Raúl Arroyo González, quien se desempeñaba como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJEH) rindió protesta como procurador del estado, tras ser elegido por el Congreso local mediante una votación en la que tuvo el respaldo de 21 de 30 legisladores –con mayoría del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– y seis abstenciones.
El nuevo fiscal sustituye a Javier Ramiro Lara Salinas, quien presentó su renuncia irrevocable, por motivos personales, el 10 de julio al Poder Legislativo, y quien, en su periodo, que inició el 3 de septiembre de 2016, tuvo a su cargo los casos de tres multihomicidios y cuatro asesinatos de personajes con pasado o actividad política vigente, aún sin ser esclarecidos.
Absuelven a entrenador del Club Pachuca acusado de abuso sexual
Arroyo González fue elegido por la Primera Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Justicia –que sometió la propuesta al pleno– de una lista de cinco que envió el gobernador Omar Fayad, en la que se encontraban su actual secretario de Desarrollo Agropecuario, Carlos Muñiz Rodríguez, y José Arturo Sosa Echeverría, cuya dimisión como titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales fue informada al Legislativo en la sesión del 12 de julio, misma en la que se presentaron las propuestas para procurador.
El director General de Normatividad de la Unidad de Planeación y Prospectiva, Juan Alejandro García Godínez, así como la abogada Lidia Noguez Torres, también estaban incluidos, por lo cual integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil pidieron la creación de una fiscalía especial independiente que garantice separación del Poder Ejecutivo a la próxima Legislatura, que no tendrá mayoría priista.
El 3 de mayo, como magistrado, Arroyo González propuso revocar la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento que condenaba por abuso sexual a un exentrenador de categorías infantiles de la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte, propiedad del Club Pachuca, al argumentar que el menor de seis años, cuyos testimonios se encentran en la carpeta de investigación 1-2016-1246, fue aleccionado para declarar contra el presunto agresor.
Entrevistado después de rendir protesta, el procurador dijo que se debe analizar con objetividad qué funciona y qué se debe corregir en la dependencia, pero acotó que no emitiría juicios que descalifiquen el trabajo actual en este momento.
“El sistema de justicia es una triada en la que están las policías, los agentes del ministerio público y el poder judicial, si una de estas aristas falla, el sistema no funciona”, añadió, al tiempo que afirmó que se encargará de que el MP verdaderamente cumpla con su función, después de hacer un diagnóstico y proponer una reingeniería.
Raúl Arroyo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), institución en la que ocupó el cargo de director del Instituto de Ciencias Sociales de 1992 a 1998.
En su libro Política y Gobierno de Hidalgo, el historiador Arturo Herrera Cabañas lo ubicó como parte –en la década de 1980– del denominado Grupo Universidad, que logró el control de la Autónoma a través de Gerardo Sosa Castelán.
En septiembre de 2009, el Legislativo lo eligió presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos para un periodo que concluyó en 2013.
Por el encargo actual, que durará hasta 2023, tendrá la investigación de los multihomicidios en Tizayuca, en los que el anterior fiscal afirmó que los ejecutados pertenecían a grupos de narcomenudistas y que el móvil fue “ajuste de cuentas”, versión que, en un caso, refutaron allegados a dos jóvenes asesinados, quienes acusaron a la administración actual de criminalizarlos.
También, el asesinato de cinco personas en un domicilio en la localidad de El Damhú, en Tula, el 4 de enero de 2018, entre ellos dos niños, que sigue sin esclarecerse, así como los del exalcalde de Mixquiahuala Miguel Ángel Licona y de su hijo, cuyos cuerpos fueron localizados en un domicilio ubicado en la calle Leona Vicario, en la Colonia Centro de Mixquiahuala, el 3 de enero, además del de Hermilo Bravo Leal, expresidente de Nopala de Villagrán, baleado afuera de su casa el 29 de octubre de 2017.
Asimismo, Alejandro González Ramos, presidente de Pacula, fue ejecutado el 3 de mayo por una persona que le disparó en comunidad de Jiliapa, después de que fingiera un accidente en motocicleta y el edil bajara de su vehículo para auxiliarlo.
mvf