Representantes de organismos internacionales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a autorizar recursos para que el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, operado por la Secretaria de Gobernación (Segob), garantice su funcionamiento hasta fines de año.
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El presupuesto solo está programado hasta septiembre, pero para octubre ya no habría recursos, por lo que poco más de 700 personas que están protegidas por el mecanismo se quedarían desguarecidas.
“Está muy bien tener un mecanismo, pero ese mecanismo debe tener más recursos y si ahora estamos ante la posibilidad de que caigan las medidas y los recursos anuales no se han proporcionado, son problemas que estamos señalando”, dijo Edison Lanza a medios de comunicación al concluir el evento Ampliando el Espacio Democrático: Perspectivas de Seguimiento a las Recomendaciones Internacionales sobre Libertad de Expresión.
De acuerdo con Lanza, México es el país con la crisis más grave de seguridad contra periodistas, con alrededor de 70 asesinados durante la actual administración y una veintena de desaparecidos. Además, este año se reportan ocho casos de homicidios relacionados con la profesión, o amenazas bajo un contexto electoral, por lo que consideró que el mecanismo va a tener que perdurar algunos años más.
“Hasta que se normalice la situación. Hay 700 periodistas y defensores en el mecanismo, eso dice la magnitud y como lo hizo Colombia, que invirtió durante 10, 15 años en el mecanismo, esto lleva recién tres o cuatro años con recursos serios, mínimos, hay que pensar en un horizonte que vaya más allá del actual y del próximo gobierno. Otro sexenio más de reforzar y mejorar los recursos para el mecanismo”, previó.
En el evento también participaron el Representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Jan Jarab, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas.
Jarab dijo que hay incertidumbre por el financiamiento del mecanismo y consideró absurdo tener que pedir de favor que se le asegure el financiamiento, que además ha sido presentado por la SRE como un logro en derechos humanos a una recomendación hecha por la ONU en 2010.
“Tenemos la incertidumbre si el mecanismo va a poder ofrecer protección después de septiembre de este año. No deberíamos pensar esta situación, de pedir por favor que se asegure el financiamiento a un mecanismo que el subsecretario presentó como uno de los tres logros en derechos humanos en el sexenio, después de las recomendaciones de las relatorías. Por favor, sería absurdo tener esta situación, según información que tenemos, como resultado de la omisión burocrática. La voluntad política debe entrar, asegurar la supervivencia del mecanismo, como se prometió, su fortalecimiento y hacer lo mismo con la Fiscalía especializada (de Libertad de Expresión) que debe ser fortalecida”, dijo Jarab.
En el mismo sentido se pronunció el relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Expresión, David Kaye, quien a través de una telellamada dijo estar “preocupado por la crisis de recursos”, y añadió que el mecanismo no se trata sólo de medidas de protección, sino también de sustento.
Por su parte Lucía Lagunes, integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo y directora de la Agencia Cimac, recordó que en 2017 y luego de los asesinatos de los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a fortalecer al mecanismo y que tendría los recursos necesarios, pero ya el año pasado tuvo problemas de financiamiento.
“En el Consejo estamos preocupados de que no se haya tomado alguna previsión para que no volviera a ocurrir”, lamentó.
Recordó que el mecanismo ha sido fundamental para salvar vidas de compañeros periodistas y debe seguir, por lo que pidió al gobierno su continuidad.
ams