La figura del fuero desaparecerá, si logra superar el proceso legislativo, y será sustituida por una inmunidad, explicó el diputado de Morena, Pablo Gómez, quien presentará esta primera iniciativa en la sesión inaugural de este martes en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
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En entrevista en Radio Fórmula, Gómez manifestó que la iniciativa plantea que dicha inmunidad permite que a los servidores públicos se les siga el proceso por cualquier delito mientras se mantienen en sus puestos.
En caso de ser sentenciados, entonces sí se les retira la inmunidad, el cargo y son puestos a disposición de la autoridad competente, detalló el legislador federal.
En el caso de que el sentenciado sea el Presidente de la República, el Congreso de la Unión deberá decidir si le quita la inmunidad y lo cesa de sus funciones, detalló.
“Nosotros no llegamos al Congreso para obtener privilegios, sino para terminar con ellos y nosotros debemos estar en igualdad de condiciones”, afirmó.
Destacó que dentro de la iniciativa se hace una clara diferencia entre fuero e inmunidad, así como los procedimientos para los juicios en los que pudieran estar involucrados legisladores, gobernadores e incluso el Presidente, pues se busca modificar el artículo 108 constitucional para que pueda ser juzgado por cualquier delito.
Se “pretende la eliminación del fuero, pero no de la inmunidad, debido a que ésta es condición del normal y libre funcionamiento de los poderes públicos. Se propone que los servidores públicos que ahora están aforados puedan ser sujetos de procedimiento penal en libertad. Cuando el juez dicte sentencia condenatoria, ese mismo juez notificará a la Cámara de Diputados del Congreso que el servidor público ha perdido su inmunidad y el cargo que desempeñó”, precisó.
Otros cargos que también perderán el fuero son: el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, diputados locales, magistrados de tribunales superiores de justicia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Fiscal General de la República, y los consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
También comentó que se contempla una modificación en el artículo 61 Constitucional busca agregar un candado para evitar que los diputados y senadores sean juzgados por las opiniones que manifiesten y difundan durante sus cargos.
lrc