PUEBLA (La Silla Rota).- A Ángela le gustan las gomitas, los plátanos y las papas. A sus cuatro años, le gusta cantar “Mariposita está en la cocina…” con su tía Sam. Sin embargo, ahora no saben si ella sigue entonando melodías, porque su padre Carlo Galli se la llevó de Puebla y no ha dejado que su mamá la vea desde el 25 de agosto.
Angy debería estar asistiendo a sus clases de preescolar como el resto de los niños de su edad, pero en lugar de eso, está oculta en algún lugar, porque su padre que es dueño de un bar famoso en el Corredor Guadalupano, se niega a que la niña regrese a Puebla bajo el pretexto que debe tomar un periodo de vacaciones.
Rebeca, la madre de Angy, teme que el plazo que ha solicitado Carlo por la vía jurídica sea un pretexto para sacar a su hija del país, si logra comprar a las autoridades de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Incluso, le advirtió que la niña ya no quiere regresar con ella.
La Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) indica que la sustracción de menores por parte de un familiar que no tiene la custodia legal es un delito constitucional, por poner en riesgo el sano desarrollo de los menores.
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LA HISTORIA DEL DELITO
La familia de la pequeña Angy narró que el pasado 26 de enero, el Juez Primero de lo Civil Guillermo Ramos Pérez otorgó de manera provisional el derecho de convivencia a Carlo Galli y por ende, estipuló que los días 25, 26 y 27 de agosto del año en curso conviviría con Angy.
Sin embargo, el propio acuerdo marcaba que la niña tenía que ser devuelta a su madre, quien pasó a recogerla a su escuela y se percató que el italiano no la había llevado.
Me informan que no se presentó a clases e inmediatamente llamé a Carlo Galli, pero no contestó las llamadas y sólo mandó un mensaje diciéndome que hablara con mi abogado”, recordó.
“El lunes de la semana pasada me informó que mi hija estaba en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde vive Galli.
“El padre de mi hija la sustrajo sin notificarme, sin autorización judicial y sin mi consentimiento.
“Mis abogadas me informaron que el señor Carlo Galli solicitó ante el juez Primero de lo Civil, Guillermo Ramos Pérez, 15 días de vacaciones con mi menor hija, porque según su idea se encuentra en periodo de vacacional, lo cual es falso, debido a que asiste a clases desde el 20 de agosto de este año.
“El 28 de agosto me trasladé de la ciudad de Puebla a San Cristóbal de Las Casas para buscar a mi hija. Y, el 29 de agosto contesté en tiempo y forma la solicitud de vacaciones.
“Manifesté que mi hija ya está en periodo escolar, y por lo tanto no es posible que tenga dichas vacaciones con su papá. Contesté también al juez que me negaba a la audiencia de mi menor hija, toda vez que yo tengo la guardia y custodia y no he solicitado tal audiencia. De igual forma solicité al juez Guillermo Ramos que me entregara a mi menor hija en el juzgado.
“El pasado 30 de agosto me presenté en el juzgado para recoger a mi hija, como se lo había solicitado al juez primero de lo Civil, Guillermo Ramos, el cual, sin considerar mi respuesta negativa sobre el periodo vacacional, pasó por alto que los derechos de Angy están siendo violados, porque está perdiendo clases.
“En audiencia privada con el juez le mencioné el desacato judicial en el que incurrió el señor Carlo Galli al tener a mi menor hija en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, pero pese a mis alegatos, el juez entregó a Carlo Galli a mi menor hija”.
Hasta ese momento no he podido tener comunicación y por el tiempo que había convivido con su papá, puede ser víctima de Síndrome de Alienación Parental”, expuso con preocupación Rebeca.
Agregó que otra de las inconsistencias es que la audiencia se realizó de manera exprés, iniciando a las 9:00 am y sin registrar hora de término. Y las actuaciones, que llegan a tardar hasta 24 horas, las hicieron de manera inmediata.
Tras las irregularidades y abusos en el proceso, la ministerio público Sandra Elena Espinosa Chanona entregó a mi hija a amigos de su padre, quienes la trasladaron –por sugerencia de su abogado Feliciano Hernández López- a un “lugar seguro” y donde no la encontrara.
Al final, el juez Guillermo Ramos concedió al Carlo Galli la convivencia extendida con Angy hasta el 9 de septiembre, para atender lo que la menor le pidió.
El juez viola mi derecho a la seguridad jurídica y debido proceso como madre, ya que mis alegatos no fueron escuchados ni se tomaron en cuenta, a pesar de que ingresaron en tiempo y forma antes de la audiencia”, afirmó la madre de Angy.
El caso también fue presentado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos bajo el número CEDH 961/2018.
mlmt