Además de dejar fuera las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil para lograr un nuevo modelo de publicidad gubernamental, la minuta que ahora está en comisiones del Senado omitió los planteamientos de ocho iniciativas que supuestamente le dieron origen.
De acuerdo con el dictamen que en la Cámara de Diputados ya fue avalado y actualmente está bajo observación del Senado, el proyecto para expedirla está basado en ocho iniciativas presentadas por todos los grupos parlamentarios; sin embargo, no incluye las propuestas más trascendentales que garantizarían transparencia e imparcialidad en la asignación de contratos, la creación de organismos autónomos encargados de dichas contrataciones, así como de figuras que vigilarían y auditarían los recursos públicos destinados a gastos de Comunicación Social.
Una revisión de La Silla Rota a los ocho proyectos suscritos por PRI, PAN, Morena, PRD, PVEM, MC, Panal y uno más enviado por el Congreso de Jalisco, permite identificar cuáles fueron los temas que con los votos mayoritarios del bloque encabezado por el Revolucionario Institucional (PRI) no fueron contemplados en un dictamen que hoy se encuentra bajo la crítica de ONG y partidos opositores.
CREACIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS; DESCENTRALIZAR PODER DE LA SEGOB
Uno de los temas que se planteó en tres de las ocho iniciativas sobre publicidad gubernamental, tiene que ver con la creación de un órgano autónomo encargado del Padrón Nacional de Medios y de la asignación de contratos, tarea que ha estado siempre a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Por ejemplo, en la iniciativa de la diputada Xóchitl Hernández Colín (Morena), presentada el 27 de septiembre de 2017, se sugirió la creación de un Consejo Observador de la Equidad y la Transparencia de la Publicidad Oficial, el cual estaría integrado por periodistas, académicos, editores y representantes de organismos civiles dedicados al estudio de los medios de comunicación.
En otro iniciativa suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez (MC), se promovió la creación del Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Oficial, como un órgano autónomo que tendría por objeto la regulación y supervisión de los contenidos en materia de publicidad oficial, así como de las erogaciones derivadas de los servicios de publicidad y Comunicación Social.
Mientras que Clemente Castañeda Hoeflich -también de Movimiento Ciudadano- habría sugerido en noviembre de 2017 constituir un Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental, integrado por cinco comisionados que estarían a cargo de emitir los lineamientos generales en materia de gasto, contenido y características de la publicidad gubernamental; vigilar el destino de los recursos asignados para servicios de comunicación social y publicidad; garantizar la máxima transparencia sobre las erogaciones generadas por estos servicios, y promover sanciones por el mal uso de la publicidad gubernamental o de los recursos públicos destinados a ella.
ESTABLECER TOPES DE GASTO
En la misma iniciativa de Clemente Castañeda se abordó además un tema que no está incluido en la minuta que el jueves turnó el Senado a comisiones, y tiene que ver con establecer montos máximos de gasto sobre publicidad gubernamental, pues se llega a gastar en este concepto hasta 70% de lo que avala el Congreso.
En un artículo 21 que no fue contemplado, se estipulaba que el gasto anual en publicidad gubernamental no debería exceder del cero punto quince por ciento (0.15%) el gasto corriente aprobado en los presupuestos para el Ejercicio Fiscal correspondiente a cada ejecutor de gasto de la Administración Pública federal, de los Poderes Legislativo y Judicial y de los órganos constitucionales autónomos federales.
Asimismo se propuso que el monto máximo y restricción para los gobiernos, poderes públicos, órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas y sus municipios, no podrá exceder el cero punto quince por ciento (0.15%) de su respectivo gasto corriente del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal correspondiente.
EVITAR CONFLICTOS DE INTERÉS
Adicionalmente, un tópico que tampoco fue considerado en la redacción del proyecto final para expedir la Ley de Comunicación Social (o publicidad gubernamental), y que sí estuvo inscrito en la iniciativa que presentó Movimiento Ciudadano, tenía que ver con establecer criterios para evitar posibles conflictos de interés.
En el texto de la iniciativa con fecha del 16 de noviembre de 2017 se proponía que “quedaría estrictamente prohibida la contratación de servicios de comunicación social o publicidad gubernamental a medios de comunicación, cuyos titulares o accionistas principales hayan sido funcionarios públicos o candidatos a cargos de elección popular durante los tres años anteriores a dicha contratación”.
CREAR LA FIGURA DE UN AUDITOR ESPECIAL
Otra iniciativa presentada por el diputado Jorge Triana Tena (PAN) que data del 21 de marzo de 2018, sugería la creación de un auditor especial para la fiscalización de los recursos públicos ejercidos por conceptos de comunicación social.
En el artículo 15 del proyecto, que al igual que los anteriores no fue considerado, establecía que “la Auditoría Superior de la Federación contará con un Auditor Especial al frente de la Unidad Especializada en materia de Propaganda Gubernamental y será competente para auditar tanto el ejercicio programático presupuestal, como financiero, de legalidad y de desempeño, del ejercicio de los apartados de propaganda gubernamental, informando anualmente de manera pública respecto de los sujetos obligados y servidores públicos que hayan vulnerado los principios rectores de esta materia”.
Sobre una profunda auditoria a los gastos de publicidad gubernamental también se refirieron otros proyectos, como el de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del PRD.
MEDIOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
Finalmente, un tema que se dejó fuera de lo aprobado en la Cámara de Diputados es el relativo a hacer de los medios de comunicación, sujetos obligados en materia de transparencia sobre los recursos públicos recibidos por servicios de difusión de contenidos publicitarios, de carácter gubernamental.
Este punto, además de ser una exigencia de la sociedad civil, ya había sido planteado por la diputada Mirna Saldívar Paz, quien sugirió en su iniciativa que “son sujetos obligados a la observancia y cumplimiento de esta Ley (entre otros) las personas físicas y morales que, bajo cualquier concepto y modalidad, difundan, transmitan, divulguen y publiquen materiales de comunicación social y propaganda gubernamental".
AJ