#ReconstrucciónFallida

Contratos a amigos y familiares... así se fue el dinero de la reconstrucción por el Sismo 19S

Funcionarios de Miguel Ángel Mancera autorizaron obras millonarias para la reconstrucción en un claro conflicto de interés
Contratos a amigos y familiares... así se fue el dinero de la reconstrucción por el Sismo 19SCorrupción en los gastos del gobierno para los damnificados del 19S (Especial)

Esta es la primera entrega de tres sobre la corrupción en los gastos del gobierno para los damnificados del 19S.  La Silla Rota y HuffPost México realizaron una investigación en la que encontraron casos de posible tráfico de influencias, conflicto de interés, pagos a empresas "patito", y otras irregularidades.

HISTORIA 1

El Comisionado de Reconstrucción CDMX da contratos millonarios a empresa donde trabaja un familiar suyo

Como secretario de Obras y Servicios, y también como comisionado para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Edgar Tungüí Rodríguez autorizó contratos por 70 millones de pesos de los recursos asignados para la reconstrucción de la capital del país a una empresa en la que trabaja su familiar, Carlos Tungüí Rodríguez.

Documentos oficiales, en poder de La Silla Rota y HuffPost México, muestran la firma de Edgar Tungüí Rodríguez para la contratación de los servicios de "gerencia de proyectos" y "gestión administrativa" con la empresa Cal y Mayor y Asociado S.C. donde labora su familiar desde abril de 2017 como "Especialista Jr".

Los 70 millones de pesos autorizados a esta empresa para asesorías y labores administrativas representan más recursos que los 20 millones destinados para "servicios de atención a daños menores", los 17.1 millones de pesos para demolición de inmuebles y 9.1 millones de arrendamiento de puentes peatonales provisionales.

Por su parte, comunicación social de la SOBSE respondió a través de una nota informativa en la que aclaró sólo en  uno de los tres contratos firmados no había "relación familiar", ya que Edgar Tungüí Rodríguez ya no ocupaba la titularidad de la secretaría, si no en la Comisión para la Reconstrucción.

"Desde el momento de celebrar el contrato (SOBSE/DGA/DRMYSG/066-18) a la fecha, no existe relación familiar entre los trabajadores de Cal y Mayor y los firmantes del contrato", informó la SOBSE, sin embargo, ese documento se suscribió a petición de la Comisión para la Reconstrucción que encabeza Édgar Tungüí Rodríguez, y tiene su firma, pero la SOBSE es quien paga el citado contrato, como ocurre con las demás dependencias que transfieren el recurso.

"Este contrato tiene como soporte un plan de acción presentado por la Secretaría de Obras y Servicios a la Comisión de Reconstrucción el 21 de marzo (de 2018)...  está enmarcado en el convenio de colaboración entre Sobse y Comisión en el que se acordó coadyuvar para que la Comisión para la Reconstrucción pudiera realizar sus labores, ya  que carece de presupuesto y facultades para contratar dichos servicios al ser una dependencia creada tras la emergencia", indicó SOBSE.

La dependencia capitalina omitió hacer referencia a los contratos SOBSE/DGA/DRMYSG/1073-17 por 10 millones de pesos y el SOBSE/DGA/DRMYSG/028-18 por 15 millones, ambos con Cal y Mayor y Asociados S.C., los cuales fueron firmados por Edgar Tungüí Rodríguez cuando era titular de la SOBSE, pero en los tres contratos aparece la firma de este funcionario.

LA SILLA ROTA Y EL HUFFPOST MÉXICO confirmaron que Carlos Tungüí Rodríguez todavía labora en la empresa Cal y Mayor y Asociados S.C.; además, en el perfil público de la red social para profesionistas Linkedin se señala su cargo en esa empresa.

En entrevista telefónica, Edgar Tungüí Rodríguez reconoció el parentesco con Carlos Tungüí Rodríguez, y señaló que su familiar trabajaría en una empresa subcontratada por Cal y Mayor y Asociados S.C.

—Detectamos que en esta empresa trabaja un familiar de usted, Carlos Tungüí Rodríguez, ¿no representaría un conflicto de interés contratar a la empresa en la que labora un familiar de usted? 

