CUERNAVACA.- La audiencia de formulación de imputación en contra del ex rector de la UAEM, Alejandro Vera, y su esposa, la doctora María Elena Ávila, a quienes acusan de cometer el delito de enriquecimiento ilícito, fue pospuesta este día en dos ocasiones.
El juez oral ordenó un primer receso poco antes del medio porque la Fiscalía Estatal Anticorrupción no entregó copia de la Carpeta de Investigación a los abogados de Vera y su esposa.
La Carpeta, integrada por dos cajas de documentos, fue entregada a la defensa durante la audiencia, y para darles tiempo a que conozcan su contenido el juez decretó el receso y el reinicio de la audiencia a las 19:00 horas-
“Habrá un receso y entonces el doctor y su señora esposa se van a retirar para retornar a las siete de la noche para la continuación de la audiencia
“No nos la habían entregado, no, no no, por eso nos estamos imponiendo de su contenido, correcto y el señor Juez decretó un receso hasta las siete de la noche”, expresó el abogado Sergio Parra.
Enriquecimiento ilícito
Alejandro Vera y su esposa tiene una suspensión provisional para evitar ser detenidos por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito. Por lo que no podrán ser detenidos cuando se presenten a comparecer ante el juez.
Vera dijo que el gobernador ha tratado de impedir que su proyecto de Universidad socialmente responsable prospere atacándolo de diversas maneras, una de ellas amenazando a sus hijas y a sus colaboradores cercanos para obligarlo a renunciar.
El rector señaló que el gobierno de Graco Ramírez le debe a la universidad casi mil millones de pesos, además de que ha retrasado la entrega de ministraciones estatales y federales.
La pareja agradeció a familiares, amigos y organizaciones civiles que los han apoyado y dijeron que ellos “están del lado de los buenos, del lado correcto”.
En noviembre, un juez de Morelos vinculó a proceso por el delito de peculado a Vera, y al extesorero de la universidad Eduardo Sotelo Nava, por haber utilizado recursos de la universidad para pagar un crédito contratado para aumentar la infraestructura educativa.
Esto, argumenta la Fiscalía Anticorrupción del estado, provocó una crisis financiera que ha traído dificultades para el pago de la nómina de los trabajadores y docentes.
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