CANCÚN, Quintana Roo (La Silla Rota).- En Quintana Roo al menos 10 millones de pesos en multas ha cobrado la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), a empresarios y ciudadanos que incurrieron en delitos que afectaron al medio ambiente, entre ellos, cortes al mangle y actividades en la zona marítimo federal.
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En 2017 la Procuraduría atendió 30 denuncias por delitos contra el medio ambiente y todos se trataron de delitos de orden federal por tratarse de la zona marítimo federal y el manglar que derivaron en sanciones por arriba de los 10 millones y todas fueron canalizadas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), explicó el titular de la PPA, Miguel Ángel Nada Novelo.
En el primer semestre de 2018 la PPA tiene registro de 20 denuncias ambientales, una cantidad mayor que en el mismo período pero de 2017, la mayoría de los casos son por delitos federales principalmente en los sistemas costeros y zona federal marítima.
Los municipios de la zona norte del estado, entre ellos, Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, mientras que en el sur de la entidad el municipio de Bacalar ha repuntado con delitos que afectan al medio ambiente.
La PPA agregó que los delitos ambientales en las ciudades o destinos turísticos ocurren principalmente por la creación de nuevos desarrollos, afectan a la fauna y flora natural que se encontraba en la zona, además de las afectaciones por hacer cambios de uso de suelo sin el permiso de la autoridad y el manejo de residuos de construcción. Durante 2017 la PPA realizó 165 inspecciones a desarrollos empresariales en el estado, mientras que en el primer semestre de 2018 han realizado más de 100 revisiones a construcciones o desarrollos.
“Los desarrollos en mancha urbana son competencia del estado, nosotros lo que verificamos es que cuenten con sus autorizaciones, cuenten con sus licencias de construcción, uso de suelo compatible con los municipios”, dijo el Procurador.
El procedimiento de inspección se realiza en un par de días y la denuncia ambiental se resuelve hasta en 20 días y en casos más graves o delicados hasta en cinco meses máximo, de acuerdo a cada caso, los empresarios o ciudadanos reciben multas que van desde 500 hasta 50 mil Unidades de Medida Actualizada (UMA), equivalente a cuatro millones 30 mil pesos máximo.
El titular de la PPA sostuvo que las denuncias en redes sociales sobre delitos ambientales sirven a las autoridades para dar seguimiento y revisar la autenticidad de las denuncias, sin embargo, no cuentan como una denuncia oficial, por lo que es necesario que la población lo haga a través de canales oficiales.
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