—No, no trabaja ahí mi hermano, no tengo conocimiento que trabaje ahí mi hermano ni ninguno familiar más.

—Usted dice que no trabaja su hermano ahí.

—No.

—Hemos checado con fuentes que si se encuentra laborando, incluso estuvo trabajando en un proyecto de Banobras. 

—No, quizá pueda trabajar para una empresa subcontratada por Cal y Mayor, pero no en Cal y Mayor. 

—¿Entonces trabajaba en una empresa que trabajaba a Cal y Mayor?

—Eso es, una subcontratista.


Los contratos

Uno de los primeros contratos que la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), bajo la administración de Edgar Tungüí Rodríguez, firmó para atender la emergencia del sismo del 19 de septiembre de 2017 fue la "gestión administrativa, jurídica, financiera y de seguimiento de contratos" con la empresa Cal y Mayor y Asociado S.C.

El 7 de noviembre de 2017, Edgar Tungüí Rodríguez, titular de la SOBSE, y Esperanza Velásquez Botero, apoderada legal de Cal y Mayor y Asociados S.C., firmaron el contrato SOBSE/DGA/DRMYSG/1073-17 por 10 millones de pesos.

La vigencia de los servicios se fijó del 7 de noviembre al 31 de diciembre de 2017, y entre los servicios solicitados está la "imagen y video", que incluye "un video mensual que muestre los avances de los trabajos desarrollados en HD, con musicalización y edición de sonido, grafismo de información, exportación, render, masterización y procesos de copiado en soporte Blue Ray y DVD".

Esto, a pesar de que existe un  equipo de comunicación social de la SOBSE y el gobierno de la CDMX con esa capacidad técnica.

Entre los "entregables" que se le solicitaron a la empresa hay servicios que pudieron hacerse en distintas áreas de la SOBSE, como el "un reporte con el avance del cronograma general y las desviaciones del mismo", "una breve descripción mensual del estado que guarde el expediente del proyecto", "el avance financiero general por proyecto descrito, así como las gráficas de avances mensuales".

La imagen le preocupaba a la SOBSE; por lo que también solicitó "un plan de gestión de comunicaciones que describirá el mecanismo mediante el cual se realizará la gestión de la trazabilidad de la comunicación, la identificación de los involucrados y sus niveles de impacto en el proyecto, tanto positivo como negativo".

En la declaración II.5 del contrato se indicó que "los socios, los miembros de la administración, sus apoderados, representantes legales y el personal que labora al servicio de aquella (Cal y Mayor y Asociados S.C.), así como los cónyuges de todas ellas, no tienen lazos de consanguinidad ni afinidad hasta el cuarto grado, con persona alguna que labore en la Administración Pública de la Ciudad de México. Asimismo, declara que las personas antes mencionadas, tampoco tienen relaciones de carácter comercial con personal de EL GOBIERNO DE LA CDMX".

Sin embargo, si existía un lazo de consanguinidad entre un funcionario de la SOBSE y de Cal y Mayor y Asociados S.C., entre Edgar Tungüí Rodríguez, titular de la SOBSE, y Carlos Tungüí Rodríguez, Especialista Jr. en la empresa, ya que son familiares.

Edgar Tungüí Rodríguez llegó a la titularidad de la SOBSE el 16 de mayo de 2015, cuando el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, lo ratificó en el cargo, ya que desempeñaba como encargado de despacho.

Por su parte, Carlos Tungüí Rodríguez es ingeniero en Mecatrónica y trabaja en Cal y Mayor y Asociados S.C. desde abril de 2017. En la empresa laboró en el proyecto de servicios de revisión técnica consistentes en el apoyo al fiduciario para la verificación y monitoreo de los trabajos de modernización y mantenimiento mayor de tramos carreteros de la Red FONADIN de Banobras (contrato por 42.7 millones de pesos).

Un mes después del sismo del 19 de septiembre de 2017, por adjudicación directa la SOBSE contrató a tres empresas para apoyo, asesoría y gestiones: Ulua Consulting SC., Trafcom Grupo México S.A. de C.V., y Cal y Mayor y Asociados S.C.

La SOBSE pagó las facturas folios 3988 y 4028 por 5 millones de pesos cada una en diciembre de 2017 y enero de 2018 respectivamente.

