La lista muestra un total de 31 clérigos, ninguno en el sacerdocio activo. Dieciocho han sido arrestados en el pasado y 13 no lo fueron nunca. Diecisiete ya han fallecido. Todos ellos han sido “verazmente acusados” de abusar sexualmente de menores durante décadas, entre 1948 y 1996.
Apenas hace cuatro días el papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de Washington, el cardenal Donald Wuerl, de 77 años, acusado de encubrir un escándalo de abusos masivos a menores.
La lista de los 31 sacerdotes está incluida en una carta, dirigida al clero, que destaca que “no ha habido ningún incidente de abuso de un menor por un sacerdote de la arquidiócesis en casi dos décadas”, pero pide “un necesario paso adelante hacia la transparencia total y la rendición de cuentas en el proceso de curar las heridas”.
De los curas no arrestados, cinco figuraban en bases de datos de acceso público de sacerdotes acusados. Seis de los nombres no habían sido publicados con anterioridad.
Lo que no especifica la carta es de cuántos menores se abusó, ni si todos los casos fueron remitidos a las autoridades civiles.
Una investigación de un jurado de Pensilvania, documentada en un informe de 900 páginas fechado el pasado 27 de julio, detalló los delitos de más de 300 “curas depredadores”, muchos de los cuales estaban bajo la supervisión de Wuerl.
En el informe se acusaba al arzobispo de Washington de haber movido a los sacerdotes abusadores de una parroquia a otra, sin informar a las autoridades locales. El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, calificó la conducta de Wuerl de “absolutamente aborrecible”.
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En junio, el predecesor de Wuerl, Theodore McCarrick, también renunció, en este caso después de haber sido objeto él mismo de acusaciones de abusos.
Asimismo, salió a la luz que dos diócesis de Nueva Jersey llegaron a acuerdos económicos con sacerdotes que acusaron a McCarrick de haber abusado de ellos en el seminario. El nombre de McCarrick no figura en la lista, porque los supuestos abusos habrían ocurrido fuera de la diócesis de Washington.
El informe de abusos del jurado de Pensilvania, según publica The Washington Post, dio pie a 1,272 llamadas a una línea telefónica para informar sobre abusos de curas. La misma línea había recibido 300 denuncias en los dos años anteriores.
Al menos seis estados han anunciado que impulsarán pesquisas a diócesis locales y la conferencia episcopal estadounidense ha admitido que hay que facilitar las denuncias de presuntas víctimas y la imposición de castigos a los clérigos.
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