y que piensen que se pueden jubilar después de hacer carrera. Y lo mismo para los agentes del MP. Y debemos definir la coordinación”.
- Al artículo 73, que tiene que ver con las facultades del Congreso para emitir un Código Penal Único. Una legislación nacional en esta materia busca homologar los tipos penales y las formas de sanción, con las especificidades que se requieran para cierto tipo de situaciones.
- Al artículo 102, que plantea el diseño de la Fiscalía General. El actual marco constitucional es insuficiente y deben hacerse los cambios que se han trabajado con las organizaciones de la sociedad civil, y que tienen que ver con contar con una institución más horizontal, que trabaje a partir de células de investigación, que sean flexibles para irse adaptando a la realidad del país. También se propone la creación de un área importante de Asuntos Internos que investigue posibles actos de corrupción de sus integrantes, y un Consejo Ciudadano para supervisar el trabajo institucional. Se requiere además que haya una primera instancia de contacto con la ciudadanía que la oriente y canalice.
- Al artículo 116, referido a los principios que deben observar las entidades federativas, para que el modelo institucional de las procuradurías se homologue no sólo en la forma de operar sino también en los años que el fiscal dura en el cargo, la existencia de un servicio profesional de carrera y la necesidad de que la capacitación sea permanente.
Una vez resuelto eso, se podría entrar al tema de quién y cómo debe elegirse al fiscal general. Y en su opinión debe ser alguien con dos características clave:
1. Alguien capaz de crear una nueva institución, que lleve a cabo el rediseño institucional
2. Y que al mismo tiempo procure justicia.
“Esto no es una tarea para un sexenio; llevará por lo menos 10 años, pero es urgente empezar a hacerlo. El gobierno actual no hizo la tarea”.
Reitera que no basta con elegir a una persona honorable e intachable ”porque el problema es de diseño institucional”.
AJ