Una de las últimas decisiones administrativas de Miguel Ángel Mancera como Jefe de Gobierno antes de buscar un escaño plurinominal en el Senado de la República, fue colocar a Edgar Tungüí Rodríguez en la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX.

Sin embargo, el 5 de marzo de 2018, un día antes de llegar a la Comisión de la Reconstrucción, Edgar Tungüí Rodríguez todavía como titular de SOBSE firmó un segundo contrato con Cal y Mayor y Asociados S.C., el cual tenía la misma declaración sobre los "lazos de consanguinidad ni afinidad hasta el cuarto grado".

El contrato SOBSE/DGA/DRMYSG/028-18 por 15 millones de pesos para la "prestación de servicios consistentes en la gestión administrativa, jurídica, financiera y de seguimiento de contratos" con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017.

En la cláusula quinta se indicó que la  sería del 2 de enero al 31 de marzo de 2018, es decir que el contrato se suscribió casi al finalizar la prestación del servicio.

Las especificaciones técnicas de la prestación del servicio son indénticas a las del contrato anterior.

Para el 2018 a la SOBSE se le autorizó un presupuesto de 887.3 millones de pesos para 12 planes de acción de reconstrucción en la capital del país.

Por tercera ocasión y por adjudicación directa la SOBSE contrató a Cal y Mayor y Asociados S.C., ahora bajo la titularidad de de Gerardo Báez Pineda, por influencia del Edgar Tungüí Rodríguez.

Se firmó el contrato SOBSE/DGA/DRMYSG/066-18 para la "gerencia administrativa de proyectos para el seguimiento y cumplimiento de la ley y el programa de la reconstrucción de la Ciudad de México con motivo del 19 S" el 22 de mayo de 2018.

"Que a petición de LA COMISIÓN (para la Reconstrucción) se requiere de la prestación de servicio consistente en la Gerencia Administrativa de proyectos para el seguimiento y cumplimiento de la ley de y el programa para la reconstrucción de la Ciudad de México y demás normativa aplicable a través de gestiones planificación, comunicación, asesorías técnicas, jurídicas, financieras y en general de coadyuvar en la realización de acciones necesarias para asegurar la ejecución del Programa con motivo del sismo del 19 de septiembre de 2017, lo anterior en coadyuvancia con la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente", dice una de las declaraciones del contrato.

Es decir, que se contrató a Cal y Mayor y Asociados S.C. a solicitud de la Comisión para la Reconstrucción que encabeza Edgar Tungüí Rodríguez.

Aunque la vigencia se acordó de 22 de mayo al 31 de diciembre de 2018, se estableció que tendría efectos retroactivo desde el 1 de abril de este año.

Con esta cláusula Cal y Mayor y Asociados S.C. dará servicio de "gerencia administrativa de proyectos" durante todo 2018 a la SOBSE y la Comisión para la Reconstrucción, y se le pagarán 60 millones de pesos, que sumados al contrato de 2017 la cifra llega a 70 millones de pesos.

La empresa en la que labora Carlos Tungüí habrá recibido más recursos que el financiamiento para la construcción de tres edificio caídos por el sismo: Galias No. 31 y 47 colonia Lomas Estrella con 34.5 millones de pesos y Canal de Miramontes No. 1868 colonia Campestre Churubusco con 17.8 millones de pesos.

Al respecto, el jefe de gobierno de la ciudad de México, José Ramón Amieva, atribuyó a "una homonimia" el posible conflicto de interés del ex secretario de Obras y Servicios y actual Comisionado para la Reconstrucción, Edgar Tungüí, de haber presuntamente entregado contratos a una empresa en la que labora su hermano Carlos.

En una carta del comisionado para la Reconstrucción, Edgar Tungüí, se lee: "señalar que el familiar de que hacen referencia no trabaja en dicha empresa, además de que sus aseveraciones no tienen sustento al tomar como base un perfil de trabajo en línea y no un documento legal que se validez a sus supuestos".

No obstante, La Silla Rota contactó en dos ocasiones al personal de la empresa, incluso cuenta con una grabación, en la que reconocen que Carlos Tungüí trabajaba en ese lugar.

Fuentes cercanas reconocieron el parentesco entre ambas personas y La Silla Rota cuenta con fotografías que muestran la relación de convivencia familiar.



HISTORIA 2

El gobierno de CDMX adjudicó directamente más de 280 mdp a amigo del comisionado para la Reconstrucción

La devastación que causó el terremoto del año pasado resultó un negociazo que rozó los 300 millones de pesos para un amigo cercano del titular de la Comisión para la Reconstrucción en la CDMX, Édgar Tungüí, a costa de las personas que viven en los reclusorios.

Días después del terremoto del 19 de septiembre, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, la institución encargada de las prisiones de la ciudad, informó que cuatro cárceles habían sufrido daños estructurales: la Penitenciaría del Distrito Federal, el Reclusorio Varonil Oriente, la cárcel femenil de Tepepan y una comunidad para adolescentes.

Para reparar los daños, la Comisión para la Reconstrucción otorgó a dicha subsecretaría una bolsa de 387,3 millones de pesos. Es decir, más del doble de lo que costó remodelar el Zócalo capitalino.

De ese dinero, la partida más jugosa se destinó a reparar la Penitenciaría del Distrito Federal: 275,9 millones de pesos, según el contrato SG/SSSP/DEA/ADOP-001/2018, para hacer "estudios de mecánica de suelos y geotécnicos, proyectos ejecutivos y estructurales", así como la rehabilitación de cuatro dormitorios, los edificios de oficinas administrativas, talleres, cinturón de seguridad, garitones, kilómetro de dormitorios y una reja.

Debido al elevado monto, la Ley de Obras Públicas de la CDMX obliga a que el contrato se licite, es decir, se ponga a concurso y que las autoridades elijan a la empresa que ofrece el mejor precio con mayor calidad; pese a ello, los 275,9 millones se entregaron de manera directa a Procesos de Ingeniería Aplicada S.A. de C.V., una empresa cuya dirección en el contrato lleva a una casa precaria en la colonia Santa Martha Acatitla, delegación Iztapalapa.

Cuestionado al respecto, el subdirector de Conservación de la Subsecretaría, Juan Pedro Quezada, argumentó que la ley les permite dar un contrato tan costoso de manera directa cuando, "por motivos de seguridad", haya una urgencia por iniciar la obra tan pronto sea posible. Pero el argumento de la prisa se desbarata cuando se lee la página 32 del informe público de agosto de 2018 sobre los avances de la Comisión de Reconstrucción: a casi un año del terremoto, la obra tiene un avance de 3.7 por ciento.

En una carta informativa, la Comisión de Reconstrucción precisó que no tiene facultades para asignar contratos. Es decir, la responsabilidad es del Sistema Penitenciario.

Procesos de Ingeniería Aplicada S.A. de C.V. es una de las varias empresas constructoras que posee el empresario José Antonio Velasco Jiménez, conocido en la industria de la construcción por repartir "moches" a funcionarios a cambio de obras y de regalar desde viajes de lujo hasta relojes finos a sus amigos servidores públicos para obtener los contratos.

Un empresario constructor que ha perdido varios contratos por esos sobornos —quien pidió el anonimato para no arriesgar su negocio en otros estados de la República— contó al HuffPost México que es un secreto a voces en la industria que Velasco Jiménez es amigo "cercanísimo" de Édgar Tungüí, titular de la Comisión para la Reconstrucción, y que, incluso, Velasco le hizo mejoras "gratis" a su casa cuando era secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad de México.

Esta afirmación no pudo ser comprobada independientemente por este medio, pero coincide con los hallazgos del reportero Raúl Monge de la revista Proceso, quien este mes publicó que Velasco Jiménez asumió el costo de la remodelación de casas de un grupo de funcionarios cercanos a Miguel Ángel Mancera, entre ellos Édgar Tungüí.

"Además, (Velasco Jiménez) le hizo llegar a Mancera finos relojes a través de su secretario particular, Luis Ernesto Serna Chávez", se lee también en el reportaje titulado "Velasco Jiménez, el ´Ahumada´ de Mancera".

Pero a Velasco Jiménez no le bastó un solo contrato: para que pudiera meter doble mano en el dinero de la reconstrucción, se le otorgó un segundo contrato, también en adjudicación directa. Para evitar ser descubierto, Velasco Jiménez utilizó otra empresa suya, pero de distinto nombre: Construcción Mantenimiento y Asesoría de Obras DUMA S.A. de C.V. con la que ganó otros 8,5 millones de pesos. 

El segundo contrato, el SG/SSSP/DEA/AD/SROP-003/2018, se le dio para la "supervisión técnica administrativa" del proyecto... de la reconstrucción de la Penitenciaría. Es decir, el gobierno lo contrató para construir y, al mismo tiempo, para calificarse a sí mismo desde otra empresa suya.

En total, el empresario acusado de dar "moches", y que es amigo del titular de la Comisión de Reconstrucción, se ganó 284,4 millones de pesos en contratos sin concurso, sólo con el negociazo de la cárcel. Y el terremoto fue el pretexto perfecto.

HISTORIA 3

El presupuesto para la reconstrucción en los negocios del llamado 'Cártel Inmobiliario'  

La  noche del 31 de diciembre de 2017, a unas horas de que acabara el año, los damnificados del Multifamiliar Tlalpan —destruido por el sismo del 19S— compartieron un vaso de sidra y tomaron una uva en sus manos. "Por la reconstrucción para todos y todas las damnificadas", dijo en voz alta una de las víctimas de la tragedia. Todos tenían más de tres meses sin un techo bajo el cual dormir, y vivían aglutinados en un campamento improvisado junto a las ruinas. No habían recibido del gobierno local ni un peso para hacer la vida más llevadera tras quedarse sin casa.

Ese mismo día, con recursos destinados a la emergencia del sismo, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) destinaba 16.3 mdp para contener un talud dañado el 19S, sobre el cual se construyó el fraccionamiento de lujo en Vista del Campo, en Santa Fe.

Cabe resaltar que este conjunto residencial fue vendido, en su momento, por la empresa BAITA, de la que el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera fue representante legal. Además, los accionistas de la compañía eran funcionarios del gobierno capitalino: Simón Neumann y Fausto Galván. El primero fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y asesor del jefe de gobierno, mientras que Galván era encargado de Aprovechamiento Territorial de la Secretaría de Economía.

Los tres funcionarios ligados al llamado "Cártel Inmobiliario" de la CDMX, un grupo de empresarios que desde posiciones en el poder han construido violando normas en los últimos años.  

A esos 16.3 mdp, se le pueden sumar otros 82 mdp de recursos públicos destinados por el gobierno de la CDMX en menos de tres años para reparar el terreno, después de dos deslaves registrados en octubre de 2015, ocurridos, por cierto, debido a una negligencia.

En 2015, las autoridades capitalinas atribuyeron el deslave a una filtración de agua de una casa irregular en el terreno que no fue nunca clausurada, y que no pertenecía a Vista del Campo. La investigación del caso, entonces, estuvo a cargo del gobierno de la CDMX, a pesar del posible conflicto de interés. 

La constructora Mexicana de Presfuerzo S.A. de C.V. responsable de la tercera y última fase de reparación del talud en Vista del Campo, fue la misma que recibió el contrato para reparar el talud que se dañó en 2017 por el sismo.

En entrevista con LA SILLA ROTA y HUFFPOST MEXICO, el comisionado para la Reconstrucción y ex titular de la SOBSE, Edgar Tungüí Rodríguez, aseguró que desconocía que los edificios de Vista del Campo hayan sido construidos por la empresa BAITA, de Simón Neumann, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y en la que laboró el ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera. "La verdad desconozco quien haya elevado estas torres, quienes son los dueños y quienes trabajan ahí, en verdad lo desconozco", dijo.

El conjunto Vista del Campo fue construido sobre un talud de tierra que funcionó como banco de arena hasta el año 2003.

En una nota informativa, la SOBSE reconoció que se utilizaron recursos públicos emergentes —antes de la creación de la Comisión de Reconstrucción, para atender los "daños ocasionados después de los movimientos telúricos que ocurrieron en lado norponiente y nororiente, zonas distintas al área que se atendió entre 2015 y 2017".

"Los recursos fueron aprobados por la Secretaría de Finanzas, entidad que asignó como fondo y fuente de financiamiento al Fondo de Atención a los Desastres Naturales (FONADEN) en la Ciudad de México, por tratarse de una emergencia derivada del sismo. Cabe precisar que no se utilizaron recursos del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX, mismo que aún no existía en ese entonces". 

La activista urbana, Susana Kanahuati,­­­ consideró que el gobierno capitalino utilizó indebidamente recursos públicos y también el dinero de la atención a la emergencia por el sismo para atender los daños generados por la instalación de una antena telefónica que ellos mismos autorizaron y que debilitó el talud.

"Tuvieron que usar recursos de la emergencia, una muestra más de que los recursos públicos son mal utilizados, mientras hay damnificados que a casi un año del sismo no han visto ningún apoyo", señaló.

BAITA vendió cinco torres con departamentos de lujo, de 280 a 412 m2 en Vista del Campo, según la edición 9, año 2005 de la publicación "Guía d' Inmuebles".

"Un conjunto de 76 lujosos departamentos diseñados con un concepto arquitectónico único en su estilo, en el que se puede gozar de privacidad y comodidad debido a su cuidadoso y estratégico plan de construcción", se lee en la publicidad de BAITA en la revista impresa.

¿Cómo se destinaron los millones provenientes  de recursos públicos?

El 10 de diciembre de 2015, César Alejandro Guerrero Puente, director general de Obras de SOBSE, y Mario Trigo Lara, apoderado legal de la empresa TGC Geotenia S.A. de C.V. firmaron el contrato DGOP-AD-L-1-059-15 por los "trabajos de mitigación emergentes". 

La contratación fue por adjudicación directa, y la vigencia fue del 11 al 31 de diciembre de 2015; se le pagaron 5 millones 999 mil 932 pesos con 12 centavos.

Las obras no regresaron totalmente la seguridad al fraccionamiento, por lo que la SOBSE suscribió el 22 de agosto de 2016 el contrato DGOP-AD-L-1-009-16 nuevamente con TGC Geotenia S.A. de C.V. por "trabajos de mitigación". El monto casi se duplica:  se le pagaron a la empresa 10 millones 999 mil 451 pesos con 73 centavos. La vigencia del contrato se pactó del 23 de agosto al 26 de noviembre de 2016.

Por los dos contratos TGC Geotenia S.A. de C.V. recibió 16 millones 999 mil 383 pesos con 85 centavos, sin embargo, el riesgo no disminuyó en Vista del Campo.

La SOBSE firmó un tercer contrato, el DGOP-AD-L-2-006-17 ahora con Mexicana de Presfuerzo S.A. de C.V. por la "tercera etapa de los trabajos de mitigación emergente".

El documento lo firmaron César Alejandro Guerrero, director general de Obras de SOBSE, y Juan Cuatecontzi Rodríguez, apoderado legal y director comercial de la empresa; el plazo de ejecución era del 29 de mayo al 9 de septiembre de 2017. A la empresa se le pagaron 55 millones 825 mil 997 pesos.

Diez días después de la conclusión de los trabajos, las obras de mitigación no resistieron el sismo del 19 de septiembre de 2017 y se registró un nuevo deslave.

El 31 de diciembre, la secretaría de obras suscribió el contrato DGOP-AD-L-2-E06-17 nuevamente con Mexicana de Presfuerzo S.A. de C.V. por 16.3 millones por "trabajos de mitigación emergentes a consecuencia de los sismos del mes de septiembre, del talud torres 3 y 4 ubicado en el fraccionamiento Vista del Campo". Este dinero fue parte de los recursos de la reconstrucción y recuperación de la Ciudad de México.

La inversión y la celeridad de la SOBSE contrastan con la falta de recursos y la lentitud para atender las grietas en el suelo en la Delegación Xochimilco por el sismo del 19 de septiembre de 2017, por ejemplo. 

"Para una obra en Santa Fe sí tuvieron dinero y lo pagaron luego luego, y aquí siguen sin atender el problema de las grietas" señaló la señora Lidia, vecina de Nativitas en Xochimilco.

"Una vez más primero los ricos, y los pobres que se jodan, que se aguanten", aseguró la señora Lidia, y agregó "a nosotros nos dan largas y largas, y allá le hicieron los trabajos un mes después".

Con ella coincidió Aline, vecina de la colonia Nopalera en Tláhuac, "dijeron que iban a apoyar y ya tiene casi un año y no hemos recibido nada".

fmma

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